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La Corte Suprema de Justicia declaró constitucional la aplicación de impuestos internos a los cigarrillos, con lo que Pablo Otero, conocido como “El Señor del Tabaco», que había evitado el pago de esas tasas mediante recursos de amparo, ahora debe abonar unos 2000 millones de dólares que le reclama el Estado.
Otero había tratado de evitar esta decisión. Argumentó que había ingresado en una moratoria en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero(ARCA) y que había desistido de su recurso para que la Corte le dijera si era constitucional o no el pago, pero de nada le sirvió.
El máximo tribunal, por unanimidad, con el voto de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dispuso revocar la sentencia de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que había declarado la inconstitucionalidad de los artículos 103, 104 y 106 de la Ley 27.430 relacionados con el impuesto interno al tabaco.
La medida, que beneficia a ARCA y a Massalin Particulares, que es el tercero interesado en el caso, implica que Tabacalera Sarandí deberá ajustarse a la aplicación del denominado “impuesto mínimo”.
ARCA había estimado que lo que adeudaba la empresa de Otero eran unos 200 millones de dólares.
Con este fallo, termina la cadena de medidas cautelares que le permitieron a la empresa Tabacalera Sarandí evitar el impuesto durante 8 años y poner en el mercado productos con un precio menor que la competencia.
El caso llegó a la Corte tras recursos extraordinarios interpuestos por la entonces AFIP y Massalin Particulares.
