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Grupos de manifestantes desafiaron este martes al protocolo antipiquetes en varios accesos a la ciudad de Buenos Aires. A media mañana, la tensión se sintió con más rigor en una de las subidas al puente Pueyrredón, a la altura de la avenida Mitre, donde se quemaron neumáticos sobre la acera, y a la altura del puente Saavedra, donde la Policía de la Ciudad no dejó avanzar a los manifestantes. Fuentes confirmaron a LA NACION que el foco de conflicto cercano a puente Saavedra fue contenido y la zona liberada poco antes de las 14.
Los integrantes de las organizaciones sociales y efectivos de distintas fuerzas de seguridad quedaron cara a cara al impedir que la formación de manifestantes ascendiera al puente Pueyrredón o ingresara a la jurisdicción porteña. Hubo problemas de tránsito en los alrededores de cada una de las protestas.
En el límite de la Avenida General Paz y Ruta 3, los oficiales de la Ciudad lanzaron gas pimienta a quienes se encontraban en las primeras filas de las movilizaciones, mientras los empujaban hacia la provincia y dando paso a la policía motorizada.
“Es un reclamo justo porque están eliminando un programa esencial como lo es Volver al Trabajo; dejaron 300 mil personas sin laburo. Es una manifestación pacífica”, se quejó el líder del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni, desde Avellaneda.
“Nuestra intención no es pasar. El Gobierno actúa como si hubiera estado de sitio; no se puede manifestar en la capital, donde corresponde”, añadió el referente social a los medios presentes.
La protesta se repitió en varias partes del país en el contexto de una jornada nacional de manifestación con cortes de ruta y movilizaciones en distintos puntos. La medida tuvo como eje el rechazo a las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei y a la decisión de avanzar contra los programas sociales.
La convocatoria incluyó “100 cortes y protestas en todo el país” y apuntó contra lo que definieron como “la motosierra de Milei contra los más pobres”, se indicó en un comunicado dado a conocer por las organizaciones sociales.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, culpó al gobierno bonaerense por las protestas. “Mientras su cartera de Seguridad decida no aplicar el protocolo antipiquetes, esto tiene consecuencias: la calle queda liberada a grupos de izquierda que buscan extorsionar y desestabilizar al Gobierno, y millones de argentinos que quieren circular, trabajar y vivir en paz quedan perjudicados”, escribió la funcionaria en su cuenta de X.
La tensión también se sintió en la autopista Buenos Aires-La Plata, que estuvo cortada en dos puntos, tanto en la vía principal como en la colectora: en el ingreso desde la capital bonaerense hacia el centro porteño y a pocos metros de la altura del peaje de Hudson, según informó LN+. La Gendarmería avanzó con camiones hidrantes logró recuperar la zona.
La interrupción del tránsito provocó un caos sobre la vía, donde algunos conductores que quedaron en medio de la medida de fuerza retomaban en contramano para escapar de la protesta. Alrededor del mediodía, llegaron varios efectivos de Gendarmería Nacional y un camión hidrante para dispersar a los manifestantes.
“Nuestras fuerzas federales están desplegadas donde nos corresponde, y ahí aplicamos el protocolo sin dudar, para que EL ORDEN SEA LA REGLA”, resaltó Monteoliva.
La protesta fue convocada por el Frente de Lucha Piquetero, otras organizaciones de la economía popular y partidos de izquierda, que denunciaron un fuerte deterioro social y laboral. Entre las principales consignas, los manifestantes comunicaron que rechazan “Un millón de despidos” y el cierre del programa Volver al Trabajo.
Días atrás, a través del Ministerio de Capital Humano, el Gobierno comunicó que el último día de cobro de ese plan sería el 7 de abril y fundamentó que la medida se tomó de acuerdo al objetivo que plantea la cartera que conduce Sandra Pettovello sobre “priorizar la inserción laboral formal” y “eliminar la intermediación en los planes sociales”.
Por ese programa, los 900.000 beneficiarios cobraban un haber mensual de $78.000, suma que el Gobierno congeló. Ahora, se reemplazaría ese beneficio por vouchers de capacitación laboral.
