Micaela Gacek denunció por fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito a diputadas por el cobro irregular de pensiones

La abogada Micaela Gacek, presentó una denuncia penal en el Juzgado Federal de Oberá contra las legisladoras del Partido Agrario y Social (PAyS), Blanca Alvez y Elisa Goring, por el cobro irregular de pensiones no contributivas por discapacidad. La presentación, realizada con el patrocinio letrado del abogado Sergio Ramírez, fue caratulada como “fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito”.

La decisión de acudir a la justicia se tomó tras un proceso en el que, según explicó la denunciante, se actuó con responsabilidad institucional. La situación venía siendo de público conocimiento, y se aguardó un tiempo prudencial para que las personas implicadas ofrecieran explicaciones claras y documentadas. Sin embargo, las declaraciones brindadas no solo resultaron incongruentes, sino que fueron acompañadas por un silencio abrumador del sector político que debería haber intervenido para esclarecer los hechos.

Desde ese contexto, se entiende que esta era una cuestión que primero debía haberse resuelto en el ámbito de la política, pero al no haber respuestas ni voluntad de actuar, se avanzó en la vía judicial. Gacek remarca que la denuncia no tiene motivaciones personales ni es un ataque hacia las personas involucradas, sino que responde a la necesidad de hacer valer los principios de legalidad y equidad en el acceso a los recursos públicos.

Uno de los hechos más relevantes denunciados es el caso de Elisa Goring, quien habría percibido una pensión por discapacidad hasta poco antes de asumir como diputada, renunciando al beneficio justo cuando se acercaba el momento de asumir la banca. La diputada Blanca Alvez también aparece como beneficiaria, al igual que la hija del intendente de Colonia Aurora, Carlos Goring. Estas coincidencias temporales y vínculos familiares refuerzan la sospecha de un patrón irregular en la asignación de pensiones.

La denuncia también apunta a un posible esquema de uso político de beneficios sociales, articulado desde el Partido Agrario y Social, espacio conducido por Héctor “Cacho” Bárbaro. Según se señala en la presentación, estos recursos —diseñados para asistir a personas en situación de discapacidad y sin medios de vida— habrían sido utilizados como herramienta de fidelización política, a través de un sistema de reparto discrecional vinculado al aparato partidario.

Además de la denuncia penal, Gacek pidió al Concejo Deliberante de Colonia Aurora que exija explicaciones al intendente Goring sobre el acceso a las pensiones por parte de su entorno familiar. También solicitó a la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública el listado de beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez en Misiones, con el objetivo de detectar posibles irregularidades o intermediaciones políticas.

Las pensiones por discapacidad son una herramienta de protección social clave, dirigida a personas en situación de extrema vulnerabilidad, y están reguladas por normas estrictas. La presunta utilización de estos beneficios por parte de figuras públicas o sus allegados, en condiciones que no se ajustan a lo que establece la ley, no solo afecta la transparencia institucional, sino que daña profundamente a quienes realmente necesitan esa ayuda.

Desde el entorno de la denunciante se plantea que lo que está ocurriendo es una expresión más de un modelo político que, durante años, ha transformado la asistencia social en una herramienta de poder. Casos como “Sueños Compartidos”, el desvío de fondos en Vialidad, los bolsos con dinero, o los movimientos sociales que exigían retornos a beneficiarios, forman parte de una misma lógica: transgredir las normas para acceder a recursos públicos. En este caso, se señala que incluso se ha construido una estructura política en torno a beneficios diseñados para personas con discapacidad.

Gacek sostiene que su acción no es más que el cumplimiento de un deber ciudadano. Advierte que la sociedad no debe confundir al mensajero con el problema, y que su única intención es visibilizar lo que muchos prefieren callar. Afirma que si nadie dentro del sistema político quiso intervenir, alguien debía hacerlo. Y esa fue su decisión: avanzar con las herramientas que permite la ley, en nombre de quienes no tienen voz.