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El Gobierno dio de baja esta semana más de 900 servicios que prestaba el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en medio de los recortes sobre el organismo que se ejecutan desde 2024. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la medida y aseguró que se ejecutó por la “baja demanda”.
La Resolución 42/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, oficializó la baja de casi 1000 servicios que tenían que ver, principalmente, con ensayos microbiológicos clave en alimentos (detección de Salmonella, E. coli, Listeria) y control de contaminantes como micotoxinas; análisis de calidad de agua y efluentes (potabilidad, metales, compuestos orgánicos); servicios de metrología y calibración de instrumentos (termómetros, prensas, equipos electrónicos); ensayos para la industria como materiales de construcción, seguridad eléctrica/electrónica y control de combustibles (naftas, gasoil) y para componentes de seguridad en transporte (ascensores, automotriz).
“Los ensayos dados de baja son capacidades que además de utilizarse en procesos más complejos de asistencia técnica, desarrollo de productos, asistencia a la industria para acceder a mercados externos”, indicaron desde el INTI a LA NACION.
En la previa a la publicación en el Boletín Oficial, una versión preliminar de la resolución comenzó a circular. El documento desató el malestar de los gremios que nuclean a los trabajadores y se desplegaron movilizaciones en los alrededores del predio del INTI en Villa Martelli para protestar contra la medida.
“Se verificó que una gran cantidad de servicios desarrollados no tuvieron demanda efectiva, o poseen oferta privada. Dicha situación implica un uso subóptimo de los recursos estatales, en tanto y en cuanto se dedican recursos a ofrecer servicios que no son demandados o que son ofrecidos por empresas privadas que operan en condiciones de mercado”, dice el texto que luego se publicó de forma oficial.
En diálogo con LA NACION, empleados denuncian que desde la asunción del presidente Javier Milei la intención libertaria con este tipo de medidas es “desmantelar” el instituto para justificar futuros despidos y retiros voluntarios en medio de una política de gobierno alineada con la reducción del Estado: la “motosierra”. Dicen que la última resolución podría significar más de 700 despidos.
La explicación de Sturzenegger
Horas después de la publicación de la resolución, Sturzenegger defendió la medida al argumentar que no tenían suficiente demanda y que esos servicios los puede brindar el sector privado.
“Muchos de esos [servicios] se utilizaban muy poco. No revestían el carácter de servicios públicos, no tenían ninguna especificidad particular (por ejemplo, testear la durabilidad de una alfombra), sino que eran insumos industriales como cualquier otro. Sencillamente, no se entiende por qué en algún momento se decidió que los hiciera el Estado”, enumeró el ministro en su cuenta de X, aunque aclaró que este no era “el problema” de fondo.
Fue en ese marco que continuó: “El INTI ofrecía estos servicios a un precio muy bajo, lo cual quiere decir que era el contribuyente (como decimos comúnmente ‘el IVA a la polenta’) el que financiaba estos servicios. Era un subsidio a ciertas empresas financiadas por todos nosotros. No tenía épica, no tenía externalidades, era solo eso, el contribuyente pagando un insumo empresario”.
A modo de ejemplo, Sturzenegger aseguró que en el caso del control de expendio de los surtidores de combustibles, que las petroleras están obligadas a hacer periódicamente, “un 12% de la planta del instituto hacía ese test”.
“Consistía en ir con receptáculo, cargarlo en el surtidor y contrastar con lo que éste marcaba. Pero claro, ofrecer este servicio (no muy tecnológico que digamos) implicaba pagar viáticos, transporte, etc. Un costo enorme que era, en realidad un regalo para las grandes petroleras que hacían estas verificaciones a costa del contribuyente”, insistió.
Y resumió: “Era imposible que estos servicios se desarrollaran en el sector privado. Y ahí venía el problema. Porque el cliente quedaba atrapado en el INTI porque no tenía opción”.
Continuó, en tanto, con una anécdota: “El otro día cuando le explicamos a un empresario entrerriano que podría certificar su producto de manera privada, los ojos se le llenaron de lágrimas y celebró casi como Tim Robbins cuando logra escapar de la prisión de Shawshank”.
“La movida vuelve una actividad del sector privado al sector privado, permite el desarrollo de ese sector privado y libera a nuestro sector productivo de un tapón a la producción que nunca debiera haber tenido”, completó el ministro.
Recortes
Actualmente, el INTI cuenta con 2300 empleados y más de 250 reparticiones; en 2023 eran 3100 los trabajadores. El Gobierno cuestionó que el 20% de los departamentos del organismo “son puramente administrativos” y que ameritaban los recortes.
Es por esto que el año pasado la administración libertaria quiso sacarle el carácter de instituto para convertirlo en una dirección dentro de la Secretaría de Industria y Comercio. Implicaba la eliminación de su autonomía y autarquía financiera, además de la remoción de su carácter federal —el INTI posee oficinas a lo largo del país, las cuales serían eliminadas a menos que sean absorbidas por los gobiernos provinciales. Esto fue revertido por la Justicia.
El próximo martes 21 de abril a las 10 habrá una conferencia de prensa de trabajadores del INTI junto a personalidades del ámbito de la ciencia, la educación y representantes políticos y sindicales.
