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Investigan responsabilidades por la muerte de un obrero en una obra en construcción sobre Avenida Brasil
foto: actualizate iguazu
Un trágico accidente ocurrido en una obra en construcción ubicada en Avenida Brasil 80, Puerto Iguazú, derivó en una investigación judicial que apunta a la empresa constructora y a funcionarios municipales, ante las presuntas irregularidades detectadas.
El hecho ocurrió el sábado 6 de septiembre, cuando un obrero (Javier Jesús González) cayó de un andamio en la mencionada obra. Según fuentes cercanas al caso, el trabajador fue trasladado por sus propios compañeros en una camioneta particular, lo que habría agravado su delicado estado de salud. Tras agonizar durante varios días, el hombre falleció el 23 de septiembre.
Posterior al accidente, la obra recibió una inspección de la Dirección de Seguridad e Higiene, a cargo de una profesional enviada desde Posadas. La auditoría reveló graves irregularidades: la obra no contaba con habilitación, carecía de documentación exigida, ni disponía de medidas de seguridad adecuadas, lo que, según los especialistas, podría haber evitado el fatal desenlace.
Otro dato que complica el caso es que la ART fue contratada recién tres días después del accidente, lo que plantea un posible incumplimiento de las normativas laborales vigentes.
El hecho tomó mayor trascendencia pública cuando, durante la última sesión del Concejo Deliberante, el concejal Alejandro Verón cuestionó la falta de controles municipales a través de la Dirección de Obras Privadas y Seguridad e Higiene.
En este contexto, el abogado Fabián de Sá, representante de la familia del obrero fallecido, anunció que presentará una denuncia con pedido de detención contra dos funcionarios municipales, a quienes considera responsables por no garantizar los controles correspondientes.
El caso avanza en tres frentes:
- Responsabilidad penal, por la muerte del trabajador.
- Responsabilidad civil, respecto a los daños y perjuicios a la familia.
- Cobertura de la ART, que está bajo revisión debido a la irregularidad en la contratación.
La tragedia expone la falta de controles y medidas de seguridad en obras privadas, y podría derivar en sanciones tanto para la empresa constructora como para los organismos que debían fiscalizar el cumplimiento de las normas.
