Reunido de manera extraordinaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordó por unanimidad que las universidades públicas recurrirán a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N.º 27.795). El comunicado de la CIN se dio a conocer ayer por la tarde. 

Al respecto, Sergio Katogui, vicerrector de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), detalló que una vez sancionada la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (27.795) y tiene una segunda parte que tiene que ver con la recomposición del salario docente. “Ha tenido un proceso largo para su sanción. Recordemos que fue tratada en la Cámara de Diputados, posteriormente en Senadores. Fue vetada y luego es ratificada nuevamente por la Cámara de Diputados”.

Katogui en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 indicó que se acordó una presentación colectiva hacia la justicia. 

Seguidamente, Katogui planteó que durante el plenario del Concejo Interuniversitario hubo presencia de rectores de manera presencial o virtual, explicó que la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) presentará por su parte una resolución mientras que las demás universidades lo harán de manera colectiva. “En principio es lo que se resolvió y durante la semana estarán los detalles de cómo se va hacer y qué instrumentos haremos desde cada universidad”, indicó. 

Luego, el vicerrector anticipó que aún no hay novedades del instrumento legal a presentarse.  

“El tratamiento de la Ley llevó un tiempo y fue aprobada en agosto y ratificada en octubre. La promulgación fue reciente y es una ley que no es aplicada o materializada. Ahí estaría el fundamento para hacer la presentación ante la Justicia”, apuntó Katogui. 

La decisión de la CIN 

“Cuarenta años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a encontrar en la UBA y esta vez para que las universidades tomen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, expresó el presidente del Consejo, Oscar Alpa, al resumir el consenso alcanzado entre todas las instituciones universitarias nacionales presentes.

Por su parte, el decano anfitrión, Leandro Vergara, remarcó que “un decreto no puede suspender una ley”, y advirtió que “es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a normas con amplia legitimidad social, institucional y política”.

El vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, coincidió en el diagnóstico y subrayó que la suspensión de la norma “viola de manera directa la división de poderes, mediante la invocación de fundamentos inválidos”.

El conflicto 

El conflicto se originó luego de que el presidente de la Nación vetara la ley, que había sido aprobada en agosto por el Congreso. El 2 de octubre, la oposición logró ratificar, pero el Ejecutivo decidió suspender su aplicación mediante un decreto.

“Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta, y corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”, concluyó Bartolacci.

Además de la acción judicial, las y los representantes de todas las universidades públicas resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el presupuesto 2026 y que se contemplen, como base presupuestaria, los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.