Washington ha elevado el tono contra el juez brasileño Alexandre de Moraes, alegando que ha empleado al Supremo Tribunal Federal (STF) como herramienta para restringir el derecho a la libertad de expresión en Brasil.

El 18 de julio de 2025, el Departamento de Estado de EE. UU., a través del vice­secretario Christopher Landau, acusó a Moraes de actuar con pretensión dictatorial, usurpando facultades en detrimento de los otros poderes del Estado y poniendo en jaque la soberanía brasileña.

Poco después, el 30 de julio, el Tesoro estadounidense impuso sanciones económicas contra el juez por supuestas “graves violaciones de derechos humanos”, incluyendo detenciones arbitrarias, censura y procesos políticos selectivo. Se activó además el congelamiento de cualquier bien que pudiera tener en EE. UU. al amparo de la Ley Global Magnitsky.

Según la administración estadounidense, Moraes habría impuesto órdenes secretas a plataformas digitales, incluso de origen estadounidense, para silenciar voces críticas, lo que constituye, en su view, una intromisión judicial que trasciende las fronteras de Brasil.

En paralelo, representantes de EE. UU. como el jefe de su delegación diplomática en Brasil, Gabriel Escobar, instaron al boicot contra Moraes, lo que motivó la convocatoria del diplomático por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño. Brasil consideró las declaraciones como una intromisión inaceptable en su poder judicial.

Estas acciones intensifican la tensión diplomática entre ambos países, en un contexto ya marcado por aranceles del 50 % impuestos por EE. UU. a productos brasileños y acusaciones mutuas sobre interferencia en asuntos internos.