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La psicóloga colombiana de 30 años Catalina Giraldo pasó la última década de su vida con un profundo sufrimiento y sometiéndose a todo tipo de tratamientos para sobrellevarlo. Está diagnosticada con trastorno depresivo mayor severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad. Lo intentó todo: cerca de cuarenta esquemas farmacológicos distintos, años de psicoterapia, terapia electroconvulsiva, infusiones de ketamina.
Desde 2019, pasó por nueve hospitalizaciones por crisis agudas y varios intentos de suicidio. Hoy se siente agotada e incapaz de seguirlo intentando. “Yo siento que es un infierno. A mí me cansa mucho tener que estar todo el tiempo lidiando con eso […] Para mí ya es suficiente”, dice Catalina en el reportaje de Noticias Caracol transmitido hace unos días que dio a conocer su caso a la opinión pública. Por eso, le hizo al sistema de salud colombiano una solicitud inédita: que se le permita acceder a la asistencia médica al suicidio.
Esta es una figura jurídica que le permite al paciente acceder a un fármaco y acompañamiento médico para morir de acuerdo con sus decisiones y deseos. A diferencia de la eutanasia, en la cual el médico es quien administra el fármaco que produce la muerte, en el suicidio médicamente asistido es el propio solicitante quien lo hace. Colombia es uno de los países del mundo que más avanzó en reconocer el derecho a la muerte digna y crear mecanismos para que sus ciudadanos puedan acceder a este. En 2024, 352 colombianos accedieron a la eutanasia, y es un dato que crece año tras año.
Tanto la eutanasia como el suicidio asistido están despenalizados en Colombia en los casos en que la persona padece una enfermedad grave e incurable que le produce un sufrimiento físico o psicológico que no es compatible con su idea de una vida digna. A pesar de ello, a Catalina le fueron negados ambos caminos para acceder a la muerte digna. Por eso, hoy libra, junto a su abogado Lucas Correa Montoya, una batalla legal para ser la primera colombiana en acceder a la asistencia médica al suicidio.
La búsqueda de Catalina de una muerte digna
En septiembre de 2025, Catalina Giraldo decidió solicitar la eutanasia a su EPS (entidad promotora de salud). “Producto de una conversación con sus médicos y con su familia, Catalina hace una primera solicitud de eutanasia, porque es el único mecanismo que está reglamentado”, relata su abogado. En el sistema de salud colombiano, las EPS son empresas públicas o privadas que se encargan de asegurar a los usuarios y administrar los recursos. Entre muchas otras cosas, son quienes autorizan procedimientos como la eutanasia.
En el caso de Catalina, la EPS le negó su solicitud de eutanasia, argumentando que no tiene una enfermedad grave e incurable y que todavía hay tratamientos disponibles. Según su abogado, agotar todos los tratamientos disponibles no es un requisito para acceder a la eutanasia en el país. “Siempre habrá algo que intentar. Siempre habrá una pastilla más que tomar, una dosis distinta, una combinación diferente”, agrega Correa.
En un documento dado a conocer por Noticias Caracol, Catalina argumenta que sus síntomas no mejoraron pese a que siguió múltiples tratamientos de acuerdo a las indicaciones de sus médicos tratantes por años.
Ante el no de su EPS, Catalina buscó abogados para poner una acción de tutela y reclamar su derecho a la muerte digna. Fue así como llegó a la firma de Correa, que tiene amplia experiencia en el tema. Con su asesoría, Catalina decidió intentar otro camino: el de la asistencia médica al suicidio.
Para Catalina, “es valioso, en términos de libertad y autonomía, causarse ella misma la muerte”, dice Correa. Esa es la diferencia fundamental con la eutanasia, en la que el médico es quien administra el fármaco que produce la muerte.
Catalina, entonces, decidió solicitar a su EPS la asistencia médica al suicidio. Nuevamente, recibió una respuesta negativa. La empresa le dijo, entre otras cosas, que no se encuentra “facultada legalmente” para hacerlo, por la falta de una “reglamentación específica por parte del ministerio de Salud”.
La tensión legal
La Corte Constitucional colombiana estableció en una sentencia de 2022 que un médico no incurre en un delito cuando asiste el suicidio de un paciente que padece un sufrimiento intenso físico o psíquico producido por una enfermedad grave e incurable y este fue su consentimiento libre, informado y consciente.
Sin embargo, la asistencia médica al suicidio no fue regulada. Es decir, no existen unas reglas claras para que los médicos la realicen. A eso se refiere la respuesta de la EPS al decir que no está “facultada legalmente”. La responsabilidad de expedir esa reglamentación recae, en principio, en el Congreso.
Pero, pese a que la Corte Constitucional se lo pidió en varias ocasiones, el Congreso en Colombia no logró sacar adelante ninguna ley ni sobre la eutanasia ni sobre la asistencia médica al suicidio. En el caso de la eutanasia, el Ministerio de Salud terminó expidiendo resoluciones que llenan ese vacío respecto de los lineamientos que deben seguir las entidades de salud. Pero en el caso del suicidio médicamente asistido, no. Ese es el obstáculo al que se enfrenta Catalina.
“Es una tormenta perfecta de negligencia. El Congreso no lo hace, pero el ministerio de Salud tampoco, y eso hace que el sistema de salud no tenga las reglas para llevar a cabo el procedimiento”, dice Correa.
Junto a su abogado, Catalina puso una acción de tutela reclamando su derecho a la muerte digna en noviembre de 2025. La acción de tutela es un mecanismo que tienen los colombianos para reclamar sus derechos ante un juez cuando consideran que les están siendo vulnerados.
En este caso, Catalina y su abogado le pedían al juez que le ordenara a la EPS autorizar el suicidio asistido médicamente y al Ministerio de Salud y al Congreso expedir la reglamentación necesaria. El juez negó la tutela. Consideró que Catalina no ha agotó otras vías para acceder a la muerte digna. Específicamente, no pidió que un segundo comité médico revise la solicitud de eutanasia que le fue negada.
Para el abogado de Catalina, esta es una decisión jurídicamente equivocada, porque ella no está pidiendo la eutanasia, sino la asistencia médica al suicidio. En las próximas semanas, el caso llegará a manos de la Corte Constitucional, que podría escogerlo para revisión.
Lo que esperan Catalina y su abogado es que la Corte lo escoja y se pronuncie de fondo, ordenando la reglamentación. De esa manera, los demás involucrados tendrían que obedecer y se abriría la puerta para que ella sea la primera colombiana en acceder al suicidio médicamente asistido. “Catalina es consciente de que se necesita dar esta lucha para abrir la puerta a la conversación sobre un suicidio seguro, acompañado y protegido”, señala Correa.
En su entrevista con Noticias Caracol, Catalina argumenta que el suicidio médicamente asistido es el camino que encontró para ponerle fin a su vida de una manera no violenta y menos traumática para su familia. “Tal vez de esta manera ocasione el menor sufrimiento posible. Tal vez de esta manera ellas me pueden acompañar en el proceso. Las personas acaban con su vida. Las personas lo hacen, aunque nos incomode hablarlo. Y yo creo que esta es una manera más amable y más amorosa posible”. Y concluye: “Para mí, pedir el suicidio médicamente asistido es un acto de amor, un acto de amor conmigo misma, pero un acto sobre todo de amor con mi familia”.
*Por Santiago Vanegas
