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Un libro contable elaborado por el Bank of America registra una transferencia de 200.000 dólares destinada al actual diputado y candidato José Luis Espert (La Libertad Avanza) que partió de la estructura empresarial vinculada a Federico “Fred” Machado, acusado en Estados Unidos de fraude, conspiración para traficar drogas ilícitas y lavado de dinero.
La documentación, que obtuvo LA NACION en bases de datos oficiales de Estados Unidos, fue incorporada como evidencia en el juicio celebrado en Texas en el que resultó condenada Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, en 2023. Coincide con la información que usó el dirigente peronista y también candidato Juan Grabois cuando denunció a Espert en la justicia federal de San Isidro. Grabois sostuvo en su presentación judicial del viernes pasado que en un “libro contable secreto” en poder de los tribunales de Estados Unidos figuraba la referencia a este giro de 200.000 dólares.
LA NACION cotejó los archivos judiciales del Estado de Texas en los que figura la transferencia a Espert, entre miles de registros contables. Corresponde al 22 de enero de 2020, antes de que se revelara que Machado era buscado por la justicia norteamericana.
La contabilidad del Bank of America (BofA) añade precisiones hasta ahora desconocidas sobre los bancos por los que pasó el dinero hasta llegar a una última instancia en la que se consigna que debe girarse el dinero a José Luis Espert. Junto al nombre del diputado, figura el código N28FM, que se corresponde con la matrícula del avión privado que Machado le prestó a Espert para su campaña presidencial de 2019.
Espert admitió haber volado en un avión y circulado en una camioneta blindada propiedad de Machado, pero el miércoles wse negó una y otra vez a confirmar o desmentir si había recibido una transferencia por 200.000 dólares que, de ser así, no declaró ante la justicia electoral ni ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). LA NACION volvió a consultar a Espert para esta nota, pero no obtuvo respuesta.
La documentación que obtuvo LA NACION consta en el expediente criminal 4:20-cr-00212-ALM-BD, que se conoce como “USA v. Mercer-Erwin et al.”, y se tramitó desde el 12 de agosto de 2020 ante el juez federal Amos Mazzant, quien ascendió luego a magistrado principal del Distrito Este de Texas.
El material del BofA fue evaluado por las partes, admitido en juicio, defendido por un experto de la entidad bancaria y evaluado ante el jurado, que condenó a la socia de Machado en mayo de 2023. La halló culpable de cuatro de los siete cargos que afrontó: conspiración para facilitar el narcotráfico, importación de cocaína, lavado de activos y conspiración para infringir las registraciones de aeronaves en Estados Unidos.
La hija de Mercer-Erwin, Kayleigh Moffet, también afrontó problemas judiciales y terminó contra las cuerdas. Pero evitó el juicio oral. Se declaró culpable de conspirar para lavar activos y de conspirar para infringir las leyes de exportación de Estados Unidos, por lo que afrontó una sentencia a cinco años bajo “probation”.
De acuerdo a los documentos y planillas del BofA, el 22 de enero de 2020, Mercer Erwin emitió por orden de Machado una transferencia saliente por 200.000 dólares que se procesó a través de una “cash payment order”.
En el camino de los fondos, según el documento, aparecen una plataforma de operaciones con criptomonedas (OKX), Cash Pro (plataforma de banca digital del Bank of America) y los bancos Citibank y Morgan Stanley. El giro figura como realizado por Wright Brothers Aircraft Title Inc, empresa que pertenecía a Mercer-Erwin y cuya contabilidad llevaba el Bank of America.
La constancia de la transferencia destinada a Espert integra la llamada “Evidencia 45a”. La Fiscalía logró incorporarla al expediente el 9 de septiembre de 2023, en el “docket 495”, como material de prueba que quería utilizar durante el juicio oral. A pesar de la objeción de la defensa, la aceptó la Corte, que subió el documento completo a la página oficial de Internet (“Pacer”) el 26 de febrero de 2025, como adjunto del “docket 554”.
Pacer (Public Access to Court Electronic Records) es el sistema de acceso público a los registros electrónicos de los tribunales federales de Estados Unidos. De acceso libre, aunque con registración previa, permite encontrar expedientes de la Justicia federal de aquel país por su número o por las partes intervinientes y acceder a su contenido –previo pago de 10 centavos de dólar por carilla a leer-, siempre que no se encuentre bajo secreto de sumario o se haya dispuesto su reserva por motivos puntuales.
De acuerdo a la planilla que integra la evidencia “45a”, cuya autenticidad y solidez explicó ante la Corte un experto del Bank of America llamado Jeffrey Jackson, los 200.000 dólares que Machado envió a una cuenta intermediaria debían acreditarse, en última instancia, a Espert. En el registro, antes de su nombre, aparece el número 852017501, que podría ser la identificación de una cuenta.
