Misiones
“Los principios democráticos deben estar en el aula y en las redes”: el CGE tras la suspensión a Buckmayer
La directora del Consejo General de Educación de Misiones (CGE), Daniela López confirmó que desde la Dirección de Asuntos Legales se dispuso la suspensión preventiva de Patricia Buckmayer, tanto en su cargo docente como vicedirectora de la Escuela 661.
La a su vez concejal electa por La Libertad Avanza en Montecarlo, desató una fuerte polémica y repudio por publicar en sus redes sociales una imagen de un Ford Falcon verde -símbolo del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar- con una frase que aludía a “un baúl mejorado apto para acarrear zurditos llorando”. Tal posteó llevó a una declaración unánime de repudio de parte del Concejo Deliberante de Montecarlo.
La iniciativa del repudio fue impulsada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Montecarlo, junto a víctimas y familiares de la última dictadura. Además, se aguarda el ingreso de una denuncia penal por considerar que habría incurrido en el delito de apología del delito.
La directora general del CGE Daniela López repasó los pasos realizados y los trámites administrativos que se realizarán.
Indicó que el lunes 28, tras tomar conocimiento de lo publicado por la docente el día domingo 27, intervino la Dirección de Asuntos Legales que elaboró un dictamen. “Como establece el Estatuto Docente, en la ley sexta y en su artículo quinto, entre los deberes de los docentes están los de educar a los alumnos en los principios democráticos y en la forma de gobierno instituida en la Constitución Nacional y Provincial y todas leyes dictadas en consecuencia”, explicó la titular del CGE.
La publicaccón de Buckmayer.
Responsabilidad pedagógica
Recordó que los docentes “tenemos una responsabilidad pedagógica, sobre el desarrollo integral de la educación de nuestros estudiantes, pero respondemos a una ley que establece normativas donde el docente debe en principio ajustarse, respetar esas normativas vigentes para que el desempeño de sus funciones sea congruente con lo que establece nuestra ley nacional y nuestra Constitución Nacional y Provincial”.
Tras tal contexto, detalló que la Dirección de Asuntos Legales a través de la dirección de sumario estableció la separación preventiva del cargo a la docente iniciando un sumario de investigación administrativa.
Como en esta jornada del jueves 31 se conoció que aun estuvo cumpliendo funciones, indicó que “va a recibir sin duda la notificación en término de 72 horas”, lo que implicará la separación preventivamente del cargo.
Se analizará la conducta
“La dirección de sumario tiene un procedimiento de separación preventiva del cargo con investigación sumaria justamente para hacer lugar al derecho administrativo. Este sumario analiza la conducta del docente desde el punto de vista del derecho administrativo y nosotros nos remitimos por supuesto a nuestro Estatuto Docente en vigencia que establece que los principios democráticos deben estar implícitos en el accionar y en el impartir la educación a los estudiantes”.
Docentes todo el tiempo
La titular del CGE recordó que “los docentes cuando asumimos la responsabilidad de educadores somos docentes 24-7, no porque concluye las horas frente al alumno dejamos de cumplir un rol social porque nosotros al tener los reconocimientos sociales como educadores tenemos también la responsabilidad de lo que implica y al habilitar un espacio de comunicación social, como son las redes también debemos tener todos los cuidados en relación a lo que publicamos, fotografías, artículos, comentarios, es decir, tenemos que tener responsabilidad en la comunicación; tenemos que tener responsabilidad en el accionar porque justamente hay una confianza puesta de las familias, del sistema educativo en la persona que lleva el título docente y lo ejerce”, añadió López.
Para para definir sanciones
En cuanto al tiempo que podría demandar el sumario iniciado hasta una resolución definitiva, sostuvo que eso dependerá “de qué nos encontremos en este proceso de investigación sumaria”, pero “el tiempo administrativo que lleva una investigación simple, es entre un mes a tres meses, más o menos”.
Política
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