Después de más de cinco meses separado de su esposa e hijos, Kilmar Ábrego García finalmente pudo abrazar a su familia. El salvadoreño de 29 años fue liberado el viernes 22 de agosto por la tarde de la custodia federal en Tennessee, poniendo fin a una odisea legal que comenzó con su deportación «por error» a El Salvador en marzo pasado.
La historia de Kilmar Ábrego García conmovió a la opinión pública estadounidense: un hombre que llevaba más de una década viviendo en Maryland con su familia fue deportado a la Cecot, una prisión de máxima seguridad en El Salvador, violando una orden judicial de 2019. Su caso se convirtió en símbolo de los errores del sistema migratorio cuando funcionarios del gobierno de Trump reconocieron posteriormente que se trató de un «error administrativo».
Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño que vivía legalmente en Estados Unidos con un permiso de trabajo y fue deportado por error a El Salvador. Foto: Familia Ábrego García/REUTERS
Ahora, tras 160 días de separación forzada, Ábrego García podrá esperar su juicio por cargos federales de tráfico de personas desde la comodidad de su hogar en Maryland, bajo la custodia de su hermano y con estrictas condiciones de supervisión.
¿Por qué Kilmar Ábrego García estuvo detenido durante más de 160 días?
Kilmar Ábrego García, quien fue deportado a El Salvador en marzo de este 2025 por lo que funcionarios del gobierno de Trump posteriormente reconocieron como un «error administrativo», estuvo bajo custodia federal desde su regreso a Estados Unidos. Su detención se extendió por más de cinco meses mientras sus abogados luchaban por su liberación.
El caso comenzó con cargos por transportar inmigrantes ilegales en Estados Unidos, derivados de una parada de tráfico en 2022, aunque documentos judiciales revelaron que la investigación comenzó mientras él estaba encarcelado en El Salvador.
Condiciones de libertad y vigilancia hasta el juicio
La jueza magistrada federal Barbara Holmes ordenó la liberación bajo estrictas condiciones: Kilmar Ábrego García quedará bajo la custodia de su hermano como custodio tercero, deberá usar un dispositivo de monitoreo electrónico y reportarse a los Servicios de Libertad Condicional en Maryland.
Además, debe presentarse en Maryland no más tarde de las 10:00 a.m. del 25 de agosto y permanecer en cumplimiento con todas las condiciones de su liberación previa al juicio.
Reacciones del gobierno de Trump y próximos pasos legales
La liberación de Kilmar Ábrego García generó críticas del gobierno de Trump. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, denunció la decisión como obra de «jueces liberales activistas» que han «intentado obstruir» el cumplimiento de la ley.
«No dejaremos de luchar hasta que este hombre salvadoreño enfrente la justicia y esté FUERA de nuestro país«, declaró Noem en un comunicado.
Sin embargo, fuentes confirmaron que ni el DHS ni ICE tienen «planes inmediatos» de arrestar a Ábrego García por motivos migratorios debido a las condiciones establecidas por la jueza federal en Maryland.
El futuro legal de Kilmar Ábrego García: entre cargos criminales y deportación
Los abogados del Departamento de Justicia se opusieron vehementemente a la liberación de Kilmar Ábrego García, argumentando en audiencias que representaba un peligro para la comunidad. Sin embargo, tanto la jueza Holmes como el juez de distrito Waverly Crenshaw Jr. determinaron que era elegible para la libertad pendiente del juicio.
Esta semana, los abogados de Ábrego García presentaron una moción para desestimar el caso criminal en su contra, argumentando que el proceso del gobierno de Trump constituye un enjuiciamiento «vengativo» y selectivo.
Kilmar Ábrego García (centro) camina, después de ser liberado de la cárcel del condado de Putnam en Cookville, Tennessee, este 22 de agosto de 2025. Foto: REUTERS/Seth Herald
La jueza de distrito Paula Xinis, quien preside el caso civil separado presentado por su familia, había bloqueado previamente que ICE deportara inmediatamente a Ábrego García cuando fuera liberado de custodia federal, y ordenó un período de notificación de 72 horas antes de comenzar cualquier procedimiento de deportación.
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