Citado a testificar, Jackson explicó que el Bank of America crea ese tipo de planillas por protocolo, en el momento o cerca del momento en que se registra cada movimiento, que lo hace alguien con conocimiento de lo que debía quedar documentado, y que es “práctica regular” de la entidad hacer y mantener este tipo de registros.
El circuito bajo la lupa
El esquema que revelaron los fiscales estadounidenses liderados por Ernest González combinaba la compra y venta de jets y helicópteros mediante empresas de fachada, contratos fiduciarios y cuentas “escrow”, a través de las cuales se movieron millones de dólares. Machado, junto con Mercer-Erwin y otros, fue acusado de haber utilizado este entramado no sólo para desarrollar negocios legítimos de aviación, sino también para blanquear dinero vinculado al narcotráfico.
En ese contexto, las transferencias que recabó la fiscalía con el apoyo de BofA y de la consultora Deloitte adquirieron un valor probatorio central para condenar a Mercer-Erwin y requerir a la Argentina la extradición de Machado: cada instrucción de “further credit to” permite rastrear quiénes fueron los destinatarios finales de los fondos. Allí es donde consta el nombre de Espert, no como comprador o vendedor de aviones, sino como receptor de un giro.
Según surge del registro contable y bancario, la transferencia emitida a nombre de Espert no fue anulada. La orden de pago quedó registrada como válida y efectiva. Es decir, el giro de 200.000 dólares cumplió con todos los pasos bancarios y terminó su recorrido en la cuenta dispuesta por quien ordenó la transferencia.
La cronología del caso
Mercer-Erwin, su hija, Machado y otras cinco personas fueron acusadas por un gran jurado en 2020. Pero según las pruebas del juicio, siguieron operando hasta septiembre de ese año, ocho meses después de la transferencia destinada a Espert.
La causa de la justicia federal estadounidense comenzó en 2019 a raíz de un trabajo periodístico del canal de televisión WFAA, de Dallas, Texas, que abrió una investigación para averiguar qué había detrás de un dato insólito: en Onalaska, un pueblo tejano de menos de 3000 habitantes, estaban registrados ese año 1042 aviones. Más que en Seattle (1012) o New York City (590), y Onalaska no tiene siquiera aeropuerto.
Los aviones de Onalaska habían sido registrados por un fideicomiso que controlaban Mercer-Erwin y Machado. Así se podía mantener ocultos a los verdaderos dueños de las aeronaves. La justicia estadounidense corroboró que toneladas de cocaína entraron en aviones de Aircraft Guaranty, tal era el nombre con el que se presentaba la firma, a los Estados Unidos.
Pero además, según la justicia norteamericana, Mercer-Erwin y Machado montaron un esquema Ponzi con el que estafaron a inversores que creían estar comprando aviones que en realidad no existían o no estaban operativos.
Según la fiscalía de Estados Unidos, los registros del Bank of America y la contabilidad paralela llevada por Machado y Mercer-Erwin permitieron reconstruir que ella se hizo de 4,9 millones de dólares con estas maniobras y Machado, con 75 millones.
La abogada del Estado dijo en el juicio, cuando sostuvo la acusación de conspiración para el narcotráfico contra Mercer-Erwin: “¿Tocó ella alguna vez un kilo de cocaína? No, no lo hizo, pero violó la confianza de la FAA [Administración Federal de Aviación] cuando era propietaria fiduciaria de estos aviones e hizo la vista gorda y no fue confiable; y los aviones cayeron en manos de personas que abusaron de ellos e importaban cocaína al país”.
Machado, como su exsocia, está acusado también de haber integrado “asociaciones delictuosas” destinadas al narcotráfico, lavado de dinero y fraude.
Fue detenido el 16 de abril de 2021 por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la ciudad de Neuquén y un día después, el juez federal Gustavo Villanueva dispuso su arresto preventivo. Desde entonces, está preso a la espera de que se defina si lo extraditan a los Estados Unidos.
El 12 de abril de 2022, Villanueva, titular del juzgado federal 2 de Neuquén, declaró “procedente la extradición” de Machado, que recurrió ese fallo. El 4 de abril de 2023, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó en favor de la extradición y el caso quedó en condiciones de ser resuelto por la Corte Suprema, que dos años y cuatro meses después -el 21 de agosto pasado- volvió a remitir el caso al juez de Neuquén porque la defensa de Machado había presentado un escrito, el 29 de noviembre pasado, en el que había alegado que una sentencia en favor de la hija de Mercer-Erwin en los Estados Unidos podría hacer caer las acusaciones de “conspirancy” en su contra. El abogado de Machado es Francisco Oneto, el abogado personal del presidente Javier Milei.
La Corte le indicó al juez de Neuquén que, vía la Cancillería, le pida a la justicia estadounidense que le informe sobre el fallo que supuestamente pondría en jaque los argumentos para la extradición. Machado se garantizó así que logrará resistir un buen tiempo más su traslado a los Estados Unidos.
