En los últimos días, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aportó múltiples datos, tanto de la reducción de transferencias de recursos desde la Nación impactando el funcionamiento de las universidades, como las pérdidas salariales donde intervino la justicia y falló a favor, hasta los cambios de autoridades.

El dato más fuerte surge de un documento compartido, donde dan cuenta que las  transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el funcionamiento del sistema universitario en todo el país. 

Del mismo modo, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios universitarios, en tres años es igualmente relevante. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios acumulan un incremento del 158%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280 %. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%.

Ante tal escenario, las máximas autoridades de las instituciones universitarias públicas argentinas reunidas en el 95° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) manifestaron una profunda preocupación por la situación que atraviesa el sistema universitario público, en un contexto de restricción presupuestaria, deterioro salarial y creciente incertidumbre para el desarrollo de las funciones sustantivas de nuestras instituciones.

Una medida

En medio del tal situación el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) recibió una buena noticia esta semana, porque la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la resolución de primera instancia que admitió la medida cautelar solicitada haciendo lugar al planteo que obliga a recomponer los salarios del personal de la educación superior y los montos asignados a becas estudiantiles. 

La disposición judicial ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario tal como lo habían solicitado en reiteradas oportunidades. “Una excelente noticia para la comunidad universitaria del país que valoramos en un contexto extremadamente delicado como atravesamos”, habían planteado esta semana.

Declaración de emergencia

La situación se fue tornando insostenible, razón por lo cual en el encuentro desarrollado en la Universidad Nacional de La Pampa el pasado 27 de marzo, declararon “la emergencia salarial y presupuestaria del sistema universitario y científico nacional”. 

Exigieron “el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación” y reclamaron “la urgente convocatoria a paritaria nacional para la recomposición del salario de los trabajadores de la educación superior”.

El informe

En el marco del citado Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, las autoridades universitarias analizaron la situación crítica que atraviesa el sistema de educación superior en la Argentina, en un escenario signado por el deterioro presupuestario y la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes.

Durante el encuentro, que reunió a representantes de universidades públicas de todo el país, se abordaron los principales desafíos institucionales vinculados al financiamiento, el funcionamiento operativo y la sostenibilidad de las políticas académicas. La agenda del plenario reflejó una preocupación compartida por la continuidad de las actividades universitarias en condiciones adecuadas, en un contexto que los propios actores calificaron como adverso.

El plenario también incluyó instancias de definición institucional, como la elección de nuevas autoridades para la conducción del organismo y la designación del rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, como representante del ámbito académico ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, reforzando la presencia del sector universitario en espacios clave del sistema institucional.

La caída de recursos

Lo que se advirtió  desde el Consejo es que la situación presupuestaria es crítica en todo el sistema universitario, como se indicó con una del 45,6% en términos reales y una pérdida del 32% del poder adquisitivo, «equivalente a más de siete salarios, ubicándose en uno de los niveles más bajos de los últimos 23 años”, sostiene el informe.

Explican que este desfasaje entre ingresos y costos de vida ha generado una situación de tensión en el sistema, afectando tanto a docentes como a personal no docente, quienes enfrentan una progresiva pérdida de capacidad adquisitiva en un contexto de inflación elevada y sostenida.

Gastos

Respecto a los gastos de funcionamiento de las universidades, indicaron que “se encuentran actualmente en torno al 40% de su valor real respecto a 2023, lo que representa la pérdida de casi nueve meses de financiamiento, comprometiendo seriamente la operatividad de las casas de estudio en todo el país”.

El escenario descripto en el documento da cuenta que impacta de manera directa en áreas estratégicas del sistema universitario, como la investigación científica, las actividades de extensión, el mantenimiento de la infraestructura y los programas de apoyo estudiantil, todos ellos considerados pilares fundamentales de la educación pública.

“En particular, el programa Becas Progresar registra una caída superior al 95% en términos reales, afectando el acceso y la permanencia de miles de estudiantes en el sistema universitario, especialmente aquellos provenientes de sectores socioeconómicos más vulnerables”, detallan en el documento. 

Los salarios más bajos de los últimos 23 años

El plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) detalló “el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales en el período considerado, tomando como base el salario de noviembre de 2023. Esta situación ubica, en la actualidad, a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia”.

Plantean que, para recuperar el poder adquisitivo perdido, los salarios universitarios deberían experimentar una recomposición del 47,3 % respecto de los niveles vigentes a febrero de 2026. 

“El poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades no ha superado, en ninguno de los meses de la actual gestión de gobierno, el 64 % del que tenía en enero de 2023. Actualmente, se encuentra en torno al 40 % de los valores de enero de 2023 y, en relación con el valor promedio que dicha cuota tuvo entre enero y noviembre de 2023, se han perdido, durante los meses de gestión del actual gobierno, el equivalente a casi 9 meses de transferencias”.

Sobre las Becas Progresar, indican que se redujeron un 82 % en términos nominales entre 2026 y 2025, lo que ubica al gasto, en términos reales, más de un 95 % por debajo del valor que tenía en 2023.