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La Policía de la Ciudad buscaba desalojar este jueves en el barrio porteño de La Paternal un predio ocupado por más de 100 personas. El terreno, ubicado en la esquina de las calles San Blas y Andrés Lamas, posee cinco propiedades horizontales en donde viven varias familias. Al menos tres personas fueron detenidas por atentado y resistencia a la autoridades, según confirmaron a LA NACION fuentes cercanas al Gobierno porteño.
El conflicto comenzó en el año 1998, cuando la dueña dejó a cargo del inmueble a una mujer y, cuando regresó años después, se encontró con que más personas vivían en el lugar.
A partir de este momento, se dio una puja legal en la que los ocupantes ilegales acumularon una serie de denuncias y antecedentes, e incluso algunos están imputados y tienen sumarios. Uno de ellos, incluso, sería delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), según consignaron fuentes de Seguridad porteñas a LA NACION.
Quien lidera la toma es Diego Molina, el hombre que se sacó una foto con el pulgar hacia arriba en la cabecera del ataúd donde yacían los restos de Diego Armando Maradona. Fue condenado en 2021 por el delito de “profanación de cadáver humano” y mostrar imágenes íntimas.
A partir de 2009, la propiedad tuvo sentencia firme para desalojo de la Justicia. Los habitantes “no querían dejar cumplir la inspección de la Fiscal” que había autorizado la inspección por supuesto “peligro estructural de la propiedad”.
“Las personas adentro están incomunicadas, no nos dejan entrar. Es un procedimiento irregular: no hay notificaciones previas. Vienen por un pedido de inspección. Las familias tienen derecho a decir sí o no”, denunció una de las personas que se acercó al lugar en diálogo con LN+.
Otro añadió: “Los estafaron, hay familias que pagaban… Los estafaron porque era alguien que seguro había comprado esta propiedad. Hay una mamá que la compró a quien decía ser el dueño. ¿Les parece justo esto? Esto es todo mentira».
Desde detrás de las vallas de contención que colocaron los efectivos de la Policía porteña, los vecinos desalojados denunciaron que entre los habitantes del predio hay “gente discapacitada y niños”. “Hacemos lo que podemos, dicen que nos van a desalojar pero no nos mostraron una orden… Dijeron que nos van a dar $150.000, vamos a resistir hasta que nos muestren una orden», aseguró una mujer.
En los últimos meses, el gobierno porteño ya recuperó casi 600 propiedades en el marco de las medidas que impulsa para garantizar “el respeto de la propiedad privada” y “el orden público”.
“Cuando se usurpa, en el barrio se instala gente violenta. Los denuncian los propios vecinos: son sinvergüenzas que fomentan la extorsión y el robo”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.
Y agregó: “En la Ciudad no hay lugar para la tibieza ni para el verso garantista que protege a los que viven del delito”.
Desalojo en Chapadmalal
Más de medio año después de que fuera cedido a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el histórico complejo de hoteles de Chapadmalal será desalojado. Empleados y familiares que habitan el establecimiento que fue símbolo del turismo social fueron intimados a dejar las propiedades en los próximos diez días corridos. Sino, afrontarán el desalojo.
A mitad del año pasado el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, trasladó las Unidades Turísticas de Chapadmalal a la AABE, encargada de definir su destino final. La decisión fue tomada luego de que fracasara una prueba piloto para que el Turismo Social sea “autosuficiente”.
Scioli declaró la “innecesaridad” de las unidades e hizo hincapié en la emergencia pública en materia administrativa, económica y financiera para su traspaso a la Agencia.
El complejo no puede venderse porque se ubica en tierras expropiadas y declaradas patrimonio histórico cultural en 2013. La AABE es la única que posee la habilitación para su venta.
