Con el inicio de un nuevo período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante, el debate sobre el funcionamiento de las aplicaciones de transporte, entre ellas Uber, volvió a instalarse como uno de los temas centrales en la agenda legislativa.

El presidente del Concejo Deliberante, Carlos Ríos, señaló que el tratamiento no estará dirigido a una aplicación en particular, sino que se abordará la problemática de las plataformas digitales de transporte en general. No obstante, durante su exposición ante el cuerpo legislativo, el intendente centró gran parte de su discurso en el fallo de una jueza correccional de Eldorado, que definió a Uber como una actividad privada.

En ese marco, el jefe comunal remarcó que se trata de un fallo de carácter personal y no de aplicación general. Además, sostuvo que el Municipio no puede permitir actividades que no estén legisladas, una afirmación que generó cuestionamientos, ya que el principio legal establece que toda actividad que no esté expresamente prohibida se encuentra habilitada.

Ante la ausencia de una normativa específica, desde el bloque oficialista y la presidencia del Concejo se plantea como premisa avanzar en la prohibición de las aplicaciones que puedan afectar el trabajo de los iguazuenses. Esta postura abrió un fuerte debate interno y dejó expuestas las diferentes posiciones políticas.

Por un lado, el concejal Fabián de Sá se manifestó a favor de la libertad y el libre comercio. En tanto, los concejales Alejandro Verón y Omar Gómez, del bloque de La Libertad Avanza, señalaron que no se posicionan ni a favor ni en contra de las aplicaciones, pero consideran necesario encontrar un punto intermedio que contemple a todas las partes.

A su vez, muchos taxistas expresan que en la actualidad los viajes ya se comercializan a través de WhatsApp y redes sociales, e incluso mediante páginas de las distintas asociaciones que prestan servicio a los turistas. Desde ese sector plantean como alternativa la eliminación de las paradas y de los propietarios de las mismas, quienes cobran un canon para permitir trabajar.

Según se explicó, entre los requisitos para habilitar un vehículo se exige la presentación periódica de una nota del dueño de la parada que certifique la prestación del servicio. Este trámite debe renovarse cada seis meses y, además, los choferes deben abonar un pago mensual por el uso del espacio, con montos que oscilan entre 45 mil y 250 mil pesos, según el tipo de vehículo.

De esta manera, el inicio de las sesiones legislativas vuelve a poner sobre la mesa un debate complejo, con posturas encontradas y un escenario que anticipa un tratamiento intenso en el Concejo Deliberante.