La Cámara de Representantes de la Provincia aprobó el último jueves la Consolidación Normativa 2025, que reúne y actualiza las leyes vigentes del ordenamiento provincial y consolida las sancionadas durante el LIII Período Legislativo. “El Digesto es mucho más que una base de datos. Es una política pública sostenida, que une conocimiento técnico, decisión política y compromiso social”, expresó la secretaria legislativa a cargo del Digesto Jurídico, Silvana Pérez.

Con esta actualización, el Digesto Jurídico Provincial alcanza 1.503 leyes vigentes, revisadas y organizadas según los criterios de análisis normativo, documental y epistemológico, que aseguran coherencia y vigencia. El proceso se enmarca en la Ley 4465, que creó el Digesto Jurídico, y en la Ley IV–57, que establece la consolidación anual del ordenamiento legal de la provincia.

Entre las herramientas desarrolladas se destacan la base de datos digital, que identifica la autoridad de aplicación de cada norma, las leyes que requieren reglamentación y las invitaciones a adhesión municipal; y el sistema de remisiones externas, que permite actualizar automáticamente las referencias entre leyes. A su vez, las efemérides normativas mensuales y el registro de adhesiones a leyes nacionales promueven la participación ciudadana y el conocimiento público de la legislación vigente.

“Este trabajo refleja una forma de gestión del conocimiento que combina rigurosidad técnica y accesibilidad para todas las personas”, expresó la doctora Silvana Pérez. La revisión y consolidación de normas está a cargo de la directora del Digesto Jurídico Yamile Yapur Frey,y un equipo de abogadas. 

Calidad institucional 

Desde 2022, todos los procesos del Digesto Jurídico Provincial están certificados bajo la norma ISO 9001:2015, sin observaciones ni no conformidades. El sistema de calidad recibió reconocimientos por la satisfacción de los usuarios y por la innovación que representan los 18 compendios temáticos, elaborados en articulación con organismos, universidades y colegios profesionales.

Estos compendios agrupan la legislación por áreas —desde salud y cambio climático hasta educación superior—, brindando herramientas ágiles para el acceso y la investigación jurídica.

En los últimos años de trabajo se completaron los digestos del Eprac y del Instituto Nacional de la Yerba Mate, y se avanza con los del Sipted, la Contaduría General, el Tribunal Electoral, Catastro y la Facultad de Ciencias Económicas de la Unam.

En paralelo, 46 municipios de la provincia desarrollan sus propios digestos locales, con acompañamiento técnico y capacitaciones en técnica legislativa. “Cada municipio que logra ordenar su normativa da un paso hacia una gestión más eficiente y previsible. Este no es un punto de llegada, sino el de partida de una práctica constante”, destacó Pérez.

Asimismo, la Secretaría impulsa espacios de formación junto al Infogep, universidades y colegios profesionales, para fortalecer el uso del Digesto y promover la actualización permanente de los equipos técnicos y legislativos. Estas instancias garantizan que el orden jurídico provincial no sea solo un instrumento institucional, sino también una herramienta viva al servicio de la ciudadanía.