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El ex Director Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Thomas, recordó en un reciente escrito en su red social Facebook que en el año 2007, la EBY presentó una propuesta integral de reordenamiento de su deuda histórica.
De acuerdo con el escrito, este documento, «profundamente fundado en los principios del Tratado de Yacyretá y en las normas complementarias que le otorgan vida jurídica», procuraba corregir décadas de distorsiones financieras y contables generadas por decisiones unilaterales del Estado argentino. Thomas observó que en esencia, la propuesta reivindicaba el carácter binacional del emprendimiento, sostenía que los aportes realizados por Argentina eran, en rigor, aportes de capital —no préstamos— y buscaba restablecer un equilibrio justo entre las dos altas partes contratantes.
El ex titular de la EBY remarcó que la fórmula que se proponía era «clara y técnicamente sólida: se reconocía que Argentina había adelantado fondos para la construcción y operación de la represa, pero que ello debía compensarse mediante la entrega futura de energía, calculada conforme al Anexo C del Tratado. Es decir, en lugar de transformar esos aportes en una deuda financiera con intereses compuestos, se proponía su novación en energía, con base en tarifas técnicas auditadas. Esta solución, basada en el derecho civil argentino y en la lógica energética del proyecto, eliminaba la idea de una deuda usuraria entre partes asociadas y afirmaba la condición de coprotagonista del Paraguay».
Además, Thomas puntualizó que la propuesta incluía mecanismos de reparación y equilibrio: «se reconocía el derecho paraguayo a compensaciones por cesión de energía, territorio inundado y utilidades de capital; se proponía cancelar las deudas de ANDE con el Banco Nación mediante compensaciones cruzadas; y se establecía un fondo fiduciario destinado a financiar la futura central Corpus Christi, en cumplimiento de los artículos del Tratado y del espíritu de integración energética regional».
Seguidamente, en el texto posteado el Director Ejecutivo durante el período 2003 /2015 puntualizó que una década después, el Acuerdo Macri-Cartes de 2017 avanzó en sentido inverso.
«En lugar de reafirmar la lógica de la equidad binacional, consolidó el endeudamiento de Yacyretá como deuda financiera exigible por el Estado argentino. No se anularon los decretos de 1979 y 1986 que habían desvirtuado el carácter original de los aportes, ni se aplicó la figura de la novación energética. Por el contrario, se reconoció un pasivo superior a los cuatro mil millones de dólares que la EBY debía comenzar a devolver al Tesoro argentino, desvirtuando la naturaleza jurídica del vínculo binacional», afirmó el arquitecto.
Thomas sostuvo que el acuerdo de 2017, además, omitió toda referencia al proyecto Corpus Christi, anulando la visión de futuro integrada que la propuesta del 2007 preservaba. «Y aunque reconoció parcialmente la deuda argentina con Paraguay por cesión de energía, subordinó ese reconocimiento al esquema general de pagos financieros, sin asegurar mecanismos de comercialización libre ni mayores grados de autonomía energética para el país vecino», enfatizó.
Para el ex titular de la EBY lado argentino, desde una perspectiva geopolítica y jurídica, el Acuerdo Macri-Cartes implicó una resignación de soberanía por parte del Paraguay. «A cambio de una compensación financiera inmediata cercana a los mil millones de dólares, se consolidó la dependencia energética de ANDE respecto de Argentina y se dejó de lado la posibilidad de una renegociación estructural del emprendimiento, que incluyera la actualización tarifaria conforme al Tratado y la recuperación de instrumentos estratégicos como el derecho a la venta directa de energía», aseveró.
«En síntesis, mientras la propuesta de 2007 se inscribía en una lógica de reparación histórica, equidad jurídica y proyección regional, el acuerdo de 2017 consagró una visión reducida, financiera, unilateral y de corto plazo. El primero buscaba sanear las cuentas de Yacyretá sin vulnerar su naturaleza binacional; el segundo transformó la Entidad en un deudor subordinado, con escasa capacidad de proyectar su futuro como actor estratégico del sistema energético del Cono Sur», lamentó Thomas finalmente.
Nota de OAT: la propuesta realizada por la EBY -quien es la deudora- a las Altas Parte en el año 2007 contaba con las aprobaciones del Comité Ejecutivo Resolución 8271/07 y del Consejo de Administración 2036/07; el acuerdo de Macri con Cartes se ignora su hubo resoluciones de la Entidad.
