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La Marcha Universitaria volvió a poner en el centro de la escena política nacional el reclamo por el financiamiento de la educación superior. Con una convocatoria masiva en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en distintos puntos del país, la movilización reunió no sólo a estudiantes y autoridades académicas, sino también a docentes, no docentes, familias y ciudadanos que acompañaron la defensa de la universidad pública.
En ese marco, el diputado nacional y exgobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, destacó la magnitud de la convocatoria y sostuvo que la marcha expresó “una de las cuestiones más importantes que hoy discute el pueblo argentino”: el futuro de la educación universitaria. Según remarcó, no se trató de una protesta sectorial, sino de una manifestación amplia, respetuosa y con fuerte respaldo social.
“En la movilización se podía ver a los abuelos, los estudiantes, los papás, los hijos”, señaló Herrera Ahuad, al describir una postal que excedió a la comunidad educativa y que volvió a mostrar a la universidad pública como un valor transversal en la sociedad argentina.
El legislador misionero fue contundente al explicar el eje del reclamo: “No se pide nada más ni nada menos que se cumpla la ley”. En esa línea, recordó que la norma vinculada al financiamiento universitario fue votada y sancionada por el Congreso Nacional, insistida frente al veto presidencial, y que ahora lo que corresponde es su aplicación efectiva.
Herrera Ahuad también rechazó la posibilidad de que el Gobierno nacional intente abrir una nueva discusión legislativa para modificar hacia atrás el esquema presupuestario de las universidades. “No se trata de presentar otro tipo de ley, sino de cumplir con la que ya está sancionada e insistida”, remarcó.
El planteo apunta directamente al corazón del conflicto: para el exmandatario provincial, el debate no pasa por crear una nueva norma, sino por respetar los resortes constitucionales y la institucionalidad democrática. En ese sentido, advirtió que sería “muy difícil e irresponsable” poner sobre la mesa otra ley cuando ya existe una decisión del Congreso.
La marcha dejó así una señal política clara: la universidad pública volvió a convocar a una parte importante de la sociedad argentina y el reclamo ya no se limita a una discusión presupuestaria. Para Herrera Ahuad, el punto central es institucional: que el Gobierno nacional cumpla con una ley vigente y garantice el funcionamiento del sistema educativo superior.
