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El procesamiento a los jerarcas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, por la apropiación de aportes previsionales y otras irregularidades tributarias revela los movimientos en al menos cuatro entidades financieras. Se trata de decenas de transferencias millonarias vinculadas a operaciones de dólar MEP, pagos a clubes de Primera División y del Ascenso, e ingresos del exterior. El detalle de esas operaciones confirmaría, según la Justicia, que la AFA tenía liquidez para cumplir con sus obligaciones tributarias y previsionales entre 2024 y 2025.
El mayor flujo se registró en nueve cuentas abiertas en el Banco Credicoop. Los investigadores se concentraron en las cuentas identificadas como N.º 218-000001/6 y N.º 218-004435/7, donde, según el testimonio de la contadora Mónica Viviana Bouvet, se liquidaban las obligaciones tributarias.
“Del examen de las cuentas surge la existencia de numerosas transferencias registradas durante los períodos investigados entre cuentas de titularidad de la entidad rectora del fútbol argentino, todas ellas por montos de considerable magnitud que, en muchos casos, superan individualmente el importe adeudado correspondiente al período en el cual se realizaban tales operaciones”, dice el fallo del juez Diego Amarante.
Frente al avance de la causa $LIBRA, el oficialismo confirmó a Lilia Lemoine, una de sus más fieles lugartenientes, para que presida la Comisión de Juicio Político y, eventualmente, bloquee los intentos de remoción contra el presidente Javier Milei o sus ministros.
Luego de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York fallara a favor de YPF y la Argentina en la demanda por 16.100 millones de dólares que presentó Burford, el abogado Bernardo Saravia Frías, que fue procurador del Tesoro de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, explicó cuáles son los cinco caminos que puede tomar ahora la parte denunciante para intentar revertir el veredicto de la Justicia y opinó sobre cómo continuará el caso.
Si uno jerarquiza la información disponible, habría que decir que no está pasando casi ninguna otra cosa, en términos de relevancia, más que la guerra en Medio Oriente. Sobre todo por su duración, por su desorientación, la confusión de objetivos y el problema que está generando en la economía global. En esa guerra se busca un cambio de régimen en Irán. Lo que sucede es que parecería cada vez más claro que, para los Estados Unidos y para Israel, “cambio de régimen” son dos cosas distintas. Tienen objetivos o alcances diferentes que impedirían una negociación, un acuerdo o, por lo menos, una tregua.
Para recuperar la agenda, Javier Milei necesita cambiar la percepción. Para cambiar la percepción, primero está obligado a reconstruir su propia autopercepción: tranquilizar la interna y mirarse otra vez en el espejo de la virtud. Gobernar es autopercibirse y ser percibido. El caso YPF les acaba de dar una oportunidad única a los libertarios: un triunfo histórico para la Argentina, que evitó un riesgo legal y macroeconómico grave, alcanzado justo en la Procuración General del Tesoro mileísta, ni antes ni después. Con Alberto Fernández, en 2023, hubo fallo en contra de la Argentina; con Milei, en 2026, fallo histórico a favor en el nivel de la apelación: sobre esa cronología contrastante, Milei y sus huestes tejen su batalla cultural contra Axel Kicillof y el kirchnerismo. Oxígeno después de semanas de zozobra.
Tras más de dos años de parálisis, el Gobierno de Javier Milei envió la primera tanda de pliegos solicitando acuerdos para cargos judiciales con los que comenzará a tratar de completar las más de 300 vacantes que se han venido acumulando desde el último año de gestión de Alberto Fernández.
El paquete, enviado en dos tandas por la Casa Rosada, contiene 45 pedidos de acuerdo para jueces nacionales y federales de diferentes fueros, en su mayoría con asiento en la Capital Federal.
Entre los pliegos se destaca la postulación de Emilio Rosatti, hijo de Horacio Rosatti, juez de la Corte Suprema de Justicia, para un tribunal federal de juicio de la ciudad de Santa Fe. El diploma ingresó al Senado por la tarde, en una segunda tanda con cinco designaciones.
USHUAIA.- A 48 horas del tradicional acto en Río Grande, la capital nacional de la vigilia, la connotación política de la conmemoración de la guerra de Malvinas está en boca de todos en Tierra del Fuego. Es que el gobernador Axel Kicillof confirmó su viaje a la isla, mientras que la vicepresidenta Victoria Villarruel y Sergio Massa habían asomado como uno de los posibles asistentes, pero aún no confirmó la invitación.
La posible baja de Villarruel, quien ya había confirmado su participación, generó una fuerte repercusión. Si bien no hubo un comunicado oficial que detalle los motivos, los trascendidos apuntan a la necesidad de evitar un clima hostil en una provincia -liderada por Gustavo Melella– que manifiesta fuertes críticas a las políticas de la gestión nacional. Villarruel tampoco es respaldada por los libertarios locales, alineados con el senador nacional Agustín Coto.
El juez Raúl Horacio Ojeda, que este lunes suspendió con un fallo 82 artículos de la reforma laboral que aprobó el Congreso hace poco más de un mes, es un exasesor del exministro de Trabajo Carlos Tomada, que tiene también un perfil universitario como docente y autor de textos sobre temática laboral.
Entre 2004 y 2012, Ojeda fue asesor de Tomada en asuntos legislativos. Tomada fue el único ministro de Trabajo que tuvo el kirchnerismo. Ejerció ese cargo en la totalidad de los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner, entre 2003 y 2015. En 2020, Ojeda fue recusado por Hugo Moyano en una causa en la que Tomada le reclamaba al gremio de los camioneros el pago de una multa de $ 4.000.000 por no acatar la conciliación obligatoria durante un conflicto gremial en el transporte de combustibles.
