La oposición aprovecha la crisis política del Gobierno y avanza con una norma para limitar los decretos presidenciales

En medio de la crisis política que afecta al Gobierno por el escándalo de los audios que hablan de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y las derrotas en el Congreso, la oposición se prepara para otra batalla legislativa y tiene acordado en el Senado un proyecto para limitar el uso de los decretos presidenciales, lo que podría complicar aún más el escenario para Javier Milei.

La iniciativa, que ya tiene dictamen de comisión y está lista para ser tratada en el recinto, cuenta el apoyo de los gobernadores pero también del kirchnerismo, sector que impulso la Ley de DNU y fue defensor de este mecanismo, pero que ahora con la administración libertaria quiere cambiarlo.

La intención de la oposición es convocar a una sesión para la primera semana de septiembre con un temario que no sólo incluirá la reforma de la normativa que regula los decretos presidenciales sino también los posibles vetos a la ley de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, iniciativas que fueron aprobadas recientemente por el Senado. También se podría incluir el veto al proyecto de coparticipación de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), que convirtió en ley Diputados.

Sin embargo, la agenda de la oposición dependerá de cómo juegue el Gobierno, ya que Milei tiene 10 días hábiles para vetar una ley sancionada por el Congreso, plazo que comienza a correr desde el momento que el Congreso gira el proyecto al Ejecutivo.

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel. Foto Federico López Claro.

Por lo pronto, el objetivo de la oposición es limitar el uso de los DNU y hay voluntad de los gobernadores de avanzar en ese sentido. «Si el Gobierno tiene decidido gobernar por decreto y las leyes que sanciona el Congreso las veta, algo hay que hacer porque sino un día va a cambiar la ley de coparticipación con un DNU», alertó un senador con terminal en su provincia.

El proyecto dictaminado esta semana con el aval de representantes de todos los bloques, menos La Libertad Avanza, plantea que un DNU sólo puede incluir una única materia a fin de ser tratados individualmente. De esta manera, el Congreso quiere evitar lo ocurrido en el arranque de la gestión Milei con el DNU 70/23, que fue rechazado por el Senado pero que quedó cajoneado en Diputados.

Lo cierto es que ese decreto conocido como «Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina» tiene 366 artículos e incluye distintos procesos de desregulación de la economía.

Además, el proyecto que analiza el Senado establece que ambas cámaras están habilitadas a tratar los DNU aún en período de receso. Pero, una de las principales reformas que se incluye es que debe tener la aprobación del Senado y de Diputados. Esta condición no termina de conformar porque no se apartaría demasiado de la legislación vigente, ya que con el rechazo de una de las cámaras lo derogaría

La norma actual establece que sólo es necesario el apoyo de una de las cámaras para ratificarlo como ley. Por eso Milei consigue sostener los DNU con la mayoría que conformó en la Cámara Baja algo similar a lo que se dio durante el kirchnerismo que con la mayoría del Senado le alcanzó para ratificarlos.

Sobre este punto hay al menos una disidencia porque el salteño Juan Carlos Romero, aliado del oficialismo en el Senado planteó que si un DNU es rechazado por una de las cámaras y aprobado por la otra debería regresar a la primera para ratificarlo o insistir con el rechazo, algo que se da con los proyectos de ley.

La oposición acelera contra el Gobierno en medio del caso Spagnuolo.

Un diputado alineado con el oficialismo apoyó la decisión de modificar la ley para que sea aprobada por las dos cámaras, que el tema es bicameral y «no es justo» que con sea aprobado o rechazado por Diputados o el Senado. Lo que queda claro es que la oposición quiere terminar con el slogan de que es más fácil aprobar una ley por DNU que por el Congreso.

La propuesta también fija un plazo de 90 días corridos desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial para su aprobación. Cumplido ese plazo, el decreto quedará derogado, es decir, que se obliga al Congreso a tratar la normativa para ser ratificada y no dejarla sin ser tratada por la comisión de Trámite Legislativo. Y en caso de ser rechazado un decreto, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro sobre la misma materia durante ese año parlamentario.

Los DNU generan tensión entre el oficialismo y la oposición. A Oscar Zago, presidente de la comisión de Trámite Legislativo le cuestionan no avanzar con aquellos que generan ruido en la oposición como los recientes decretos delegados que impulsaban la disolución o transformación de organismos del Estado como Vialidad terminaron siendo rechazados por las dos cámaras.

El dictamen de mayoría de la comisión de Asuntos Constitucionales fue firmado por Alejandra Vigo (Unidad Federal), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y Mónica Silva (Somos Río Negro). También adhirieron los radicales Eduardo Vischi, Flavio Fama y Pablo Blanco y los peronistas José Neder, Mariano Recalde, Florencia López. Silvia Sapag y Pablo Bensusán.