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(Redacción C6Digital- Por Jorge Kurrle) La crisis del transporte público dejó de ser un problema aislado para transformarse en una postal repetida en distintas regiones del país. De Buenos Aires a Tucumán, de Posadas a Rosario, el sistema aparece tensionado por una combinación que se volvió explosiva: subsidios demorados, suba del gasoil, presión salarial, recortes de frecuencia, amenazas de paro y tarifas que ya no alcanzan para sostener la operatoria. El resultado es uno solo: colectivos menos previsibles, empresas al límite y pasajeros que pagan cada vez más por un servicio cada vez más deteriorado. Según un relevamiento nacional difundido por FATAP, el cuadro muestra un sistema cada vez más exigido, con conflictos abiertos en varias provincias y ciudades del país.
En el AMBA, el conflicto escaló con fuerza en las últimas horas. La UTA advirtió sobre una posible medida de fuerza por eventuales incumplimientos salariales, mientras las empresas denuncian una deuda acumulada en subsidios y mantienen una reducción de frecuencias que ya impacta de lleno en la rutina de miles de usuarios. Según el relevamiento, en el área metropolitana hubo recortes de entre 30% y 50% en la frecuencia de colectivos, una cifra que refleja hasta qué punto el sistema quedó bajo presión. 
La escena más visible de esa crisis se vio en Capital Federal. Liniers y Constitución se convirtieron en termómetros del malestar social: largas filas, demoras de hasta una hora, colectivos desbordados y usuarios obligados a reorganizar toda su jornada para poder llegar a destino. A eso se suma otro dato clave: el precio del combustible llegó en algunos casos a $2.400 por litro, un valor que golpea de lleno sobre la estructura de costos del sector.
Pero la crisis no termina en Buenos Aires. En el interior bonaerense también se multiplican los focos de conflicto. En Junín, un paro de choferes por el despido de un trabajador dejó al servicio interrumpido y obligó al municipio a intervenir en busca de una salida. En Mar del Plata, en tanto, el escenario combina dos tensiones: por un lado, la preocupación por el recorte de controles en la CNRT; por otro, el reclamo empresario para llevar el boleto por encima de $2.500, cuando hoy la tarifa vigente es de $1.550. Como si eso fuera poco, el básico de un chofer ya supera los $1.540.000, otro dato que muestra cómo se disparó la ecuación del sistema.
En el norte del país, el mapa no es más alentador. Catamarca muestra el impacto social del recorte cuando estudiantes nocturnos reclaman transporte después de las 23:30, mientras se autorizó una reducción horaria del servicio de 6:00 a 22:00. En Corrientes, la tensión pasa por la amenaza de paro si no se acreditan salarios. En Jujuy, el eje está puesto en la deuda por atributos sociales y la falta de actualización de subsidios. Y en Tucumán, las empresas describen un cuadro límite, atravesado por una suba del 60% en el gasoil mayorista y un escenario que ya definen como de “subsidio cero”.
En Misiones, la situación también refleja ese deterioro estructural. En Posadas, el dato central es la incertidumbre por el pago de sueldos y un boleto de $1.380 que, según el informe, no alcanza para cubrir costos. El dato no es menor: expone que incluso con tarifa actualizada para el usuario, el sistema sigue sin encontrar equilibrio económico.
Santa Fe, Rosario y Rafaela aportan tres caras distintas de un mismo problema. En la capital provincial se advierte una reducción del servicio del 7%, una deuda nacional de $30.000 millones y un fuerte desfasaje entre la tarifa técnica, calculada en $2.100, y la tarifa real, ubicada en $1.720. Rosario sufre recortes de frecuencias interurbanas por baja demanda y aumento del combustible, aunque con correcciones parciales en algunos casos. Rafaela, en cambio, aparece como una excepción relativa, con un mayor sostén municipal y un uso más consolidado de la SUBE para intentar contener el sistema.
Salta suma otro dato sensible para el bolsillo de los usuarios: el fin del transbordo gratuito y un nuevo aumento del boleto a $1.450. San Juan agrega denuncias de choferes por explotación y falta de respaldo sindical. San Luis aparece en el informe por un accidente vial, pero en el resto de las provincias el patrón dominante es otro: el transporte dejó de discutirse solo en términos de movilidad y pasó a ser un síntoma directo de la crisis económica.
El panorama, en definitiva, expone una verdad incómoda. El transporte público argentino atraviesa una crisis federal que ya no se puede disimular con parches. Subsidios atrasados, tarifas que no alcanzan, costos disparados y menor calidad de servicio forman parte de una misma cadena. Y al final de esa cadena, como casi siempre, queda el usuario: pagando más, esperando más y viajando peor.
