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Redacción C6Digital / Jorge Kurrle
La presencia de Keila Zaya en Nueva York no fue un viaje más. Fue el resultado de un camino colectivo, tejido por líderes, lideresas, organizaciones territoriales y equipos de acompañamiento que desde hace años sostienen reclamos históricos de los pueblos originarios. En diálogo con C6Digital, junto a la abogada Roxana Rivas, la joven representante mbya compartió la experiencia de haber llevado al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU una problemática urgente: la situación de la comunidad Puente Quemado 2, en Misiones.
Rivas explicó que la participación fue posible a partir de una articulación con redes vinculadas a la Iglesia Católica que trabajan en territorio con comunidades indígenas, entre ellas ENDEPA, MIPA, la Red Eclesial del Gran Chaco y el Acuífero Guaraní, y organismos con presencia regional. El objetivo fue claro: visibilizar un conflicto que, según remarcó, ya no encuentra respuestas suficientes en las vías locales. “El foro es una buena forma de visibilizar y poner en manos de los representantes de los Estados esta situación”, señaló.
Puente Quemado, un caso que resume muchas deudas
El caso llevado ante la ONU fue el de Puente Quemado 2, una comunidad atravesada por múltiples reclamos: falta de acceso al agua potable, exposición a agroquímicos, contaminación de vertientes, pozos y arroyos, ausencia de servicios básicos y falta de regularización de los títulos de propiedad comunitaria. Keila explicó que no se trata de un problema aislado, sino de una realidad que se repite en distintas comunidades indígenas de Misiones.
“Elegimos justamente esta comunidad porque no solo sufre por los servicios, sino también por la falta de regularización de títulos”, expresó la joven. Y agregó que muchas comunidades tampoco tienen asegurada la educación intercultural bilingüe ni el acceso pleno a derechos básicos.
La preocupación central, dijo, está puesta en la vida cotidiana de las familias. “Nuestros niños están expuestos a agroquímicos, nuestros padres están expuestos a aguas contaminadas”, sostuvo Keila, al remarcar que el agua potable no puede ser considerada un privilegio, sino una condición elemental para vivir.
Una voz joven con raíz comunitaria
Keila Zaya tiene 18 años y pertenece a la comunidad Tekoa Arandu, de Pozo Azul. Aunque no es integrante de Puente Quemado, asumió la representación de ese caso como parte de una lucha más amplia. Contó que desde niña conoce estos reclamos por el acompañamiento de sus abuelos, abuelas, líderes y lideresas. También destacó el rol de la organización tradicional Tyny Chunu, que le permitió fortalecerse espiritualmente y capacitarse en temas jurídicos.
“Me tocó representar en esta instancia, pero muchos otros jóvenes también tienen esa posibilidad de representar a nivel nacional e internacional a nuestro pueblo”, dijo con humildad. Su mensaje no fue individual: habló desde una construcción colectiva, donde los mayores abren camino y los jóvenes empiezan a ocupar espacios de defensa, formación y palabra pública.
Uno de los momentos más fuertes de su testimonio fue cuando relató lo que significó compartir el foro con representantes indígenas de otros lugares del mundo. Lejos de verlo como una experiencia distante, Keila encontró allí una confirmación: los dolores se repiten, las luchas se parecen y la fuerza también se contagia.
“No es que me impresione, sino que admiro la fuerza de todos los indígenas a nivel global”, expresó. Y agregó una definición potente:
Compartir esos problemas y dolores también nos fortalece. Alzar la voz también nos da esperanza de seguir este camino para ser escuchados”.
Rivas: “Hay un retroceso normativo y político”
Roxana Rivas planteó que la situación de los pueblos indígenas siempre fue compleja, pero advirtió que en el último tiempo se agravó por cambios normativos y por un clima político que, según sostuvo, favorece el avance sobre los territorios. Mencionó especialmente la derogación de la emergencia territorial indígena y las dificultades que eso genera para comunidades que fueron relevadas por el INAI, pero que aún no cuentan con títulos de propiedad comunitaria.
La abogada explicó que muchas comunidades deben convivir con titulares dominiales que, en Misiones, en varios casos son grandes empresas o multinacionales. En ese contexto, sostuvo, los privados “se animan a ser más agresivos en sus incursiones”, mientras los gobiernos locales muchas veces exigen autorización de esos propietarios para llevar servicios básicos como el agua.
“Es necesario, una vez más, que el Estado provea ese servicio mínimo”, remarcó Rivas, al describir que en Puente Quemado y en otras comunidades se realizaron estudios sobre fuentes de agua que arrojaron contaminación. Para la abogada, el reclamo no es únicamente indígena: también es ambiental, territorial y colectivo.
Territorio, ambiente y una disputa que se profundiza
En la entrevista, Rivas también fue directa al hablar de un escenario de avance extractivo. Señaló que las luchas indígenas son, al mismo tiempo, luchas por la defensa de la naturaleza. “Son los principales defensores del ambiente”, afirmó, y remarcó que proteger a las comunidades implica también proteger los territorios, los cursos de agua y los ecosistemas que sostienen la vida.
La abogada advirtió además sobre discursos que buscan instalar la idea de que los pueblos indígenas son “extranjeros” y vinculó ese clima con intentos de modificación de leyes sensibles, como la ley de tierras, la ley del fuego y la ley de bosques. Para Rivas, no se trata de normas aisladas, sino de un entramado que puede abrir la puerta a mayores niveles de explotación sobre los territorios.
También puso la mirada sobre un punto institucional clave: la propiedad comunitaria indígena, incorporada en la Constitución Nacional en la reforma de 1994. Según planteó, ese reconocimiento hoy vuelve a estar bajo tensión y requiere acompañamiento social, jurídico y político.
El futuro: estudiar, volver y seguir acompañando
Keila, por su parte, no presentó su paso por la ONU como un punto de llegada, sino como parte de un camino que continúa. Dijo que quiere seguir aprendiendo, acompañando a su pueblo y, en algún momento, estudiar Derecho.
Uno de mis grandes sueños es estudiar Derecho, pero ahora todavía no me siento lista”, contó con sinceridad.
También habló de las dificultades que enfrentan los jóvenes indígenas para salir de sus comunidades, estudiar y adaptarse a espacios que muchas veces resultan ajenos. Aun así, destacó que cada vez hay más jóvenes formándose en distintos puntos, en universidades, tecnicaturas y carreras vinculadas al desarrollo de sus comunidades.
Hay jóvenes que estudian y son un ejemplo a seguir”, expresó Keila, dejando una idea que atraviesa toda la entrevista: la defensa del territorio también se sostiene con formación, identidad, memoria y futuro.
La voz que llegó a Nueva York nació en Misiones, pero habló por muchas comunidades. Habló del agua, de la tierra, de los niños expuestos a la contaminación, de los títulos que no llegan, de los derechos que se postergan y de una generación joven que ya no quiere esperar en silencio. Keila Zaya no fue sola a la ONU: llevó con ella una historia colectiva. Y volvió con una certeza: cuando un pueblo logra alzar la voz, también empieza a abrir camino.
