//
Junto a su abogada, Liliana Padilla, una vecina de Puerto Rico, expuso públicamente el drama de vive hace más de dos años cuando, luego de denunciar a su ex pareja por violencia de género, perdió la guarda compartida que tenían de su hijo y ahora reclama que el niño convive con su agresor.
Liliana fricciona los dedos y repite el comportamiento involuntario de mover las piernas. Tiene 39 años y carga con la pena más dura que una madre puede soportar: la de no ver a su hijo menor desde hace tres meses.
Su abogado, la letrada Noelia Duran, explicó que la causa de familia expone hoy un entramado judicial que dejó a una madre sin contacto con su hijo, sin vivienda y denunciando graves irregularidades en el proceso.
“No soy un expediente, soy una mamá”, afirmó Liliana, con lágrimas en los ojos durante una entrevista con La Voz de Misiones.
De la denuncia al cambio de tenencia
El conflicto se remonta a septiembre de 2023, cuando Padilla denunció a su entonces pareja Rubén Aníbal Ávalos por violencia de género. En ese momento, se dictó una orden de alejamiento y el hombre abandonó el hogar familiar.
Sin embargo, tras el divorcio la situación dio un giro. El padre inició acciones judiciales y logró que la Justicia le otorgara el cuidado personal unilateral del niño, además del uso de la vivienda, considerada como “centro de vida”.
“Me encuentro en situación de calle desde que se le fue otorgada la casa a mi ex pareja. Perdí el cuidado de mi niño y agotamos todas las vías que podíamos para que me escuchen”, expresó Liliana.
La causa se tramita en el Juzgado de Familia y Violencia Familiar Uno de Puerto Rico, a cargo de la jueza Norma Lyliana Matoffi, quien fue denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento por presunto mal desempeño.
Según la defensa de Padilla, en el expediente interviene como representante legal de Ávalos -el ex esposo de Padilla-, Hilario Raúl Christen, un abogado vinculado al entorno político local, lo cual no garantiza imparcialidad del proceso.
Liliana comentó a LVM que cuando fue a pedir ayuda a Acción Social para que se continúe con el seguimiento del expediente le preguntaron quién era el defensor de su ex esposo y al dar el nombre la respuesta fue tajante: “Contra ese abogado no vas a poder porque hay mucho favoritismo y aunque tengas el abogado que tengas no vas a lograr demostrar ni comprobar nada”.
La versión judicial y la disputa por la casa
Durante el proceso, el menor habría declarado que su madre ejercía violencia, lo que fue determinante para el fallo. Padilla rechaza esa versión y sostiene que fue el niño -en ese entonces de 9 años- fue manipulado.
“Todo lo que dijeron ahí fue falso… son mentiras que usaron para sacárselo”, afirmó.
“Es más, hay informes del cuerpo médico que comprueba que él está alineado, que está manipulado, le están generando un daño psicológico”, explicó la abogada.
Uno de los puntos más cuestionados por la defensa es la situación de la vivienda. Según explican, la casa construida por la pareja pasó a ser considerada “alquilada” en el expediente, lo que habilitó su adjudicación al padre.
La letrada Duran sostiene que esto forma parte de una maniobra más amplia: “Estamos ante una instrumentalización del menor. Esto excede un conflicto patrimonial: estamos hablando del interés superior del niño”.
Duran también afirmó que en el entramado fraudulento por la casa se llevó adelante “con la complicidad de distintos actores como el empleador de Rubén Avalos”.
El relato de una madre
Desde entonces, la vida de Padilla se volvió inestable. Sin vivienda fija, va de un lugar a otro. “Vivo el día a día… donde puedo. En la casa de una amiga, en la casa de mi abogada, en el auto. Estoy a la deriva”, describió.
A pesar de no tener contacto con el niño, asegura que continúa cumpliendo con sus obligaciones: “Le estoy pasando alimento, pero no tengo comunicación con él de ninguna manera”.
La distancia con su hijo, dice, es lo más doloroso: “Vamos casi tres meses sin verlo, lo extraño. Hacíamos todo juntos, la tarea, salir, el fútbol, todo”.
Y agregó, con angustia: “Me duele la manera en que actuaron. Pueden quedarse con la casa, con todo lo que quieran, pero por qué utilizaron a un niño, a mi hijo y lo más triste, fue su papá”.
Pedido de Jury
El caso no quedó solo en el fuero de familia. La defensa avanzó con una denuncia penal por presunta maniobra fraudulenta y amplió la acusación a terceros.
Además, presentó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento contra la jueza interviniente por presunto mal desempeño.
En ese punto, la abogada fue contundente: “Existen vínculos. Aportamos más de 40 fotografías donde se ve la relación entre personas del entorno del padre con la jueza y la secretaria. Hay una amistad muy estrecha”.
Y agregó: “Una de las secretarias es la doctora Cañete. Ella es esposa de Francisco Nahuel Petuaud, que es socio de Hilario Raúl Christen. Asimismo el doctor es abogado de la Policía y de la Municipalidad y Christen es hermano de la esposa del intendente de Puerto Rico. Es el cuñado del intendente”.
También cuestionó el desarrollo del proceso y cómo se resolvió una de las instancias clave. “Se dictó una resolución ‘a puro derecho’, sin ningún tipo de contradicción y sin garantizar el derecho de defensa de esta señora”, aseveró Duran.
Tras la confirmación del fallo en Cámara, la defensa presentó un recurso de inaplicabilidad de ley ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que ahora analiza el expediente.
En paralelo, denuncian demoras en la investigación penal y hablan de una posible situación de violencia institucional. “Cuando hay menores, el Estado tiene que actuar con debida diligencia reforzada. Acá eso no pasó”, sostuvo la letrada.
Mientras la causa sigue su curso, la situación personal de Liliana continúa siendo crítica. Sin ingresos estables, con miedo y en condiciones precarias, sostiene que lo único que la mantiene en pie es la esperanza de recuperar a su hijo.
“Estoy destruida. Lo único que quiero es volver a abrazarlo”, cerró.
