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La provincia de Misiones atraviesa un escenario financiero complejo marcado por una fuerte caída en los recursos públicos. El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, confirmó que la merma alcanza aproximadamente los 40.000 millones de pesos mensuales, producto de la recesión económica nacional que impacta tanto en la coparticipación federal como en la recaudación propia. Esta situación genera un estrés financiero que obliga al Estado a reorganizar sus prioridades.
Según explicó Safrán, la disminución de recursos se ubica entre el 10% y el 20% en los últimos meses, en línea con la retracción de la actividad económica. La caída en el consumo y en las ventas repercute directamente en la recaudación impositiva, reduciendo los fondos disponibles para sostener el funcionamiento del Estado provincial y sus políticas públicas.
Frente a este contexto, el Gobierno provincial avanzó con un plan de austeridad, que profundiza medidas aplicadas desde meses anteriores e incluye la prohibición de compra de vehículos —salvo en áreas esenciales—, la suspensión de nuevos ingresos en sectores específicos y la limitación de pases a planta permanente. Estas medidas buscan contener el gasto y garantizar el cumplimiento de las obligaciones básicas, especialmente el pago de salarios.
En paralelo, la situación también impacta de lleno en los municipios. El ministro Coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, advirtió que la caída en la coparticipación federal ronda entre el 7,8% y el 8% en el inicio de 2026. Esta retracción condiciona las finanzas locales, obligando a las comunas a priorizar servicios esenciales como recolección de residuos, mantenimiento urbano y apoyo a instituciones educativas.
Además, los municipios enfrentan una baja significativa en la recaudación propia, con niveles de mora que superan el 30% o 40% en el pago de tasas. Esta situación responde a la pérdida del poder adquisitivo de los contribuyentes y a las dificultades del sector comercial, que en muchos casos derivan en el cierre de establecimientos. Como consecuencia, varias gestiones locales debieron reprogramar obras públicas y concentrar recursos en demandas urgentes.
En este escenario, tanto la provincia como los municipios coinciden en que la clave pasa por sostener una administración prudente de los recursos disponibles. La combinación de menores ingresos, alta inflación y caída de la actividad económica configura un panorama desafiante, sin soluciones inmediatas, donde el equilibrio fiscal y la continuidad de los servicios básicos se vuelven los principales objetivos de gestión.
