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Luego de la caída del veto a la ley de emergencia en discapacidad y mientras avanza la investigación por el presunto cobro de coimas en la agencia nacional que dirigía Diego Spagnuolo, el Gobierno suma un nuevo revés en este ámbito. Ahora, la Justicia dictó una medida cautelar para frenar la suspensión de las pensiones por invalidez en La Rioja.
El fallo fue confirmado por el gobernador Ricardo Quintela, que, hace una semana, presentó un amparo para pedir por la restitución del beneficio en su provincia. Había denunciado irregularidades en la auditoría que derivó en la quita de la prestación.
“La Justicia acaba de hacer lugar a una medida cautelar, ordenando a la Andis que se abstenga de dar de baja la pensión por invalidez de beneficiarios riojanos injustamente suspendida”, compartió en su cuenta de X (exTwitter) y advirtió: “Continuaremos instando por todo el colectivo de la discapacidad, sea en el ámbito administrativo o judicial”.
La Justicia acaba de hacer lugar a una medida cautelar, ordenando a la ANDIS que se abstenga de dar de baja la pensión por invalidez de beneficiarios riojanos injustamente suspendida. El Gobierno de la provincia dispuso de todos los mecanismos legales para defender a las personas…
— Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) September 11, 2025
En redes sociales, el mandatario también apuntó contra los recortes que está llevando adelante el Gobierno nacional, no solo en el área de Discapacidad. “La crueldad del gobierno de Milei sigue prometiendo más ajuste; no tiene reparos en dañar o perjudicar a los más vulnerables”, sostuvo. En las últimas horas, el Presidente vetó también la ley de emergencia pediátrica que buscaba garantizar fondos para el hospital Garrahan y la de financiamiento universitario.
En este contexto, celebró que la ciudadanía comenzara a rechazar la “prédica violenta y estigmatizante” del primer mandatario que, el domingo, sufrió una contundente derrota en las elecciones bonaerenses. “Seguiremos resistiendo, seguiremos defendiendo a nuestra gente, por más solidaridad y esperanza en el camino de la recuperación del bienestar general del pueblo”, afirmó.
Quintela no es el único gobernador que decidió judicializar la suspensión de las pensiones por invalidez. La semana pasada, Gustavo Sáenz, de Salta, y Hugo Passalacqua, de Misiones, también anunciaron que presentarían amparos para restituir el beneficio en sus provincias.
“Se solicita la intervención judicial par que se devuelvan los importes indebidamente retenidos, se asegure la continuidad de estas prestaciones y se garantice el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad”, comunicó oportunamente Sáenz en X.
En Salta no vamos a permitir que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad.
Instruí al Fiscal de Estado de la Provincia a presentar una acción de amparo para que se restablezca de inmediato el pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y demás…
— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) September 3, 2025
Su reclamo, al igual que el de su par misionero, aún no ha sido resuelto, pero cuenta con dos antecedentes favorables. A la reciente cautelar a favor de los riojanos, se suma un fallo previo en Formosa que obligaba al estado nacional a reponer las pensiones suspendidas.
La semana pasada, el Senado también desafío a Milei en esta área y volteó el veto presidencial a la ley de emergencia en Discapacidad. Con 63 votos afirmativos, se mantuvo así la normativa que prevé una actualización de los aranceles para prestadores y fijó el valor de la pensión no contributiva por discapacidad en 70% de la jubilación mínima.
Milei había vetado la medida por considerar que podría poner en riesgo el déficit cero. Sin embargo, como informó LA NACION, de acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso, la norma solo comprometería un 0,26% del PBI en 2025 y un 0,46% en 2026.
