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Javier Milei cosechó un nuevo revés en el Congreso en una sesión dominada por los bloques opositores en el Senado. Tras rechazarle cinco decretos delegados al hilo, se le dio sanción definitiva a dos proyectos que el Gobierno rechaza por su costo fiscal: la ley de Financiamiento Universitario y la emergencia en Pediatría, que intenta resolver los problemas del Hospital Garrahan.
Con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, sancionó –por segundo año consecutivo— la Ley de Financiamiento Universitario que el presidente Javier Milei prometió vetar por su impacto fiscal. Saldado el debate, los bloques sancionaron la emergencia pediátrica con 60 votos a favor y 8 en contra.
En primer lugar, la oposición sancionó el proyecto impulsado por rectores: Ley de Financiamiento Universitario. Su redacción apunta a la reapertura de paritarias (paralizadas desde octubre del año pasado); fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico y la conformación de una caja de $10.000 millones, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas. En Diputados, el texto consiguió 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones.
En tándem con los seis senadores oficialistas, rechazaron el proyecto la senadora del PRO, Carmen Álvarez Rivero; la radical Carolina Losada, el exlibertario Francisco Paoltroni y Martín Goerling, también del PRO.
En tanto, la pampeana María Victoria Huala (PRO), el salteño Juan Carlos Romero y la chubutense Andrea Cristina (PRO) optaron por la abstención.
Financiamiento Universitario: el debate
«Los argentinos perdimos más de un año sin que se haya construido ni un aula, los docentes y no docentes perdieron el 30% del poder adquisitivo. La educación universitaria es la forma para generar movilidad social ascendente», dijo Eduardo «Wado» de Pedro, senador de Unión por la Patria, al defender la iniciativa.
«Hay un informe de la Conadu de junio del 2025 que señala que la inversión en educación superior es hoy actualmente el 0,43 % del PBI cuando históricamente ha sido del 0,8 % del PBI”, alertó su par, Fernando Salino.
La senadora de Provincias Unidas Alejandra Vigo señaló que “si bien el Poder Ejecutivo ha realizado recientemente un aumento del 29% a través del decreto 425/25, los recursos asignados para la educación superior se ubican en el nivel más bajo de las últimas dos décadas de Argentina». Asimismo, la cordobesa destacó que, en términos reales, «el financiamiento para 2025 es un 9% inferior al del año pasado, que ya venía con retraso, y acumula una caída del 32% desde 2023, por lo que el recorte compromete el funcionamiento de las universidades”.
«No hay nada que te pueda dar el Estado que transforme tanto tu vida y la de tu descendencia como la educación universitaria», dijo a su turno el radical, Martín Lousteau, al anticipar que acompañaría la iniciativa. Y remarcó: «Hoy, los docentes buscan otra actividad para complementar, dejan la docencia o se van a universidades privadas».
«La educación pública es una prioridad para este Gobierno», dijo a su turno el jefe de la bancada oficialista, Ezequiel Atauche. Dicho esto, dijo coincidir en que este tema debería haber sido incluido en el Presupuesto, pero que como la oposición no acompañó el proyecto que apuntaba al déficit cero, «no se pudo seguir» con su sanción.
Para finalizar, el jujeño señaló que su Gobierno viene a “combatir el país donde los egresados que valen 500 millones de pesos y hay universidades inventadas”.
En septiembre del año pasado, el Senado ya había sancionado esta ley, pero luego, esta fue vetada por Milei. Y, en aquella instancia, el Presidente logró que la Cámara baja se lo blindara. En aquella oportunidad, el texto había reunido 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Esta última fue del cordobés Luis Juez. Mientras que los senadores del PRO Carmen Álvarez Rivero, Martín Goerling y Alfredo De Angeli había votado en contra, en tándem con el oficialismo.
Es decir, mientras que Losada había acompañado la ley, en esta oportunidad votó en contra. Mientras que De Angeli «se dio vuelta». Pasó de rechazar la ley a ausentarse al momento de la votación.
Luego de que la oposición blindara este miércoles la Ley de Emergencia en Discapacidad, al Presidente se le complica, cada vez más, blindar los vetos en el Congreso.
Emergencia para el Garrahan
El otro proyecto que se votó es la declaración de emergencia para la salud pediátrica por un año. La iniciativa, que busca atender los reclamos de los trabajadores del Hospital Garrahan exige fondos para «la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo».
Así como también, la iniciativa establece «la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud» y la derogación de la resolución del 2109/25 con la que el Ministerio de Salud modificó el sistema de residencias. La media sanción en la Cámara baja tuvo 158 apoyos, 75 rechazos y 5 abstenciones.
«La única esperanza que tenemos los padres cuando nuestros hijos tienen problemas la construimos en el Garrahan. Ahí están las personas más idóneas, verdaderos ángeles que tratan a nuestros hijos como si fueran propios», dijo Juez al hablar en torno a la iniciativa que ya cuenta con la aprobación de Diputados.
A su turno, la fueguina Eugenia Duré, de UP, anticipó que su bancada votaría «a favor de los profesionales y para que miles de chicos de todo el país se atiendan en este hospital pediátrico modelo» que, aseguró, «está en riesgo».
En el inicio de la sesión, se rechazaron por mayoría los decretos que intervinieron organismos públicos: el 351/2025 (Banco Nacional de Datos Genéticos), el 340/2025 (Marina Mercante) y el 345/2025 (Instituto Nacional del Teatro, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares). También confrontaron contra decretos que ya habían sido judicializados, como el 461/2025 (Vialidad Nacional, Agencia Nacional de Seguridad Vial y Comisión Nacional de Regulación del Transporte) y el 462/2025 (INTI, INTA, INPI, ARICCAME, INASE e INV). (ambito.com)
