Luego de una presentación realizada por los abogados José Luis Fuentes y María Mercedes Galeano, la justicia intimó, en el plazo de 10 días, la información requerida sobre el servicio público de transporte.

De acuerdo a lo informado por los abogados que iniciaron demanda la justicia de Eldorado hizo lugar al amparo promovido contra la Municipalidad de Eldorado y ordenó al Ejecutivo municipal que, en el plazo de diez días, complete la información pública requerida mediante una respuesta unificada, orgánica e íntegra.

El inicio de la acción judicial se remonta al 1º de octubre de 2025, cuando la empresa ETCE/Grupo Kenia interrumpió el servicio urbano y dejó a la ciudad paralizada. Al día siguiente, el 2 de octubre de 2025, la Municipalidad firmó con la empresa un acuerdo de reconocimiento de deuda por 1.400 millones de pesos, luego validado por el Concejo Deliberante. Fue en ese escenario, con la ciudad recién salida de un paro total del transporte, que Fuentes y Galeano presentaron el pedido administrativo de acceso a la información pública.

La información requerida se planteó al derecho de la información pública en cuanto a cómo se calculó una deuda multimillonaria que no era pública, cuáles eran sus respaldos administrativos, qué pagos se realizaron, qué documentación la justificaba y qué decisiones políticas y administrativas la hicieron posible.  

En el amparo también se exigió acceso a los comprobantes de pago realizados en el marco del acuerdo, a las actuaciones para arribar a esa negociación, a la aprobación del acuerdo por el Concejo Deliberante, al detalle del período en que la Municipalidad se abstuvo de reclamar el Derecho de Registro de Inspección de Seguridad e Higiene y a toda otra documentación vinculada al servicio de transporte público. A eso se sumaron pedidos de intimaciones, sanciones, intercambio epistolar, resoluciones, controles y actuaciones ligadas a la licitación y a la contratación directa.

El fallo judicial reviste importancia porque ordena que el cumplimiento se haga en una única presentación, dejando en claro que no será suficiente una contestación dispersa o fragmentada. Es decir: el Municipio deberá responder de manera integral y no seguir administrando la información pública con criterios de discrecionalidad política.