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ROSARIO. “Vos sos sapo, ¿no?”. No era una pregunta, sino una sentencia a muerte. A Brian Giménez, de 24 años, apodado “Paraguayo”, lo habían maniatado con un cable; estaba amordazado, sentado en una silla de plástico en el patio de una casa tomada por la banda narco que dirigía gente del expiloto peruano Julio Rodríguez Granthon en el barrio La Bombacha, en el extremo noroeste de esta ciudad.
Colocado justo frente a Giménez, un celular transmitía en tiempo real la imagen de Brian Emanuel Villalba desde la cárcel de Piñero; lo llaman “Negro” y es considerado jefe de los sicarios de “El Peruano”. La videollamada no era casual: era el canal por el que el 3 de octubre de 2022 se impartió la orden para asesinar a Giménez. Un disparo en la cabeza puso fin a ese diálogo. Giménez cayó hacia un costado. La silla quedó en pie, y el cadáver terminó en el piso, como mensaje, en una zona que en ese momento estaba absorbida por la violencia.
En 2022, Rosario vivió el año más violento de su historia, con 287 homicidios dolosos, una cifra que superó el récord anterior, de 2013. La mayoría de aquellos crímenes estuvieron vinculados a las tensiones entre bandas narco que se disputaban el control territorial del narcomenudeo.
El 89% de los asesinatos se cometieron con armas de fuego, lo que reveló el uso sistemático de sicarios y ejecuciones como método de resolución de conflictos. La tasa de homicidios fue de 22,1 cada 100 mil habitantes, cinco veces más alta que el promedio nacional, y se triplicó el número de mujeres víctimas, muchas de ellas asesinadas en el marco de venganzas narco.
El crimen de Brian Giménez se inscribió en ese escenario de fragmentación criminal y gerenciamiento del crimen desde las cárceles. La guerra entre la banda de Brian Villalba, jefe de los sicarios de Rodríguez Granthon, y la de Los Menores, liderada por Matías Gazzani –el prófugo más buscado de Santa Fe–, fue una de las más sangrientas de ese año, focalizado en barrios como Stella Maris, 7 de Septiembre, Emaús y La Bombacha.
En ese momento a la organización “Los Menores” nadie le daba la relevancia que después adquirió. El lugarteniente de Gazzani, Lisandro Contreras, fue detenido en diciembre pasado en Tigre, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, acusado de integrar una asociación ilícita.
En el momento en que Rosario sangraba por los crímenes en 2022, las cárceles funcionaban como centro de mando y las ejecuciones eran herramientas de control. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se reunió en Rosario en mayo de 2022, en un gesto inédito que reflejó la gravedad de la situación, mientras el Gobierno nacional enviaba refuerzos federales y la provincia cambiaba tres veces de ministro de Seguridad en un intento de contener una violencia que ya era estructural.
En La Bombacha, los búnkeres eran parte de la rutina. El territorio estaba bajo control de la organización de Villalba, que operaba desde prisión con una estructura aceitada. Sicarios, soldaditos, punteros, mujeres que oficiaban de pantalla. Todo funcionaba como una franquicia del crimen. Y Giménez, según la causa judicial, era parte de ese engranaje.
Un mes antes del asesinato, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) había allanado el mismo búnker donde mataron a Giménez. En ese operativo fueron detenidos José Luis “Negro Caravana” Lator y su pareja, Susana B., con casi cien envoltorios de cocaína. La versión que circuló en los pabellones de Piñero fue que Giménez había “colaborado” con la policía. Que había sido “sapo”, el batracio que en la jerga narco equivale a “traidor”.
Del hecho al castigo
La ejecución fue ordenada por Villalba en tiempo real. El autor material del disparo fue César Alberto Villalba, pariente del instigador. El juicio oral, realizado tres años después, reconstruyó la secuencia con testimonios, escuchas y registros de llamadas.
La videollamada fue clave. No hubo margen para dudas: fue una ejecución planificada, transmitida y ejecutada como parte de una lógica de control territorial del narco. Pero el crimen de Giménez no fue solo una represalia. Fue también un movimiento en una guerra más amplia.
Villalba disputaba territorio con la banda de Los Menores, liderada por Gazzani, un joven prófugo con una recompensa de $70.000.000 por datos que conduzcan a su captura. La guerra entre ambas facciones dejó más de treinta muertos en dos años, muchos de ellos ajenos al conflicto. Los barrios Stella Maris, 7 de Septiembre y Emaús se convirtieron en campos de batalla. Y La Bombacha, donde mataron a Giménez, era uno de los puntos calientes.
Giménez no era un simple soldadito. Según fuentes judiciales, había tenido vínculos con Rodríguez Granthon, operador narco de origen peruano que había sido detenido en 2021.
Granthon era señalado como proveedor de cocaína para varias bandas locales, entre ellas, la de Villalba. Giménez habría sido uno de sus contactos en el barrio, encargado de recibir y distribuir la droga. Su rol lo ubicaba en una posición intermedia: no era jefe, pero tampoco prescindible. Y eso lo hacía vulnerable. Granthon está detenido actualmente en un pabellón de alto perfil, en aislamiento en el penal de Ezeiza.
A pesar de estar detenido desde 2013, Villalba mantuvo el control de su organización criminal, capitaneó desde la celda la expansión de las operaciones de su banda y protagonizó una guerra territorial con las huestes de Matías Gazzani. En ese contexto, ordenó el asesinato de Brian Giménez en 2022 mediante una videollamada desde el pabellón 9 de Piñero, lo que demuestra su capacidad de mando desde prisión y su rol como instigador de múltiples hechos violentos.
Brian Villalba está preso desde hace 12 años en el penal de Piñero por el asesinato de Cristian Ramón Ríos, ocurrido en el barrio Hostal del Sol de Rosario. El crimen, cometido con arma de fuego, marcó el inicio de su trayectoria como jefe narco y sicario. La sentencia, dictada en junio de 2017 y confirmada por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en mayo de 2018, incluyó también cargos por robo agravado, encubrimiento y amenazas coactivas, y le impuso una pena de 18 años y 6 meses de prisión efectiva.
El juicio por el crimen de Giménez terminó la semana pasada. Y Brian Villalba fue condenado a 23 años como instigador, que se unificaron con penas anteriores en 46 años de prisión efectiva. César Villalba recibió 26 años como autor material.
