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El caso quedó al descubierto después de que una joven de 22 años y de nacionalidad rusa con un embarazo a término se presentara en el Hospital Zonal Doctor Ramón Carrillo, de San Carlos de Bariloche, acompañada de dos compatriotas. La situación, sobre todo las dudas ante el nerviosismo de las mujeres, pusieron en alerta a las autoridades médicas. Sospecharon que podían estar ante un caso de trata de personas. Trece meses después, la Justicia extendió por un año el plazo de investigación y la prisión preventiva del sindicado líder de una organización transnacional, Konstantin Rudnev.
Así lo resolvió el juez de garantías subrogante Gustavo Zapata tras un pedido de la Sede Fiscal Descentralizada de San Carlos de Bariloche, a cargo del fiscal general Fernando Arrigo, informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.
“La decisión se tomó en una audiencia realizada el 1° de abril pasado, en la que intervinieron los auxiliares fiscales de la sede fiscal Gustavo Revora y Tomás Labal. La fiscalía detalló una serie de medidas pendientes que, por la complejidad del caso, resultan esenciales para completar la investigación. En ese marco, fundó su solicitud en los artículos 266 y 335, inciso b, del Código Procesal Penal Federal (CPPF), que habilitan la prórroga del plazo máximo de la investigación preparatoria hasta por dos años para procedimientos complejos. Entre los principales obstáculos, la fiscalía mencionó la necesidad de traducir un volumen significativo de información, que se estima que llevará 120 días hábiles. Asimismo, se indicó que aún no fue posible acceder a la totalidad de la información contenida en los dispositivos electrónicos secuestrados», se explicó en el citado sitio de noticias
Sobre los otros 20 imputados, 19 mujeres y un hombre, el juez mantuvo la prohibición de salida del país y extendió a 15 días la obligación de presentarse ante una dependencia policial cercana a sus domicilios.
Todos los imputados están acusados de integrar una organización que habría captado, trasladado y acogido a la víctima con fines de explotación sexual y reducción a la servidumbre, mediante engaño y coerción —bajo la fachada de un espacio espiritual y de prácticas de yoga—, y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.
Rudnev está acusado de haber captado en su país de origen a una joven para trasladarla a la Argentina con fines de explotación. Se trata de la chica embarazada que se presentó en el hospital de Bariloche, donde dio a luz.
El sindicado líder de la organización transnacional había fundado hace 37 años el grupo religioso Ashram Shambala, considerado una secta. Fue creado durante los últimos años de la Unión Soviética antes de su disolución, en 1991, y operaba en 18 regiones de Rusia, incluidas Moscú y San Petersburgo.
Rudnev había sido detenido en 1999, pero se fugó de un neuropsiquiátrico en el que estaba internado. En 2005 fue arrestado nuevamente, aunque sus seguidores no quisieron declarar en su contra.
El 2 de octubre de 2010 lo arrestaron otra vez. La policía rusa allanó domicilios vinculados a la secta donde secuestró material audiovisual de los rituales y heroína.
En agosto de 2013 el Tribunal de Novosibirsk, en el distrito federal de Siberia, sentenció al líder de Ashram Shambala a la pena de 11 años de cárcel en una colonia de máxima seguridad por violar a sus discípulas, atentar contra el pudor y por distribución de drogas ilícitas.
No obstante, la secta continuó sus trabajos de manera clandestina y Konstantin viajó a Europa, continente en el que siguió con los delitos, hasta llegar a América del Sur, donde extendió su red y captó a más personas.
El bebé nacido en la Argentina
La joven que en marzo del año pasado se presentó en el Hospital Zonal Doctor Ramón Carrillo, de San Carlos de Bariloche, en Río Negro, dio a un luz un bebé. El sindicado líder de la secta quiso ponerle su apellido para obtener la ciudadanía argentina.
Como informó LA NACION en octubre pasado, una de las acompañantes de la joven les pidió a los médicos que el recién nacido fuese inscripto con el apellido de Rudnev, el cabecilla de la organización, al afirmar que él era el padre, que estaba trabajando y que se haría presente en los próximos días.
Los médicos rechazaron el pedido y registraron al recién nacido con el apellido de su madre. Sin embargo, una de las mujeres procesadas tachó el apellido materno e intentó poner el del líder de la secta. Por este motivo, se debió hacer una nueva partida y, además, la mujer fue acusada por falsedad ideológica en grado de tentativa.
En un audiencia audiencia de formalización del caso, realizada en octubre pasado, el fiscal Arrigo explicó que con la maniobra que involucró a la víctima embarazada y a su hijo, este imputado intentó obtener la nacionalidad argentina para posteriormente pedir la residencia brasileña y, de esa forma, poder vivir de manera permanente o temporaria en estos dos países, donde la organización estaba consolidando su asentamiento.
En tal sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal explicó que, de acuerdo a la reglamentación de la Ley 23.509 de ciudadanía, la persona que solicite su naturalización deberá tener cónyuge o hijo argentino nativo y que tal situación la exime del requisito de permanencia de dos años continuos de residencia. Agregó que ello, sumado a los acuerdos que existen entre Brasil y Argentina, deriva en que los residentes puedan moverse libremente por los países, y que un acuerdo firmado en 2003 habilita a los argentinos a solicitar permiso de residencia permanente para vivir en Brasil.
Según el testimonio de la víctima, el líder de la organización fue quien se encargó que una de las imputadas la traiga desde Moscú a la Argentina, solventando los gastos del traslado. Al respecto, la Dirección de Migraciones confirmó que las dos mujeres viajaron el mismo día e ingresaron en el país en la misma fecha, el 9 de enero, usaron el mismo vuelo, y fueron atendidas por el mismo control migratorio con diferencia de un minuto.
La fiscalía indicó que la primera acción típica desplegada por la organización trasnacional criminal fue la de captar a la víctima vulnerable, como primer momento en el proceso de la trata de personas. “Se conquista con medios engañosos la voluntad de otra persona humana para explotarla con alguna finalidad”, sostuvo Arrigo en la audiencia.
Asimismo, se refirió a “la persuasión coercitiva, es decir, reducir a la víctima a una situación de explotación que se materializa en un dominio por parte del líder, quien ordenó la inscripción del hijo que dio a luz la víctima por intermedio de su organización coercitiva criminal”.
Explicó que para ello la organización aprovechó “la situación de vulnerabilidad de la víctima” al afirmar que se encontraba “sola, en un país que no conoce el idioma, sin sustento económico, ni libertad ambulatoria, ni libertad de comunicación”.
“La víctima tiene viciada su voluntad, por esa razón, accede”, sostuvo Arrigo y agregó que “nunca es válido el consentimiento dado a una situación de esclavitud y, en ningún caso el derecho debe validarlo”.
