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El operativo policial en Río de Janeiro se convirtió en la acción más letal registrada en Brasil, con un número de muertos que supera el centenar según distintos reportes. Grupos de derechos humanos calificaron la intervención como una masacre y cuestionaron su eficacia como política de seguridad. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró estar “horrorizado” por lo sucedido en las favelas.
Las dos cuestiones que más atención concitan son la cantidad de fusiles incautados y el uso de drones armados por parte del Comando Vermelho. La cifra oficial de fusiles decomisados es 93, aunque el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, habló de más de 100 armas. Fuentes locales y fotografías difundidas por autoridades muestran además el empleo de drones para atacar a las fuerzas de seguridad.
Investigadores registran aumento de incautaciones de fusiles
Estudios recientes, entre ellos uno de Bruno Langeani y Natalia Pollachi publicado en la Revista de Economías Ilícitas y Desarrollo, documentan un incremento en las incautaciones de fusiles: 1.139 en 2019 frente a 1.650 en 2023. Los autores señalan que ese armamento es clave para que los grupos criminales mantengan control territorial, amenacen residentes y confronten a la policía. Natalia Pollachi dijo: “Durante cuatro años se permitió comprar fusiles a las personas registradas como CAC (siglas de un registro oficial de armas para particulares: coleccionistas, tiradores deportivos y cazadores, en su traducción del portugués).Una sola persona podía comprar 30 armas”.
Los investigadores identifican al menos tres orígenes de los fusiles: producción legal desviada, importaciones y montaje a partir de piezas. Además, cambios legislativos en la administración de Jair Bolsonaro ampliaron el acceso a armas mediante registros CAC, lo que, según los expertos, facilitó el desvío hacia el mercado ilegal. Una auditoría del Tribunal de Cuentas de la Unión detectó deficiencias en la verificación de esos registros.
“Ahora la batalla es por los cielos”
Roberto Uchôa, ex policía e investigador del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, comentó a la BBC que el uso de drones armados marca un punto de inflexión: “Lo que sucedió en Brasil dejó claro que el campo de batalla ha cambiado; ahora la batalla es por los cielos”. Detalló que los drones evolucionaron desde tareas logísticas y de vigilancia hasta la capacidad de lanzar granadas y bombas, con conocimiento técnico disponible en línea y aprendizaje inspirado en la guerra en Ucrania. Ese acceso tecnológico se replica en otros países de la región, donde grupos criminales ya emplean drones con explosivos.
Las fuerzas de seguridad enfrentan limitaciones para neutralizar la amenaza aérea sin provocar daños colaterales y los expertos piden más inversión en inteligencia. Uchôa señaló que: “Si derribas un dron que transporta una granada, esta podría caer sobre una casa y matar a una familia”, y sostuvo que el Estado necesita monitorear compras a gran escala en lugar de limitarse a la confrontación. El investigador describió que: “Es la misma película de hace 30 años, solo que a mayor escala”, y definió la proliferación de armas de fuego como “el problema central en Brasil”.
