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Tras haber transcurrido 20 años del caso Skanska, uno de los primeros grandes escándalos de corrupción del kirchnerismo, la Justicia se apresta a emitir señales concretas de avance en esa dilatada causa. El fiscal federal Abel Córdoba pidió cinco años de prisión para el exministro de Obras Públicas Julio De Vido; para el exsecretario de esa cartera José López, y para el exgerente general de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa, entre un total de 30 imputados. Los acusa de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y cohecho pasivo, al tiempo que pidió el sobreseimiento de casi una veintena de empresarios.
En su presentación, la fiscalía dio por acreditada la existencia de un pacto entre funcionarios y determinados hombres de empresa para adjudicar las obras de ampliación de los gasoductos Norte y Sur a Skanska a cambio del pago de sobornos. Entre las evidencias suministradas se suman informes de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), llamadas telefónicas y emails internos de la empresa.
Precisamente, una prueba clave en este expediente, que fue convalidada por la Justicia, la constituyó una grabación de la propia Skanska, producto de una investigación interna, en la que un directivo de la firma admitía que se habían pagado sobornos, y la existencia de facturas truchas.
La definición tardía de este proceso resulta escandalosa no solo por el tiempo transcurrido, sino porque tristemente revela que en nuestro país puede pasar casi una generación antes de que un hecho de corrupción gubernamental llegue a juicio oral y se conozca el veredicto. Que delitos cometidos mientras se trazaban los cimientos del sistema de obra pública del kirchnerismo tarden tanto en ser juzgados no es solamente un problema judicial, sino un síntoma crónico de disfunción en una democracia donde el saqueo a las cuentas del Estado se volvió la estrategia preferida de cierta dirigencia que se cree impune y donde buena parte de la sociedad decidió hacer la vista gorda o no calculó la gravedad de naturalizar semejantes latrocinios.
Skanska fue el ensayo general de una vil matriz que se repetiría sistemáticamente: entrega de obra pública digitada para beneficiar a amigos o testaferros; licitaciones amañadas; sobreprecios, cuyos montos debieron hacer dudar hasta el menos avezado en cuestiones técnicas; facturas apócrifas; empresas cómplices, y funcionarios que sorteaban o anulaban los controles públicos en beneficio personal y sin ninguna consecuencia. La operación que siempre dio señales de ser tan burda como efectiva, sin embargo tardó dos décadas en llegar a juicio oral. Resulta inexplicable que haya pasado tanto tiempo sin justicia habiendo mediado una empresa extranjera que confesó haber pagado sobornos, grabaciones internas que probaban el delito y un tan nefasto como evidente sistema de contrataciones para simular transparencia, entre otros aspectos igualmente delatadores.
Es cierto que contamos con cierta legislación y estructura judicial que permiten -cuando no favorecen- la postergación indefinida de juicios. También resulta indiscutible que existe una aceitada trama de chicanas procesales utilizadas por los imputados para evitar ser juzgados, como recusaciones, planteos de nulidad, cambios de domicilio, excusas de todo tipo e infinidad de discusiones sobre la validez de pruebas. Todo ello no hace más que dilatar los procesos y permite que la impunidad se enseñoree.
Que los imputados tengan derecho a defenderse no habilita a transformar el proceso penal en un campo minado de planteos cuya finalidad es eludir la condena. El caso Skanska lleva dos décadas sin sentencia, un ejemplo escandaloso que fue seguido por innumerables actos delictivos contra el Estado, aún a la espera de un pronunciamiento judicial
Que los imputados tengan derecho a defenderse no habilita a transformar el discurrir del proceso penal en un campo minado de planteos cuya única finalidad es eludir la condena. Es un uso abusivo de las garantías que otorga el Estado de Derecho. Más aún, el éxito de estas maniobras ha enviado otro mensaje nefasto durante años: quien cuenta con poder o algún tipo de protección político-judicial es posible que se garantice impunidad o que el castigo penal le llegue tan tarde que ya no tenga el efecto debido.
No es ilógico ni temerario suponer que la falta de justicia en este emblemático caso inicial haya sembrado el terreno para los que vinieron después. ¿Por qué los corruptos habrían de temer ser condenados si uno de los primeros escándalos ni siquiera llegaba a juicio? Hoy muchos de los nombres vinculados a Skanska -como Julio De Vido y José López- aparecen en otros juicios igualmente graves. Insistimos en que Skanska no fue un hecho aislado; fue el punto de partida, la nefasta “invitación” a seguir cometiendo delitos contra la administración pública y pretender salir indemnes.
Está previsto que próximamente empiecen a conocerse veredictos en este y en otros casos resonantes como el programa Fútbol para Todos y la compra de gas natural licuado.
Entre los expedientes en los que se encuentra imputada la expresidenta Cristina Kirchner figuran la causa conocida como cuadernos de las coimas, Hotesur-Los Sauces y el encubrimiento por el memorándum con Irán.
En todos ellos se acumulan gravísimas acusaciones contra altos exfuncionarios de los gobiernos kirchneristas. Por caso, además de De Vido y López, el exministro Aníbal Fernández y el exjefe de Gabinete Jorge Capitanich aparecen en la causa Fútbol para Todos.
Es sabido que se deben respetar los tiempos del debido proceso. Se trata de un argumento válido en el plano formal, pero que deviene insostenible cuando se transforma en excusa para justificar la parálisis judicial. El respeto por las garantías no puede ser sinónimo de inacción. El equilibrio entre derechos procesales y la necesidad de justicia efectiva es lo que define a una democracia sólida.
La expectativa no puede ser otra que la exigencia de ejemplaridad. La sociedad necesita urgentemente confirmar que el que las hace debe pagarlas y que, como suele decirse, justicia tardía no es justicia. Procesar con celeridad no es ceder a presiones de ningún tipo ni contentar a espíritus punitivistas, como se quiere hacer trascender, sino cumplir con el mandato esencial del Poder Judicial, que no es otro que el de impartir justicia en tiempo y forma. Está en juego no solo la responsabilidad de un grupo de delincuentes, sino la credibilidad misma de nuestras instituciones.
