//
Por existir legítima defensa, el Ministerio Público solicitó la desestimación de la denuncia contra efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), quienes fueron investigados a fin de esclarecer la muerte de dos niñas de 11 años, Lilian Mariana y su prima María del Carmen Aurora tras una incursión en la que se habrían enfrentado con integrantes del grupo denominado “Ejército del Pueblo Paraguayo” (EPP) en 2020. Ambas nacieron en Clorinda, provincia de Formosa. Hacia 2010-2011 se radicaron en la localidad de Puerto Rico, provincia de Misiones (Argentina). No conocían a sus padres, quienes como guerrilleros estaban en la clandestinidad y el motivo de la presencia de las menores en Paraguay fue poder estar con ellos.
La solicitud para desestimar denuncia
El requerimiento fue presentado hace casi un año y, hasta ahora, el Poder Judicial no lo pudo analizar, puesto que varios juzgados se declararon incompetentes para entender en la causa. Recientemente, el juez de Crimen Organizado, Osmar Legal, también se declaró incompetente y remitió el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a los efectos de definir cuál será el juzgado competente que estudiará el pedido de desestimación.
La solicitud fue presentada por el fiscal Giovanni Grissetti, quien concluyó que existió legítima defensa por parte de los uniformados, ya que, pese a una advertencia sobre la presencia de la FTC, hubo disparos por parte de personas vestidas con uniforme de tipo militar, ante lo cual los agentes reaccionaron con disparos y resultaron fallecidas las dos menores de edad, una de ellas hija del fallecido líder del grupo, Osvaldo Villalba Ayala.
La Fiscalía realizó diversos actos investigativos para esclarecer los hechos, como tomas de declaraciones testificales, pedidos de informes, pericias, autopsias, etc., que formaron parte del cúmulo de diligencias investigativas practicadas en el marco de la investigación y que, finalmente, arrojaron la existencia de una legítima defensa en el actuar de los agentes.
Grisetti aseveró que, si bien la conducta es típica por parte de agentes de la FTC, quienes reaccionaron frente a quienes iniciaron los disparos, existe una causa de justificación que excluye la antijuridicidad.
El 2 de setiembre de 2020, el Gobierno de turno presentó a las dos menores como abatidas en el distrito de Yby Yaú, departamento de San Pedro. Tras esto, la hermana de Alcides Oviedo, uno de los líderes del EPP, aseguró que las adolescentes fueron ejecutadas y vestidas con ropas camufladas por miembros de la FTC. (megacadena.com.py)
