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La abogada y actual candidata a diputada nacional, Micaela Gacek, amplió su pedido de esclarecimiento sobre el presunto uso irregular de pensiones por discapacidad en Misiones. Tras su presentación ante la Cámara de Representantes, solicitó ahora a la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública el listado completo de beneficiarios en la provincia, y también pidió al Concejo Deliberante de Colonia Aurora que exija explicaciones al intendente Carlos “Cali” Goring por el caso de su esposa, Elisa Goring, diputada electa, señalada por haber cobrado una pensión por discapacidad, ahora ha renunciado a la misma tras ser electa, justo cuando estaba por asumir su cargo.
La situación apunta a un posible modus operandi vinculado al espacio de Cacho Bárbaro, ya que también figuran como beneficiarias la hija de Goring y la diputada Blanca Alvez. Además, se habría detectado nuevos nombres relacionados con ese mismo sector político, lo que refuerza las sospechas sobre el uso de estas pensiones como herramienta de sostenimiento partidario.
El objetivo de este nuevo paso es conocer en detalle cuántas pensiones por invalidez se otorgan en la provincia, en qué localidades, y si existen convenios con organizaciones sociales que hayan intermediado en el proceso. Estas solicitudes surgen en un contexto donde se empieza a delinear un patrón de asignación de pensiones que podría haber sido aprovechado políticamente por figuras vinculadas al Partido Agrario y Social (Pays), espacio conducido por Héctor “Cacho” Bárbaro.
Entre las situaciones expuestas, se encuentra la de Elisa Goring, quien recibió una pensión por discapacidad y, tras ser electa diputada, dejó de percibirla en el momento en que se acercaba a asumir su cargo. Lo mismo ocurre con la diputada Blanca Alvez, también del Pays, y la hija de Göring, que también figura como beneficiaria. Esto genera sospechas sobre un patrón: la supuesta discapacidad parece desaparecer cuando se accede a un cargo público, lo que pone en cuestión la validez de los certificados médicos presentados. Además, estos beneficios están destinados a personas en situación de vulnerabilidad económica, lo que resulta aún más cuestionable en el caso de la familia Göring, cuya cabeza es un intendente.
En este marco, Gacek presentó una nota formal a los concejales Jonathan Balke y Marcos Tascheto del Concejo Deliberante de Colonia Aurora, para que se impulse un pedido de informes al jefe comunal, Carlos “Cali” Goring.
Este nuevo paso se suma al camino iniciado esta semana, cuando Gacek presentó el caso en la Legislatura provincial, y más recientemente, cuando solicitó datos oficiales a la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública. Su estrategia institucional incluye ahora el nivel municipal, buscando exponer si existe un esquema más amplio de asignación de pensiones con fines políticos.
En ese sentido, ya se han detectado otros posibles casos de beneficiarios que formarían parte del entorno de dirigentes del PAyS. Gacek contaría con nuevos nombres vinculados al espacio de Cacho Bárbaro que habrían cobrado pensiones en circunstancias similares a las ya denunciadas. Estos datos se encuentran en análisis y podrían derivar en nuevas acciones formales en los próximos días.
Las pensiones no contributivas por invalidez están destinadas exclusivamente a personas con una discapacidad grave, en situación de vulnerabilidad y sin medios económicos para sostenerse. Que estas prestaciones hayan sido adjudicadas a funcionarios, dirigentes o sus familiares, contradice los principios del sistema de protección social y genera dudas sobre la legalidad y ética del proceso de adjudicación.
La investigación avanza sobre distintas líneas institucionales con el fin de garantizar que los recursos estatales destinados a las personas con discapacidad lleguen efectivamente a quienes cumplen con los requisitos y lo necesitan. El caso expone una posible red de beneficios direccionados que pone en discusión la transparencia en el uso de fondos públicos en Misiones.
