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Cinco asociaciones protectoras de animales exigen ser querellantes en la causa judicial que investiga la desaparición de 23 perros tras el fallecimiento de su dueña en la localidad de Guaraní, un caso que tiene al intendente local Miguel Ángel Vargas en el centro de la polémica. En ese contexto, el miércoles por la mañana, durante una protesta en reclamo de respuestas, quienes impulsan el pedido mantuvieron un cruce con el fiscal Estanislao Elías Bys.
El conflicto se desató luego de que la abogada de las denunciantes, Micaela Pereira, perdiera el acceso digital al expediente de la causa. Ante esa situación, las rescatistas se presentaron en la Fiscalía de Instrucción Uno de Oberá, cuyo titular es el fiscal Estanislao Bys, para solicitar la restitución del acceso de la letrada al expediente.
En el hall del edificio de la Fiscalía, Bys mantuvo un diálogo con las rescatistas y manifestantes que se acercaron para exigir respuestas, mientras uno de los presentes registraba la escena con su celular. “Fíjense lo que dice la ley”, expresó el funcionario ante los reclamos, a lo que una mujer preguntó: “¿Va a quedar en la nada esto?”. Bys respondió: “No, ¿cómo va a quedar en la nada? Estamos actuando, pedimos las medidas correspondientes”.
La situación se tornó tensa cuando las rescatistas reclamaron de manera simultánea la intervención del fiscal, exigieron “saber qué pasó” con los perros y sostuvieron que “ese tipo tiene que pagar”, en referencia al intendente Vargas, quien ordenó el traslado de los canes del domicilio de la vecina fallecida y, desde entonces, no se supo más de ellos.
“Por favor se calla”; “si usted no sabe de derecho, no se meta”; “yo no te voy a dar una clase de derecho”; “ustedes no respetan una decisión de la fiscalía”; “ustedes tienen una idea errada en la cabeza”; “Si ustedes no tienen acceso al expediente, es porque no existen todavía”; fueron algunas de las respuestas que brindó el funcionario ante el reclamo casi unísono de las manifestantes.
En ese mismo momento, el fiscal explicó que las denunciantes no reunían los requisitos para formar parte del proceso como querellantes y pidió paciencia, al señalar que ya se habían tomado las medidas correspondientes.
Luego disparó: “La Justicia no está para servirles a ustedes cuando a ustedes se les ocurre: ya”. Sus dichos generaron indignación entre quienes protestaban, según se observa en el video al que accedió La Voz de Misiones.
Reclamo
Patricia, una rescatista que participó del reclamo en la fiscalía, contó a La Voz de Misiones que “todo venía perfecto” hasta que la letrada Pereira fue desvinculada del expediente judicial.
“De repente, no podía ingresar más al expediente, la desvincularon”, enfatizó, y sostuvo que, aunque el juez de Instrucción Dos de Oberá, Horacio Alarcón, quien subroga el Juzgado Uno, donde se tramita la causa, se expidiera a favor de la fiscalía en cuanto a que las protectoras no formen parte del expediente como querellantes, “todavía hay pasos procesales a seguir, hay otras instancias judiciales por las que se puede optar”.
En cuanto a la situación ocurrida con el fiscal Bys, la rescatista señaló: “El fiscal salió de muy mala manera y, como quien va a darle un escarmiento a sus hijos, nos atendió con mala gana, no nos explicó nada. Lo único que supo hacer fue maltratarnos, agredirnos”.
Y continuó: “Tal vez él hizo bien su trabajo, tal vez es lo que correspondía, pero no es la manera de tratar a la gente que va a pedir explicaciones porque no sabe. Nos sentimos, otra vez más, burladas”.
La vecina de Guaraní expuso que, ante lo ocurrido, la sensación de quienes reclaman saber qué pasó con los 23 perros desaparecidos es que la “intención es tapar todo”, que la gente “se canse de reclamar” y que “dejen de ir a joder por unos perros”.
“Pero acá se está perdiendo de vista que no solamente se trata de los animales, que no es un hecho menor, sino que también está involucrado el representante del pueblo, que es el señor intendente”, cuestionó Patricia en conversación con este medio y cerró: “Necesitamos que la causa siga”.
Por su parte, la abogada Micaela Pereira, en representación de la Fundación Dante Piesco y de las asociaciones Angelitos con Cola, Huellitas del Monte, Protegiendo la Vida y Refugio El Campito, denunció que el Juzgado la desvinculó de manera arbitraria del sistema digital (SIGED), lo que, según dijo a LVM, dejó a las partes en estado de indefensión.
“No hay acceso al expediente: nos cortaron el acceso sin una notificación formal previa”, señaló, y advirtió que eso les impide conocer resoluciones y ejercer su derecho a apelar dentro de los plazos legales.
En ese contexto, Pereira indicó que presentó un escrito ante el mismo Juzgado para pedir la revinculación inmediata al sistema, la suspensión de los plazos procesales y la notificación formal de cualquier decisión, a fin de garantizar el derecho de defensa y el acceso a la Justicia.
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