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El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, advirtió que tiene frenada una auditoría sobre las 37 toneladas de oro que el Banco Central (BCRA) envió a Londres hace poco más de un año porque el titular de la entidad, Santiago Bausili, le retacea información con el argumento de que se trata de un asunto confidencial.
“El intercambio de notas (con el BCRA) ya se ha agotado. No podemos avanzar con la auditoría, no podemos saber dónde está específicamente el oro, qué interés está rindiendo, si es que está rindiendo algún interés. Tampoco sabemos si se han pagado seguros de traslado, cuánto se ha pagado, si se han pagado comisiones –indicó Olmos-. Ante nuestras requisitorias el BCRA nunca dejó de contestar, pero sí interpone excusas para no contestar.”
El jefe de la Auditoría planteó esta situación hace un par de semanas atrás ante la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, que preside Miguel Pichetto (Encuentro Federal). Advirtió que, al estar demorada la conformación del nuevo colegio de auditores por falta de acuerdo en el Congreso, él está impedido de realizar una presentación judicial sobre el caso.
Ante esta imposibilidad, los legisladores que integran la Comisión Mixta evalúan citar a Bausili o bien intimarlo para que responda a las requisitorias de la AGN. Empero, admiten que el tema no es sencillo pues el Banco Central se escuda en la confidencialidad del asunto para no ofrecer la información correspondiente.
“Nadie quiere lesionar el interés nacional, pero lógicamente que tiene que haber información por parte del Banco Central, la cual deberá utilizarse de la manera más responsable posible”, replicó Pichetto.
Olmos sostiene que el argumento del BCRA suena más bien a excusa. “Nadie discute el carácter reservado y confidencial de algunas cuestiones que se manejan en el Banco Central pero esto no alcanza al órgano auditor, que es la AGN. No es la primera vez que auditamos esta entidad y en situaciones análogas siempre se ha respetado la confidencialidad solicitada”, replicó.
Este mismo argumento –la confidencialidad- fue el que utilizó el BCRA para eludir una respuesta a los legisladores sobre la situación actual de las reservas en oro de nuestro país.
“El BCRA señala que no puede brindar detalles sobre sus operaciones de administración de reservas dado que permitirían dar a conocer, entre otros aspectos sensibles, los movimientos y la ubicación de estos activos y comprometer su seguridad, poniendo en riesgo la seguridad y la estabilidad del sistema financiero”, indicó la entidad en el último informe que envió al Congreso la Jefatura de Gabinete.
Aunque lacónica, en la respuesta al menos se detalló el valor de las reservas en oro que están alojadas en el exterior: indicó, al respecto, que ascendían a U$S 5206 millones al 31 de diciembre del año pasado y actualmente alcanzan los U$S 6733 millones según su valor de mercado al 7 de agosto último.
Controles incómodos
Además de la auditoría sobre el destino de las reservas de oro, la AGN lleva adelante otro informe de contralor sobre el el préstamo REPO que el BCRA firmó con bancos internacionales y tiene como garantía los bonos para la reconstrucción de una Argentina libre (BOPREAL) que emitió el gobierno de Javier Milei para cancelar deudas con los importadores por un monto cercano a los U$S 5000 millones de dólares.
“Tampoco podemos terminar y concluir esa auditoría; queremos saber, por caso, a qué tasas se pactó ese préstamo REPO, qué comisiones se pagan. El Banco Central nos dice que es información reservada, que es son actas directorios secretas”, sostuvo.
Otro asunto que también preocupa a la AGN es la ejecución de los créditos internacionales otorgados por organismos multilaterales de crédito. Según explicó Olmos a los legisladores de la Comisión Mixta, el año pasado la AGN auditó el 22% de los préstamos activos en materia de desembolsos.
“Se han detectado, entre otros hallazgos, demoras en las operaciones en materia de recambios, absorciones, eliminaciones y reconducción de préstamos”, señaló Olmos, quien advirtió además que las auditorías detectaron “una baja ejecución financiera en numerosos préstamos” que, a su juicio, “impacta en los costos operativos y financieros de dichos préstamos”. Asimismo, señaló que se detectaron contrataciones irregulares de acuerdo a la normativa de servicios de consultoría o consultorías directas.
Sobre este punto, el diputado Pichetto anticipó que se lo citará a la comisión a Miguel Braun, representante argentino ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Nos interesa saber qué está pasando con el financiamiento del BID en la Argentina. Si los fondos de este organismo van al Tesoro como garantía para tapar el agujero negro del sistema cambiario o si tienen el destino específico por el cual fueron otorgados, en su mayoría para obras públicas”, sostuvo Pichetto, quien advirtió que si Braun no asiste al Congreso a dar explicaciones, será pasible de una denuncia por incumplimiento de funcionario público.
