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El juicio contra la expresidenta Cristina Kirchner y otro centenar de funcionarios y empresarios acusados de pagar y cobrar sobornos en el caso de los “cuadernos de las coimas” arrancará el 6 de noviembre próximo. Al principio, las audiencias se realizarán de manera virtual -salvo excepciones- y una vez por semana, durante 4 horas hasta fin de año.
Luego, a partir de 2026, se prevé agregar un segundo día al debate. La decisión de los jueces del tribunal oral federal Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli fue comunicada ayer a los 88 abogados defensores, la fiscal Fabiana León y la Unidad de Información Financiera (UIF) en una audiencia virtual que duró poco más de dos horas.
Esta audiencia había sido convocada para organizar el megajuicio en el que están acusados exfuncionarios kirchneristas de organizar un sistema de recolección de sobornos que pagaban los empresarios para mantener sus contratos de obra pública. Algunos de esos exfuncionarios declararon como arrepentidos y reconocieron los cobros, mientras que hubo empresarios que reconocieron los pagos.
Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de esta asociación ilícita, cuyas tareas de recolección de coimas fueron documentadas por el exchofer del ministerio de Planificación Federal Oscar Centeno en ocho cuadernos, prueba documental clave contra los acusados.
Los empresarios pidieron ser excluidos del juicio y ser absueltos, a cambio de pagar una reparación económica. Ofrecieron entre 10 y 20 millones de dólares, pero la fiscal y la UIF se opusieron; ahora, el tribunal deberá resolver su situación. No es un tema menor porque de su decisión depende de tener un juicio con 50 acusados o un juicio con 100 acusados.
En la audiencia de ayer ni se mencionó el asunto de la “reparación integral” y, en cambio, los jueces compartieron algunas reglas de organización del megaproceso.
La presidencia del tribunal, actualmente en manos del juez Méndez Signori, será rotativa durante el proceso.
Según el acta de la audiencia, a la que accedió LA NACION, los jueces decidieron que el juicio será virtual, por Zoom, lo que soluciona el problema de conseguir una sala para albergar a 100 acusados, a sus abogados y a los funcionarios de la fiscalía y la UIF. No hay un auditorio así en los tribunales.
Hubo pedidos de algunos abogados y de la fiscal León que pidieron interrogar a los testigos e imputados de manera presencial. Lo mismo ocurrió con las declaraciones indagatorias que algunos empresarios prefirieron realizar en vivo ante los jueces.
El tribunal dijo que iba a contemplar estos casos. Pero bastará entones en esa circunstancia con una silla, colocada ante los jueces que estarán en el estrado de una pequeña sala y el resto de los letrados estarán conectados en un zoom. Hubo pedidos para que José López, exsecretario de Obras Públicas, declare de manera presencial.
El otro punto urticante de las reglas del juicio tiene que ver con la cantidad de audiencias que se celebrarán, pues esto afecta la duración de este megajuicio.
Los jueces establecieron que desde el inicio del juicio asta fin de año habrá una audiencia por semana de 9.30 a 13.30. En la feria judicial de enero no habrá juicio y desde marzo del año que viene sumarán un segundo día de debate.
Esto amenaza con prolongar el juicio por años. De hecho, algunos abogados defensores de los hombres más ricos de la Argentina argumentaron que el juicio podría durar hasta 25 años y que no les iba a alcanzar a sus acaudalados clientes ni la vida para terminarlo, ni el dinero para pagarles sus honorarios.
La Cámara de Casación ya intervino e instó al tribunal a que agilice el proceso.
Otro asunto que conspira contra la agilidad del juicio es la lectura inicial de los requerimientos de elevación a juicio, es decir, el escrito que resume la acusación.
La fiscal Fabiana León y la UIF pidieron la lectura integra de los requerimientos de elevación a juicio, aunque indicó que no tenía inconveniente en que no se leyeran los tramos que se repetían entre los requerimientos. La idea es el acceso público a la imputación.
En lo que no hubo acuerdo aún es a la hora de disminuir la lista de testigos. Los jueces quieren que las partes se pongan de acuerdo para achicar la lista y que sean al menos la mitad de los 600 previstos.
