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La fiscalía de La Matanza escuchó ayer a familiares directos de las víctimas del triple crimen que conmociona a todos. Padres y madres de Lara Fernández, Brenda del Castillo y Morena Verdi plantearon dudas sobre la calificación legal del caso, especialmente por la figura de la violencia de género como condicionante en las muertes, reclamaron que se investigue el posible rol de bandas narco de La Matanza y pidieron, al menos en el caso del progenitor de Brenda, que intervenga la Justicia Federal en este caso que está en manos de una unidad del Ministerio Público bonaerense especializada en homicidios.
En ese sentido, Leonel del Castillo, padre de Brenda, afirmó que aún no pudo reconocer el cuerpo de su hija, denunció un plan de encubrimiento y puso en duda el lugar donde se estableció que fueron asesinadas las jóvenes.
“No se me permitió reconocer el cuerpo de mi hija. Me hicieron firmar un papel de acta, es una vergüenza”, expresó el hombre visiblemente consternado ante la prensa, dijo que solo “le mostraron un brazo a la mamá”.
El padre de Brenda señaló que “están queriendo encubrir a alguien”, por lo que exigió que “la causa pase al fuero federal” y sugirió posibles nexos con el poder. “Dos más dos son cuatro. Estamos en La Matanza”.
Puso en duda, además, que los asesinatos hubiesen ocurrido en Florencio Varela, donde el último miércoles se encontraron los cuerpos mutilados y enterrados en el patio trasero de una casa. Reclamó que los investigadores pongan el foco en la villa Las Antenas, el asentamiento ubicado en Lomas del Mirador y asediado por la penetración del narcotráfico. Contó que el pasado fin de semana, mientras se buscaba a su hija y a las otras dos chicas, se llevaron adelante allí allanamientos a los que calificó de “ilegales” ya que –aseguró- “no hubo ni un solo empleado judicial” presente durante el operativo. También relató que observó discusiones entre policías de diferentes comisarías cuando se hizo el operativo de búsqueda en ese barrio de La Matanza.
Sobre su relación con su hija, el padre de Brenda recordó entre lágrimas: “Teníamos contacto, pero somos de carácter fuerte los dos. Lo que le diría en este momento es que la amo”. Y añadió: “Quiero que me muestren la verdad, porque yo no soy un chico, yo soy una persona que se reinsertó solo hace siete años. Soy un vendedor ambulante y no me da vergüenza decirlo”.
Por su parte, la madre de Lara no hizo declaraciones tras su encuentro con los fiscales, pero sus representantes legales aseguraron: “Pudo desahogarse y se pusieron a nuestra disposición“.
El encuentro con los fiscales ocurrió ayer, casi en simultáneo al lanzamiento del pedido de captura internacional contra Matías Agustín Ozorio, algunas horas antes de que se siguiese el mismo camino de alerta a Interpol sobre la orden de arresto que pesa sobre Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido con el apodo de Pequeño J y supuesto responsable del triple crimen.
“Es algo totalmente positivo, oportuno, para evitar intentos de fuga”, señalaron a LA NACION los abogados de la familia de la menor de 15 años asesinada.
Anoche, en tanto se conoció la detención de Lázaro Víctor Sotacuro, atrapado en la fronteriza ciudad boliviana de Villazón y que se convirtió en el quinto detenido.
Los familiares de las víctimas plantearon dudas sobre la carátula del caso, a la cual el fiscal Gastón Dupláa le agregó el concepto de “femicidio” antes de dar a un costado por motivos de competencia. Los abogados de la familia a Lara tomaron distancia de esa calificación: “No cuadra en este tipo de delito, no tiene correspondencia con los hechos. Lo hicieron para poder escudarse, fue un manotazo de ahogado que hubo a último momento. Lo más correspondiente sería una carátula de homicidio agravado por alevosía, por lo premeditado, por involucrar una menor de edad y por la cantidad de víctimas”.
De momentos, el mapa del caso –que mantiene el secreto de sumario– se encuentra borroso y con varios cabos sueltos. Como informó LA NACION, hasta el triple crimen de Florencio Varela, el sindicado traficante “Pequeño J” estaba fuera de los radares de los detectives policiales y judiciales que rastrean las bandas del narcomenudeo en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. “Todavía falta una prueba fundamental de que esto guarda relación con el narcotráfico, pero sí tiene relación con el modus operandi por el tipo ensañamiento, como un cartel de México o de Colombia”, sostuvieron abogados de la familia Gutiérrez.
