La reciente decisión judicial que suspendió 83 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional abrió un nuevo capítulo en la disputa entre el oficialismo y el movimiento sindical. La medida cautelar, presentada por la CGT, pone en pausa cambios clave en el régimen laboral y genera expectativas sobre su futuro tratamiento en instancias superiores.

En diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, el secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio, Agustín Gómez, destacó el alcance del fallo y lo calificó como “una medida importante” al considerar que la reforma “lo único que hace es vulnerar y lesionar derechos que tienen los trabajadores”.

“El juez entiende que se están vulnerando no solo derechos laborales básicos, sino también la Constitución Nacional y tratados internacionales como los convenios de la OIT, normas del Mercosur y la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, afirmó.

Qué cambios quedan en suspenso

La resolución judicial frena, al menos de manera provisoria, varios puntos centrales de la reforma. Entre ellos, la implementación del fondo de asistencia laboral, modificaciones en los convenios colectivos, cambios en el régimen de vacaciones y el período de prueba.

También queda suspendido el llamado “banco de horas”, un esquema que permitía flexibilizar la jornada laboral. “Con esta medida, por ejemplo, no se va a poder aplicar ese sistema que podía obligar a un trabajador a extender su jornada sin previsibilidad”, explicó Gómez.

En la misma línea, agregó: “Se vuelve al sistema anterior de indemnizaciones y se restablece la ley de teletrabajo, que la reforma había dejado sin efecto”. Desde el sector sindical insisten en que la reforma implicaba un retroceso en materia de derechos laborales. “Lo que se planteaba como modernización del empleo argentino, en realidad nos llevaba 100 años atrás”, sostuvo el dirigente.

Gómez remarcó que la legislación laboral busca equilibrar una relación desigual: “En una relación laboral, el vulnerable siempre es el trabajador. Las leyes vienen justamente a corregir esa asimetría”.

Como ejemplo, mencionó los cambios en vacaciones: “La ley actual establece que deben otorgarse entre octubre y abril, coincidiendo con el receso escolar. Con la reforma, el empleador podía decidir cuándo darlas e incluso fraccionarlas”.

Uno de los argumentos del Gobierno para impulsar la reforma era la generación de empleo a partir de una mayor flexibilización. Sin embargo, desde el sector sindical cuestionan esa premisa.

“Un empresario contrata cuando su inversión es rentable, no porque el trabajador tenga menos derechos”, afirmó Gómez. Y agregó: “Para que haya más empleo, lo que se necesita es que la economía mejore”.

En ese sentido, el dirigente aseguró que la situación actual muestra señales preocupantes: “Desde noviembre de 2023 se perdieron alrededor de 300 mil puestos de trabajo y cerraron unas 25 mil empresas”.

Incertidumbre y próximos pasos

El Gobierno nacional ya anticipó que apelará la medida, por lo que el conflicto podría escalar hasta la Corte Suprema. “La discusión seguramente se va a trasladar a esa instancia y eso puede llevar tiempo”, explicó Gómez.

Mientras tanto, el panorama laboral genera preocupación. “No vemos anuncios de medidas que apunten a mejorar la situación de las pymes ni del asalariado. El poder adquisitivo está muy afectado y eso impacta directamente en el consumo”, advirtió.

A nivel local, el dirigente señaló que continúan registrándose cierres de comercios y reducción de personal: “Recibimos casos todos los días de empresas que despiden, achican o directamente cierran”.

La suspensión de la reforma laboral no solo implica un freno legal, sino que también reaviva el debate sobre el modelo de relaciones laborales en el país. “Lo que está en discusión no es solo una ley, sino el marco de derechos que protegen al trabajador”, concluyó Gómez.