El presidente Javier Milei ratificó recientemente que el equilibrio fiscal es un pilar central de su programa económico. Sin embargo, varios analistas cuestionan las cifras oficiales al señalar que el no reconocimiento de los intereses implícitos de la deuda “cupón cero” distorsiona el resultado fiscal y que, al incorporarlos, las cuentas mostrarían déficit.
En este contexto, vale preguntarse: ¿qué nos diría Fray Luca Pacioli (el “padre” de la contabilidad) sobre esta situación?
Seguramente, lo primero sería recordarnos que toda diferencia entre ingresos y gastos debe tener su contrapartida en una variación equivalente del patrimonio financiero neto —es decir, la diferencia entre activos y pasivos financieros—. Y nos invitaría a comprobar la consistencia entre ambas cifras. La necesidad de esta consistencia la vemos constantemente en nuestra vida diaria.
La historia argentina muestra que esa coherencia rara vez se cumplió en el caso del sector público. El país ha emitido deuda sin reflejar el gasto. Ejemplos abundan: los gastos militares de fines de los 70 (que quedaron registrados como deuda, pero no como gasto), el reconocimiento de la deuda con jubilados durante el gobierno de Menem, las emisiones de bonos para saldar juicios perdidos y, más recientemente, el tratamiento de los intereses en los bonos “cupón cero”.
La experiencia demuestra que las variaciones del patrimonio financiero suelen ser más precisas que las cifras de ingresos y gastos. Este es un punto a favor para los que cuestionan la no inclusión de los intereses.
Sin embargo, Pacioli también nos preguntaría si, al analizar esas variaciones, consideramos las tenencias de activos financieros del sector público. El debate sobre la evolución de la deuda pública en Argentina es lamentable; la mayoría de los análisis se enfocan en la deuda bruta, ignorando que el propio Estado acumula activos financieros.
La Secretaría de Finanzas publica trimestralmente el detalle de títulos públicos en cartera: a marzo de este año, representaban el 47% de la deuda bruta total. A su vez, el BCRA informa semanalmente los depósitos del sector público en sus arcas, y el Boletín Monetario registra los depósitos en otras entidades estatales.
Tampoco olvidaría recordarnos que, más de una vez, el Estado usó al Banco Central para ocultar déficits o superávits —los famosos desequilibrios cuasi fiscales—. Por eso aconsejaría consolidar los balances del Tesoro y el BCRA para obtener una visión real de las cuentas públicas. Y advertiría que ambas instituciones contabilizan sus tenencias de títulos de forma distinta: el Banco Central las valúa a precio de rescate y el Tesoro a valor nominal.
Al consolidar, debe aplicarse un criterio uniforme. A marzo de 2025, esa diferencia superaba los $49 billones. Esta consolidación es semejante a lo que pasaría en una familia si le entregamos a nuestros hijos un adicional de nuestra tarjeta de crédito, pero después no tomamos en cuenta sus gastos.
Finalmente, subrayaría la importancia de elegir correctamente la unidad de medida. Todo análisis debe tener en claro qué “metro” está usando. No es lo mismo decir que la carne cuesta “mil” que especificar “mil pesos por kilo”. En estos días la discusión pasa por los factores que generan la inflación.
La inflación es siempre el mecanismo con el que una economía ajusta desequilibrios en el mercado del activo utilizado como unidad de cuenta y, en países que usan su propia moneda como unidad de cuenta la inflación es inevitablemente un fenómeno monetario, pero al definir los desequilibrios debemos definir que unidad de cuenta medimos los desequilibrios.
Como dijimos anteriormente, la magnitud de los desequilibrios necesariamente se refleja en variaciones patrimoniales financieras, más específicamente la variación del patrimonio financiero neto consolidado del sector público y del Banco Central —que refleja implícitamente el resultado fiscal consolidado—, pero la medición de esas variaciones pueden ser expresadas en cuatro unidades de cuenta distintas.:
1. Pesos corrientes, que sólo son útiles en economías sin inflación.
2. Pesos de poder adquisitivo constante, que corrigen el efecto inflacionario (como en un balance empresarial ajustado por inflación).
3. Dólares, que dependen del tipo de cambio real.
4. Porcentaje del PBI, que relativiza los cambios al tamaño de la economía.
En Argentina, los datos entre diciembre de 2023 y marzo de 2025 muestran:
-En moneda corriente: deterioro de $135 billones.
-En moneda constante: mejora de $123 billones.
-En dólares: deterioro de USD 59.000 millones.
-En % del PBI: mejora equivalente al 20%.
Estas cifras reflejan una mejora patrimonial significativa y la magnitud del llamado “impuesto inflacionario”.
Alguien podría señalar —con razón—que el programa económico busca eliminar ese impuesto, y que por lo tanto la mejora sería “ficticia”. En realidad, la mejora es real, pero la inflación no es un método sano para sanear las finanzas públicas.
Como mencioné en otra columna, la forma más adecuada de evaluar las cuentas es calcular el resultado consolidado de inflación cero, que no es lo mismo que restar el impuesto inflacionario; implica recalcular todas las partidas bajo un escenario sin inflación.
Por último, también podrían argumentar que la reciente suba de las tasas de interés podría modificar estas cifras, pero para ello hay que considerar la porción de la deuda a tasa variable sobre el total de la deuda.
Ricardo Arriazu es economista.
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Ricardo Arriazu
Economista
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