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La amenaza de recusación que lanzó el Gobierno contra el juez federal que interviene en la causa del fentanilo contaminado, Ernesto Kreplak, despertó una ola de advertencias y cuestionamientos entre juristas, que señalaron la veta inconstitucional del anuncio.
En un comunicado oficial, la vocería de presidencial de Manuel Adorni sostuvo el jueves que buscará apartar al juez Kreplak, en caso de que no avance “en los próximos días” con la detención de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB, responsable de distribuir las partidas contaminadas.
Según el Gobierno, el ministerio de Salud bonaerense, liderado por Nicolás Kreplak, hermano del magistrado, es el “principal cliente” del laboratorio.
“Se rechaza toda declaración de autoridades de otros poderes que interfiera y afecte el normal funcionamiento del poder judicial y los ministerios públicos”, dijo Andrés Basso, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), al ser consultado por LA NACION.
Añadió que cualquier planteo o “disconformidad” con las decisiones judiciales deben ser canalizadas a través de los “mecanismos establecidos en la normativa procesal y por las partes legitimadas en el expediente”.
“Esa, y no otra, es la forma prevista en el sistema republicano de división de poderes que nos rige y que garantiza el respeto de la independencia judicial”, sumó el magistrado.
Todos los juristas consultados por LA NACION aclararon que no conocen los detalles del expediente, pero se mostraron críticos del Gobierno, al subrayar que su comunicado tensiona fuertemente con un artículo de la Constitución, el 109, que establece que “en ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.
“Es claramente inconstitucional”, remarca sobre el anuncio el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que suele ser duro en sus críticas al Gobierno.
“La Constitución argentina es muy clara en torno a la división de poderes; el pedido de Gobierno es inconstitucional porque viola esa división, al pedirle a un juez que realice una actividad que responde a una lógica [interna] de proceso penal”, sostiene.
Agrega que intentar influir sobre la Justicia no sería algo exclusivo de este Gobierno, pero que señalar públicamente lo que debe hacer el juez “es quizás la máxima violación del artículo 109″.
Osvaldo Perez Sammartino, profesor en la Udesa, afirma que es “absurdo” intentar recusar a un juez por la discrepancia con una resolución, ya que para eso están los recursos.
“El gobierno no puede imponerle a ningún juez un determinado resultado -sostiene-; no se puede recusar en función de que dicte tal o cual medida. Es una presión incompatible con lo que establece la Constitución, que en su artículo 109 prohíbe al presidente interferir en causas judiciales”.
El constitucionalista Pablo Manili resalta el mismo renglón de la Constitución que sus colegas, respalda el accionar del juez Kreplak, y añade que el Ejecutivo no debería siquiera opinar públicamente sobre la causa. “Su rol debe limitarse a denunciar, si cree que hubo delito”, le dice a LA NACION.
Por su parte, el constitucionalista Sebastián Guidi destaca que garantizar la imparcialidad de la investigación es tan importante como que las partes no puedan recusar por “razones insustanciales”.
“Extender la recusación de esta manera (a un familiar de un funcionario lateralmente vinculado con la materia) fomentaría la recusación irresponsable. Distinto seria si aparecieran vinculaciones más estrechas entre el ministro y los hechos puntuales”, asegura.
“Lo que definitivamente no procede es recusar a un juez por una decisión que toma o no toma. Es decir: la recusación tiene que ser por razones objetivas, que están o no están”, agrega.
El primero en marcar los límites de la frontera judicial fue el propio Kreplak, en un mensaje que compartió con los medios.
“Le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso”, sostuvo. “Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho”, agregó.
