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En el marco de una creciente preocupación por amenazas en establecimientos educativos, en el día de la fecha se llevaron a cabo dos procedimientos en la ciudad de Posadas.
Los operativos se realizaron en la Escuela de Comercio N° 6 y en un domicilio del barrio Villa Cabello, donde se procedió al secuestro de teléfonos celulares.
Los procedimientos fueron llevados a cabo por personal especializado de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) del Ministerio Público, en forma conjunta con efectivos de la Comisaría Primera y Séptima de la Policía de Misiones, en cumplimiento de la orden dispuesta por la Jueza Correccional y de Menores, Marcela Alejandra Leiva, con la intervención del fiscal especializado en ciberdelitos, Juan Pablo Espeche.
Los dispositivos incautados serán sometidos a peritajes informáticos, con el objetivo de avanzar en la investigación en curso.
Estas actuaciones se enmarcan en un contexto de reiteradas amenazas vinculadas a posibles ataques en instituciones educativas, muchas de ellas difundidas a través de redes sociales.
Desde el Ministerio Público se reiteró que este tipo de conductas no constituyen bromas ni desafíos virales, sino hechos que pueden configurar delitos penales. Incluso cuando se realizan de manera anónima, las amenazas dejan rastros digitales que permiten su identificación.
En ese sentido, se advirtió que estos mensajes generan alarma social, afectan la salud emocional de la comunidad educativa y movilizan recursos policiales y judiciales que deben destinarse a situaciones reales de emergencia.
Respecto del encuadre legal, se recordó que las amenazas pueden ser reprimidas con penas de hasta 3 años de prisión, mientras que la intimidación pública cuando se busca infundir temor generalizado puede alcanzar penas de hasta 6 años, e incluso superiores en casos agravados.
Finalmente, se destacó que, tratándose de menores de edad, además de la eventual responsabilidad penal, los padres o tutores podrían enfrentar acciones civiles por los daños ocasionados y los costos derivados de los operativos de seguridad.
Las autoridades reiteraron el llamado al uso responsable de redes sociales, subrayando que este tipo de conductas tiene consecuencias reales y es objeto de investigación por parte de la Justicia.
