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La Justicia rechazó el pedido de la comisión investigadora del caso $Libra para hacer comparecer por la fuerza pública a cuatro funcionarios y la decisión -que será apelada- obliga a dilatar la citación de la secretaria de le Presidencia, Karina Milei.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi -quien lleva la causa que investiga al presidente Javier Milei por el criptoescándalo, cuando recomendó una inversión por la red X y terminó en un fraude- rechazó por “improcedente” el pedido de auxilio de la fuerza pública solicitado por los legisladores para efectivizar el comparecimiento de los titulares de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, y de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, además de la responsable de la Unidad de Investigación que creó el Poder Ejecutivo por el tema, María Florencia Zicavo, y el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Emilio Silva.
En la reunión de este martes, los diputados ya informaron que van a apelar la decisión, exigiendo premura puesto que la comisión tiene plazo hasta el 10 de noviembre para concluir su dictamen.
Sin embargo, aclararon que no pueden seguir pidiéndole a la Justicia el auxilio por la fuerza pública para el resto de los testigos que quieren citar hasta que no se resuelva la apelación ante la Cámara Federal por estos primeros cuatro.
Esto demora la citación de Karina Milei, quien ya faltó a las dos fechas que los diputados le habían impuesto y no respondió a la propuesta de que ella elija el día y horario.
«La sentencia tiene una contradicción esencial, un exceso de jurisdicción y arbitrariedad», sentenció el presidente de la comisión $Libra, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).
Las principales críticas contra De Giorgi giraron en torno a que a pesar de que consideró que su Juzgado no tiene competencia para resolver el pedido se manifestó en contra de esas citaciones. «De considerarse incompetente debiera haberse inhibo y abstenerse de emitir valoraciones de fondo. La resolución constituye un precedente lesivo para el principio de división de poderes y para los fueros parlamentarios que resguardan la independencia funcional del Poder Legislativo», concluyó Ferraro.
En esa línea varios sugirieron un «encubrimiento» de la Justicia. «Comodoro Py se muestra muy permeable al poder, sea cual sea la ideología del poder», señaló el diputado radical y ex juez Fernando Carbajal, quien consideró que hay «ocultamientos en el Gobierno y en el fiscal Taiano que son es escandalosos».
«Hay una inacción de la Justicia. Se están cubriendo ellos mismos», sentenció por su parte la lilita Mónica Frade.
El diputado Juan Marino (UP) incluso mencionó la posibilidad de denunciar ante el Consejo de la Magistratura el «recurrente y sistemático bloqueo al trabajo de la comisión».
La última vez que se pidió auxilio a la Justicia fue en 2022, en el marco de la comisión de Juicio Político contra los miembros de la Corte Suprema. En ese entonces el juez Ariel Lijo fue quien obligó al ex director de la Obra Social judicial Aldo Tonon a asistir a la citación del Parlamento después de tres faltazos.
La sub-comisión se reunirá con Casal
La comisión $Libra organizó una sub-comisión -con un grupo reducido de legisladores- que originalmente le habían pedido una reunión a la jueza federal María Servini y al fiscal federal Eduardo Taiano.
Pero como el juez Ariel Lijo declaró la incompetencia de su colega María Servini y remitió la investigación del “caso $LIBRA” al juez Marcelo Martínez de Giorgi, los diputados le solicitaron a él el encuentro que se concretó este martes. En las casi dos horas de reunión le solicitaron acceso a la causa.
Concretamente, le requerirán por escrito: copia de las actuaciones a la fecha, los informes periciales informáticos realizados, los informes remitidos por el BCRA y la CNV, entre otra documentación de interés para el objeto de investigación de la Comisión, tales como los informes de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) y de la Oficina Anticorrupción (OA).
Según informaron diputados de la comisión, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, les respondió que el informe de la OA «ya no lo tienen».
Por otra parte, el fiscal Taiano les negó el acceso a la causa que investiga porque el proceso se encuentra en plena «instrucción». Por eso, los legisladores acudieron al jefe de los fiscales, el procurador Eduardo Casal, quien les dio fecha de audicencia para el miércoles de la semana que viene.
