La deportación del padre de un Marine en California puso el foco sobre un tema sensible y de alto impacto político: la protección migratoria de las familias de los soldados de Estados Unidos.
La administración del presidente Donald Trump modificó una histórica política que ofrecía amparo a los parientes de los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Una medida que genera preocupación, afecta la moral de los soldados y pone en riesgo el reclutamiento.
Los beneficios que el Ejército utilizó para llenar sus filas
Durante años, los militares reclutaron personal de comunidades inmigrantes, ofreciendo a cambio una vía hacia la ciudadanía y la estabilidad. Para llenar las filas, el Ejército promocionó beneficios migratorios para los enlistados y sus parientes cercanos.
La política anterior no solo prometía una posible protección contra la deportación, sino que también garantizaba una deferencia en los casos de inmigración de los familiares y una mejor oportunidad de obtener la «green card» (tarjeta de residencia permanente). Estos beneficios se transformaron en una poderosa herramienta de reclutamiento para las Fuerzas Armadas.
Se estima que, hasta el año pasado, unos 40.000 miembros del servicio no poseían la ciudadanía estadounidense y se apoyaban en este sistema. El propósito era doble: asegurar que las cuotas de reclutamiento se cumplieran y, de manera crucial, mantener alta la moral de los soldados, sabiendo que su servicio protegía a sus seres queridos de la separación forzosa del país.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), bajo la presidencia de Joe Biden, aún tomaba el servicio militar del soldado y su familia inmediata como un «factor mitigante significativo» al resolver casos de remoción.
Qué cambió en la era de Trump
Pero ese colchón de seguridad se disolvió. La administración del presidente Donald Trump dio un giro copernicano en febrero con un memorándum que puso fin al enfoque anterior.
Las Fuerzas Armadas reclutaban inmigrantes a cambio de la green card, pero ahora quieren deportarlos. Foto: AP Photo/Gregory Bull.
Según la experta en leyes migratorias militares Margaret Stock, una teniente coronel retirada y autoridad en el tema, el documento es categórico: las autoridades «ya no eximirán» a categorías de personas que históricamente gozaron de mayor clemencia. Esta drástica medida incluye, sin excepción, a las familias de los miembros del servicio activo o de veteranos que sirvieron a la nación.
Si bien ciertos delitos pueden anular las protecciones, Stock es clara: no existe un listado explícito de crímenes que veten a una persona. Además, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) aún tiene la facultad de prescindir de los antecedentes penales al tomar su decisión migratoria, lo que deja a las familias en una zona de incertidumbre.
De hecho, el caso del padre deportado no es aislado. En mayo, la esposa de un veterano del Cuerpo de Marines, quien solicitaba una green card, fue detenida en Luisiana, aunque un juez frenó su expulsión. Además, los veteranos que no lograron obtener la ciudadanía ahora enfrentan una creciente preocupación por ser deportados del país que defendieron con uniforme.
Las consecuencias que tendrá en el reclutamiento de soldados
Para Margaret Stock, quien enseñó leyes en West Point durante las presidencias de George W. Bush y Barack Obama, el impacto será directo y devastador: las nuevas restricciones afectarán negativamente el reclutamiento.
Margaret Stock, experta en leyes, advierte que lo más probable es que las Fuerzas Armadas no logren reclutar al personal requerido por las drásticas medidas de deportación. Foto: AP Photo/Mark Thiessen.
La experta subraya que el Ejército ya tuvo dificultades en el pasado para cumplir sus metas de alistamiento. Esto se debe, en parte, a que el número de ciudadanos estadounidenses sin familiares inmigrantes que puedan cubrir la necesidad es insuficiente. Los incentivos migratorios para el recluta y sus parientes fueron fundamentales para lograr la expansión de las filas militares. «El reclutamiento sufrirá sin ellos», sentenció Stock.
El Cuerpo de Marines ya tomó nota de la nueva realidad. Informó a The Associated Press que sus reclutadores recibieron la indicación explícita de que «no son la autoridad apropiada» para «insinuar que el Cuerpo de Marines puede asegurar el alivio migratorio para los aplicantes o sus familias.»
El mensaje es contundente: la promesa que impulsó a miles a arriesgar su vida ya no existe.
Con información de la agencia AP.
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