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El fallo de la Corte de Apelaciones de New York del viernes, que aceptó el pedido de la Argentina y dejó en suspenso la entrega de acciones de YPF mientras continúa el proceso legal, provocó “un respiro enorme” y trajo “tranquilidad” al Gobierno, sobre todo antes de las elecciones de septiembre y octubre, según estimaron expertos en Wall Street consultados por Clarín.
En una decisión que el Gobierno esperaba con ansiedad, la Corte neoyorquina dejó en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska que pedía a la Argentina que entregara las acciones de YPF como pago en el juicio por la deficiente estatización del 51% de la empresa petrolera. El monto es equivalente a US$ 16.000 más intereses diarios. Con la decisión de la Corte, el Estado podrá ahora sostener su apelación y esperar el fallo de fondo del caso sin ofrecer una garantía ni siquiera con otros activos.
Esa apelación a la sentencia de fondo se resolvería recién a mediados de 2026. Pero desde la semana del 27 de octubre empezarán las audiencias. El caso podría llegar incluso hasta la Corte Suprema.
Expertos en Wall Street que siguen de cerca la situación argentina vieron en forma positiva la decisión de la Corte. Fernando Losada, managing director de Oppenheimer & Co, dijo a Clarín que la decisión judicial del viernes “le otorga a Argentina margen de maniobra y trae tranquilidad, aunque sea temporaria”.
Que el gobierno de Estados Unidos haya apoyado a Argentina seguramente fue importante para la decisión de la Justicia.
Fernando LosadaManaging director de Oppenheimer & Co
Explicó que “esto es importante sobre todo porque el proceso de apelación seguramente va a llevar varios meses, así que se evitó una fuente de ruido adicional antes de las elecciones de septiembre y octubre”.
Y agregó que “sobre todo en el contexto actual de volatilidad marcada de los activos financieros argentinos, es una noticia positiva. El gobierno de EE.UU. había apoyado la posición de Argentina, lo que muy posiblemente fue importante en la decisión judicial”.
Alberto Ades, director ejecutivo de NWI Management, dijo que “ahora, mientras se espera el fallo, Argentina no está obligada a entregar las acciones y el Gobierno tiene esperanza de dar vuelta la sentencia de Preska o al menos de reducir muy sustancialmente el monto”.
El experto estima que el número final podía ser sensiblemente menor. “He visto estimaciones que rondan desde los 200 o 250 millones de dólares a 3.000 o 4.000 millones, nada cercano a 16.000 ni por asomo”.
“Ahora lo que queda es la apelación, que puede demorar varios meses y eventualmente podría potencialmente terminar en la Corte Suprema también, lo cual llevaría probablemente un año más. Así la Argentina gana tiempo, lo cual creo que es una victoria”, agregó.
He visto estimaciones de lo que el Gobierno argentino podría terminar pagando y no hay nada cercano a los US$ 16.000 millones ni por asomo.
Alberto AdesDirector ejecutivo de NWI Management
Si bien Ades resalta que la Corte no dio la razón a la Argentina ni le dijo que el contenido del fallo de Preska está mal, le dio aire. “Solamente le dijo que, mientras se apela el fallo y se analizan los fundamentos, no tiene obligación de entregar las acciones. Yo creo que eso de por sí es un éxito, un éxito para el Gobierno porque se evita el mal trago de verse obligado a entregar las acciones o estar en desacato con un tribunal de Estados Unidos dos meses antes de las elecciones”.
Un argumento de campaña contra Axel Kicillof
“El Gobierno aparte ahora puede decir que, con preparación, con esfuerzo y con inteligencia, los desastres de (Axel) Kicillof pueden darse vuelta. Estoy seguro de que ese es el argumento que van a usar y lo van a usar durante la campaña”, agrega.
Jorge Piedrahíta, CEO de Gear Capital, resalta que, más allá del fallo favorable de la Corte de Apelaciones, “es relevante destacar que esta extensión se otorgó sin imponer condiciones adicionales, lo cual representa un desarrollo positivo para Argentina. La suspensión se mantendrá vigente hasta que se resuelvan las apelaciones presentadas por el país. Además, se autorizó a los Estados Unidos a presentar un ‘amicus brief’ ante la Corte”, un documento legal remitido por una persona o entidad que no es parte directa en el litigio, pero que posee un interés significativo en su resultado y busca ofrecer una perspectiva adicional.
“Si Argentina no tuviera éxito en sus apelaciones y se viera obligada a entregar el control de YPF, esto generaría costos financieros y políticos significativos para el país. Además, establecería un precedente novedoso respecto a la jurisdicción de los jueces federales estadounidenses, incorporando un elemento de extraterritorialidad (es decir, la aplicación o ejecución de la ley de los Estados Unidos más allá de sus límites territoriales)”, señala.
El experto advierte que “por otro lado, no debemos olvidar que Argentina cuenta con un historial de incumplimientos contractuales y de sentencias judiciales a lo largo de las décadas. En los Estados Unidos, se espera que los contratos y las órdenes judiciales se cumplan de manera oportuna y en su totalidad. El gobierno de Javier Milei ha sido negligente al no atender adecuadamente estos asuntos cruciales que afectan los intereses nacionales. Por supuesto, la administración de Cristina Kirchner cometió una mala praxis (el pecado original) que nos colocó en esta situación”.
Finalmente, Piedrahita advierte de los riesgos que el Gobierno podría correr a partir de octubre, si la Corte de Apelaciones ratifica el fallo de Preska. “Incumplir la orden de la Corte con referencia a la entrega de las acciones de YPF podría generar sanciones por desacato e incluso complicar los planes de la administración Milei de acceder a los mercados voluntarios de crédito en el 2026”.
Más allá de lo que pueda suceder en octubre, la decisión judicial de este viernes se percibe como un gran alivio para el Gobierno. Un abogado en Estados Unidos experto en litigios contra fondos soberanos dijo a Clarín que “el fallo de la Cámara es un respiro enorme para Argentina”. Explicó que “más allá de frenar una ejecución que estaba totalmente adelantada, devuelve un poco de sentido común al proceso y permite que la apelación se discuta sin que el país pierda activos clave en el camino”.
Agregó que “en casos así, contra Estados soberanos, estas pausas son vitales: evitan daños irreversibles, preservan la inmunidad y nos dan aire para encarar la defensa de fondo con más margen y sin la amenaza inmediata de un default técnico colgando sobre la cabeza”.
NE
