//
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió este martes al exdiputado Emilio Monzó y al actual legislador de la Cámara baja nacional, Nicolás Massot, dos referentes que orbitan cerca de Miguel Pichetto, quien busca impulsar un armado amplio con base en el peronismo para competir contra Javier Milei en 2027.
La reunión, cuya realización confirmaron a LA NACION fuentes de ambos sectores, se realizó 20 días después de que Monzó se entrevistara con el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, mano derecha del gobernador Kicillof.
El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley de salud mental que estaría en línea con los cambios propuestos en la Ley Bases eliminados en aquel momento durante las negociaciones con la oposición. El texto está “guardado de momento” en el Ministerio de Salud, a la espera de la opinión del Ministerio de Justicia. Se espera que ingrese a Diputados esta semana o, “a más tardar”, la que viene.
El anuncio lo hizo este martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X. “En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva ley de salud mental. Fin”, escribió el funcionario que afronta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Fue recién luego de ese mensaje que la cartera sanitaria dejó trascender algunos detalles.
En medio del impacto global por la guerra en Medio Oriente, que llevó el barril de petróleo por encima de los US$100, el presidente de YPF, Horacio Marín, afirmó este martes que “sin precios alineados con el mercado internacional no hay desarrollo de Vaca Muerta”.
Durante su exposición en un evento organizado por el Atlantic Council en el Palacio Libertad, el ejecutivo defendió el esquema de precios del sector y lo vinculó directamente con la posibilidad de sostener inversiones en el principal yacimiento no convencional del país. “Sin precios alineados [con el mercado internacional] no hay desarrollo de Vaca Muerta”, insistió. Y agregó: “Sin el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) no hay desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL)”.
Marín también se refirió a la decisión que tomó YPF de estabilizar los precios de los combustibles por 45 días, una medida que luego fue acompañada por el resto de la industria. Según explicó, no se trató de una intervención estatal sino de una respuesta a cambios en el comportamiento de la demanda.
“Manuel [Adorni] sigue siendo el vocero”. La frase, pronunciada en la tarde gris de este martes, corresponde a un funcionario de alto rango de la Casa Rosada. “Va a volver a dar conferencias. No está previsto por ahora, pero en algún momento va a dar”, completó.
Enseguida advirtió que el jefe de Gabinete de Javier Milei tampoco planea responder, al menos en lo inmediato, sobre las investigaciones periodísticas que pusieron en la mira el crecimiento de su patrimonio y sus viajes, y que derivaron en una causa penal. “Cada pregunta que se haga por el tema será una pregunta perdida, porque no va a responder por eso”, insistieron puertas adentro de palacio de gobierno.
La última vez que Adorni se expuso a preguntas fue en la conferencia de prensa del miércoles 25 de marzo, donde se negó a dar explicaciones con el argumento de que podría entorpecer la causa judicial, y que solo hablaría ante un juez. “Si le vuelven a preguntar, se va a remitir a que esas respuestas serán dadas ante la Justicia”, reafirmaron en el Gobierno. Adorni no volvió a dar una conferencia de prensa. Tampoco está en agenda, al menos por el momento, que dé entrevistas.
El vocero presidencial y jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció este martes que el Gobierno presentará un proyecto para modificar la Ley de Salud Mental N°26.657 que rige actualmente y que está vigente desde 2010 en la Argentina.
“En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva Ley de Salud Mental”, escribió el funcionario mileísta en su cuenta de la red social X, sin dar detalles sobre el proyecto.
Según pudo saber LA NACION por fuentes del Ministerio de Salud de la Nación, el proyecto buscará actualizar la ley para “mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario” y “clarificar conceptos y criterios, adaptándolos a las necesidades actuales”.
