El Foro Permanente de Discapacidad Nacional expresó la situación de emergencia que atraviesan las personas con discapacidad en el país. Afirmaron que no es un panorama nuevo, pero que se ha agudizado a partir del desinterés del Gobierno Nacional hacia esta población, acompañado por una fuerte campaña en contra del sector, de las ayudas que se le han brindado y de los derechos que le han sido reconocidos.

“Como nunca antes, se ha sostenido que los apoyos que necesitan las personas con discapacidad, reconocidos por la legislación argentina, constituyen una cuestión de la que deben ocuparse las familias y no el Estado. Asimismo, el Secretario de Hacienda de la Nación ha afirmado que, cuando el país se encuentre en mejores condiciones, se podrá atender a esta población; es decir, que mientras tanto deberán esperar”, afirmaron a través de una misiva.

Desde Misiones, Tatiana Antúnez, presidente del Consejo de Discapacidad, coincidió en que “el gobierno nacional nuevamente ha incumplido tanto con la ley como con la obligaciones establecidas mediante disposiciones judiciales”.

“Hemos presentado reclamos por deudas de servicios prestado y demora en los pagos tanto a prestadores, transporte, falta de envío de medicación de alto costo a las provincias. Y seguimos a la espera de la respuesta del Ejecutivo Nacional”, detalló.

Al tiempo que adujo que están relevando información respecto a la situación general de los prestadores de la provincia para presentar un nuevo reclamo para que la Secretaría Nacional de Discapacidad realice los pagos a los mismos, “lo cual es fundamental para la continuidad del servicio sobre todo para los usuarios con cobertura del programa federal incluir salud”.

Ley de Discapacidad

Desde el Foro indicaron que la reclamada Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) “ha seguido el siguiente derrotero: La compensación a los prestadores de servicios para personas con discapacidad, correspondiente a la diferencia entre el aumento de aranceles y el costo de vida entre los meses de diciembre de 2023 y diciembre de 2024, se encuentra en proceso”.

“Si bien los prestadores aún disponen de un plazo para la presentación de la facturación, se han registrado diversas dificultades que han sido oportunamente comunicadas a la Secretaría de Discapacidad de la Nación, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha”, adujeron.

Y especificaron que el aumento de los aranceles a partir del 1 de enero de 2025 no contó con una definición clara. En la práctica, se tomó como base el arancel vigente a diciembre de 2024 y, sobre este, se aplicaron incrementos (del 29 % o 35 %, según la prestación), con carácter retroactivo a octubre de 2025 en tres tramos, y un 5,78 % adicional a febrero de 2026), entre otros graves inconvenientes.

“Ante los planteos realizados por el sector, en el sentido de que esta situación vulnera el espíritu de la Ley, los funcionarios integrantes del directorio del Sistema Único respondieron que la normativa no establece el mecanismo de fijación de aranceles a partir del 1 de enero de 2025, sugiriendo como vía de resolución la judicialización del reclamo”, detallaron.

“Esta situación ha colocado a numerosos prestadores en la necesidad de cesar sus actividades, registrándose incluso el cierre de instituciones que no han podido afrontar sus obligaciones. Aun en los casos en que se efectivicen pagos parciales en el corto plazo, el impacto ya ha sido significativo, obligando a los prestadores a endeudarse y profundizando su deterioro económico”, añadieron.