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La historia de Colombia quedó marcada este lunes por un nuevo capítulo de oscuridad que tiene como protagonista a un fantasma del pasado: el magnicidio. La muerte del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, atacado a balazos durante un acto multitudinario y a plena luz del día en el sur de Bogotá, reabre las heridas de hace más de 30 años atrás y deja a un país aterrorizado ante una espiral de violencia que parece cada vez más difícil de controlar.
Colombia no experimentaba un atentado mortal contra un aspirante a la presidencia desde finales de los años 80 y principios de los 90, cuando los homicidios de políticos y jueces a manos de sicarios contratados por los carteles se volvieron noticia corriente. Los dos últimos ocurridos en 1990 corresponden a los asesinatos del candidato de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Ossa, y el aspirante Carlos Pizarro Leongómez, máximo comandante del M-19 asesinado tras firmar un acuerdo de paz. Hoy son esos nombres los que resuenan en una sociedad que teme regresar a la época más violenta del país tras un magnicidio que tiene como telón de fondo un discurso político polarizado, grupos armados aumentando su poder en el territorio y negociaciones de paz no logran sus objetivos.
“Este asesinato tiene un gran impacto político y social. Hay una conmoción en el país por el magnicidio del líder más visible de la oposición, del partido Centro Democrático, con más posibilidades de ser el candidato a la presidencia de ese partido. Por eso este hecho genera zozobra y desesperanza en todos los sectores”, indicó a LA NACION Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
El presidente colombiano, Gustavo Petro, llegó a la Casa de Nariño en 2022 con la promesa de la “Paz Total”, una ambiciosa política con la que se proponía a negociar con la mayor cantidad de grupos armados y bandas relacionadas con el narcotráfico con la esperanza de poner fin a los conflictos armados. Después de tres años, la estrategia demostró tener flojos avances antes de ingresar en una vía muerta. Las diversas mesas de diálogo tuvieron resultados positivos apenas en el estado de Nariño y en otras regiones donde se registraron momentáneos ceses de las hostilidades. Por el contrario, las conversaciones de paz con las organizaciones guerrilleras más importantes, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC -la Segunda Marquetalia o el Estado Mayor Central- están paralizados o directamente fracasaron.
“En medio de grandes dificultades históricas le seguimos apostando a la paz (…) porque obviamente este Gobierno no ha logrado la paz total», afirmaba Petro en un discurso ante el Congreso el pasado 20 de julio.
“En los tres años del gobierno de Gustavo Petro, a pesar de múltiples ceses al fuego y múltiples esfuerzos, no parece haber voluntad política de estos grupos para poner fin al conflicto. Y eso es una de las cosas que criticaba el candidato Miguel Uribe”, dijo a LA NACION el analista Sergio Guzmán, director de Control Risks Colombia.
Desde la firma de los tratados de paz de 2016, los grupos guerrilleros disidentes reconfiguraron el conflicto armado al tomar economías ilícitas y rutas de tráfico dominadas anteriormente por las FARC, utilizando como método de control la violencia desmedida sobre la población civil.
En el primer trimestre de 2025, los homicidios y los secuestros aumentaron en comparación con el año anterior, según cifras del Ministerio de Defensa, evidenciando la fragilidad de la seguridad. Entre los asesinados se encuentran casi un centenar de líderes sociales, que ocupan puestos claves en zonas locales, pero que tienen menor resonancia por estar ligados a sectores excluidos. El Comité Internacional de la Cruz Roja denunció que cada 36 horas desaparece por lo menos una persona en este contexto de violencia, mientras la situación humanitaria enfrenta su punto más crítico en ocho años por las hostilidades. En regiones como el Catatumbo, los enfrentamientos entre grupos armados no estatales forzaron a más 63.000 personas a desplazarse, lo que se convirtió en el mayor incidente de desplazamiento masivo registrado en la historia de Colombia, según la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR).
“Estos grupos han aumento su presencia en distintas áreas del país. Tienen una capacidad y una intención mayor de atacar contra blancos gubernamentales y la están aprovechando para ganar margen de maniobra y negociación frente al gobierno actual y, quizás, frente a futuros gobiernos”, sumó Guzmán.
Las cifras que indican el estado crítico de la seguridad también impactan en la percepción de la población. Un 89% de los colombianos considera que la inseguridad está empeorando, contra apenas un 5% que ve una mejoría, de acuerdo al más reciente relevamiento de la encuestadora Invamer.
“Hay temor y remembranza de que pueda desencadenarse una violencia como en los 90. No está claro que vayamos a tener una escalada similar, pero sí que hay unas fuerzas todavía en las sombras que están intentando generan una estabilidad política y social muy grande”, señaló González Posso.
El magnicidio llega en un momento delicado para el gobierno de Petro, que enfrenta una crisis interna que lo llevó a realizar más de 50 cambios de ministros a quienes acusó de traición. La salida más reciente y sorpresiva fue la de su mano derecha, la Canciller Laura Sarabia, quien tras sobrevivir varios escándalos renunció al gobierno por discrepar con Petro en varias decisiones, según dijo. Mientras, sus niveles de desaprobación alcanzan el 64% y su aprobación se desploma a un 29%, según Invamer.
Uribe Turbay, de 39 años, una de las caras más visibles de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026, murió después de dos meses hospitalizado en estado crítico tras ser baleado en la cabeza por un adolescente de 15 años. Hasta ahora, seis personas fueron detenidas. La investigación de la Fiscalía General apunta a que la Segunda Marquetalia estuvo detrás del magnicidio, por lo que reactivó las órdenes de captura previamente suspendidas contra varios cabecillas que actuaban como negociadores de paz.
El magnicidio de Uribe Turbay impacta directamente en la campaña electoral del año próximo. “Un primer factor que puede suceder es una polarización más fuerte en la dirigencia política con una lectura de quién tuvo la culpa. Y esta pregunta tiene dos ramificaciones: el discurso violento de todos los sectores políticos, pero liderado por el presidente”, analizó en conversación con este medio Mauricio Velásquez, profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. “Y el otro factor es si el proceso de paz de 2016 es también responsable”.
“La izquierda, que en el pasado ha estado con muchísima frecuencia como víctima de la violencia, ahora están del otro lado gobernando y no tienen buenas respuestas sobre lo que ocurrió. Y la derecha tiene buenas razones para alegar que hubo como mínimo negligencia en la protección de Uribe Turbay”, agregó Velásquez.
Hay alarma entre los candidatos presidenciales y parlamentarios por si el gobierno tendrá la capacidad de protegerlos a todos. Esta es una de las denuncias que hacía precisamente Uribe Turbay, quien había pedido al gobierno nueve veces mayor protección.
“La señal que mandan muchos grupos organizados o quienes hayan atentado contra Miguel Uribe es que si podemos atacarlo en Modelia, en el sur de Bogotá, es que podemos atacar en cualquier parte a cualquiera. Y eso es algo que el gobierno no ha logrado responder de una forma contundente y lo cual genera muchas dudas a los votantes, pero más a los de oposición de que el gobierno tenga la capacidad para reducir la violencia política en el corto plazo“, aseveró Guzmán.
