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El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz quedó envuelto en una situación sin precedentes: después de que su presidente ratificó la validez del juramento tomado a dos nuevos integrantes elegidos por el gobierno provincial, los cuatro vocales de la máxima instancia judicial provincial desconocieron dicho procedimiento y pidieron la nulidad del acto. Las nuevas designaciones responden a la ampliación del TSJ aprobada por la Cámara de Diputados. La administración de Claudio Vidal habla de una “violación a la división de poderes”. Este jueves una jueza de familia dictó otra medida cautelar para pausar las designaciones.
“Se necesita una justicia independiente”, fue la respuesta que dio el gobierno de Claudio Vidal a Clarín cuando se consultó la motivación para avanzar en la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de cinco a nueve miembros.
La explicación lleva añadido otros datos: “la justicia santacruceña fue manejada durante décadas por el kirchnerismo y necesitamos otro modelo de justicia, un TSJ de nueve miembros responde a la letra de la normativa aprobada por la Cámara de Diputados y promulgada por el gobernador Vidal”.
La ley que modifica la integración del máximo órgano judicial de Santa Cruz se aprobó en la Cámara de Diputados y una vez promulgada por Vidal, el Poder Ejecutivo avanzó en la remisión de las ternas para cubrir cuatro cargos más y así, llegar a la nueva integración: nueve miembros.
Cuando los nombres de los candidatos a cubrir esos puestos fueron enviados por Vidal, se dictó una medida cautelar para impedir que la comisión de Acuerdos apruebe las ternas. Sin embargo, se procedió de igual manera hasta punto tal que el presidente del TSJ, el juez Mauricio Mariani, no sólo tomó juramento a los candidatos del Gobierno, sino que días después ratificó la validez del acto institucional.
Acevedo, el ex gobernador que no avaló negocios de Báez
Uno de ellos es Sergio Acevedo, ex gobernador de Santa Cruz quien renunció a su cargo después de negarse a pegar un anticipo del 30% a Lázaro Báez por una ruta que como otras 24 de las 51 que irregularmente le fueron adjudicadas, no terminó. El segundo candidato es José González Nora, funcionario judicial de carrera en la ciudad de Caleta Olivia, al norte de la provincia.
La medida cautelar la dictó el juez Marcelo Bersanelli, quien intervino como abogado de Cristina Kirchner en una serie de presentaciones vinculadas a los allanamientos y tasaciones de los bienes que pertenecen a Los Sauces, la inmobiliaria investigada por lavado de dinero. Por ese caso tanto la ex presidenta como Máximo Kirchner, enfrentarán el juicio oral en 2026.
Cuando transcurrieron pocos días desde la ratificación del presidente del Tribunal Superior de Justicia, los cuatro vocales que integran el máximo órgano judicial de Santa Cruz firmaron una resolución a través de la cual rechazan la jura y posterior ratificación de Acevedo y González Nora, pidiendo la nulidad de todo lo actuado.
Ese documento publicado en redes sociales fue firmado por Alicia de los Ángeles Mercau, quien trabajó para Carlos Zannini durante años en suelo santacruceño. También firmó Paula Ludueña, quien fue la abogada defensora de Daniel Varizat, el ex funcionario kirchnerista que en 2007 atropelló a un grupo de docentes en pleno conflicto estatal y luego adujo que «actuó en legítima defensa».
También firmó Reneé Fernández, quien se desempeñó como asesora de la secretaría Legal y técnica cuando Néstor Kirchner fue gobernador. Además, fue apoderada y fiscal general del Frente para la Victoria. Cuando juró como integrante del TSJ, el gremio y otras organizaciones rechazaron su designación.
La cuarta firma pertenece a Fernando Basanta, quien integró el TSJ durante la gobernación de Alicia Kirchner: fue de hecho, su Ministro de Gobierno pero además, se trata de un ex funcionario vinculado a La Cámpora.
Su designación no escapó al escándalo público: no cumplía con uno de los requisitos que era la cantidad de años de ejercicio de la abogacía en la provincia.
Con vínculos con la política kirchnerista, los cuatro vocales del Tribunal Superior de Justicia afirman que el presidente Mauricio Mariani procedió de manera unilateral
sin tener en consideración la opinión de los vocales, que se opusieron desde un primer momento a la designación de los nuevos integrantes.
“Ante los hechos de público conocimiento el Tribunal Superior de Justicia resuelve declarar la nulidad absoluta e insanable de la Resolución de Presidencia reglamentada. Se reiteran y mantienen en todos sus términos lo resuelto por este cuerpo en cuanto a no ratificar las resoluciones de presidencia que dispusieron la toma de juramento de los Dres. Sergio Edgardo Acevedo y José Antonio González Nora”, dice el comunicado de prensa.
Para los vocales del TSJ, los juramentos prestados “carecen de toda validez y efecto jurídico” y en consecuencia los candidatos del Gobierno “no se encuentran investidos como Vocales de este Tribunal Superior de Justicia”.
“El ejercicio de la Presidencia de este Alto Cuerpo no constituye una jerarquía de poder absoluto, sino una función cuyo sustento primordial es la confianza institucional, y si bien es el Presidente el depositario de la representación formal de la institución, sus actos no pueden ser interpretados como meramente personales, sino que por el contrario deben ser un fiel reflejo de la voluntad colegiada del órgano que representa”, señala el documento.
Actuar, continuaron diciendo los vocales, “de forma unilateral en materias que comprometen la juridicidad de los actos más trascendentales del Tribunal, como sería dotar de investidura a los miembros que podrían integrar el Alto Cuerpo, es un exceso de las facultades para las cuales se lo instituyó en el ejercicio de la Presidencia”.
«Una crisis total de difícil solución»
Ante la consulta de Clarín, fuentes judiciales de la provincia indicaron que se está ante una “crisis total de difícil solución”. A eso debe sumarse una nueva cautelar que dictó una jueza de familia -Cecilia López-, quien suspendió las resoluciones de la Cámara de Diputados que aprobaron los pliegos y los posteriores decretos de designación que habilitaron la jura.
Desde la administración de Vidal hablan de “un conflicto de poderes. La base de la discusión es el proyecto de ampliación del TSJ que fue aprobada por la Cámara de Diputados y que busca tener una justicia no colonizada por el kirchnerismo, sino una justicia independiente”, señalaron a este medio fuentes oficiales.
Bajo esa misma línea argumental, la gobernación entiende que contar con un TSJ de nueve miembros “generará mayor equilibrio, siendo que hay cinco integrantes nombrados por otros gobiernos todos ellos kirchneristas”. De hecho, se recordó que Mariani asumió en reemplazo de Carlos Zannini en 2003, cuando dejó su cargo para desempeñarse como Secretario Legal y Técnico de la Presidencia nacional.
El capítulo está abierto, y mientras la jueza pide informes en 48 horas al Poder Ejecutivo y al Legislativo, el gobierno considera que son válidos los juramentos discutidos por los otros cuatro integrantes del TSJ.
