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CÓRDOBA.– Los “naranjitas”, como se denomina popularmente en la capital provincial a los cuidacoches por el chaleco que usan, son parte de una polémica recurrente por lo que cobran, las situaciones de tensión que protagonizan y, en algunos casos, su vinculación con hechos delictivos. En ese contexto, el Gobierno provincial endureció el Código de Convivencia Ciudadana y el municipio capitalino avanzó en una reorganización integral del sistema de estacionamiento.
En ese marco, la Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba (UTN) decidió involucrarse de manera directa en la problemática e instrumentó un programa piloto de capacitación e inserción laboral destinado inicialmente a trabajadores limpiavidrios, aunque pensado como un modelo escalable. La iniciativa se desarrolla en conjunto con la Municipalidad de Córdoba, FUO Formación en Oficios y la empresa Kazaró Soluciones Integrales de Limpieza, y apunta a poder replicarse luego con otros trabajadores informales.
El proyecto busca ir más allá de la simple oferta de cursos de capacitación. El objetivo es construir un esquema de reconversión laboral real para personas atravesadas por trayectorias de exclusión, precariedad y dificultades de acceso al mercado formal de trabajo.
“La universidad pública no puede mirar los problemas sociales desde la tribuna. Tiene que involucrarse, aportar soluciones y generar oportunidades concretas para quienes necesitan reconstruir un proyecto laboral y de vida”, planteó el decano de la UTN Regional Córdoba, Federico Olivo Aneiros, al presentar el programa.
La discusión en torno a los limpiavidrios atraviesa a distintas ciudades del país. Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Mar del Plata y otras localidades avanzaron en modelos diversos de regulación, prohibiciones o sistemas de registro. En Córdoba, el debate se intensificó en los últimos meses y derivó en cambios en las normas que regulan la actividad. Incluso desde el Arzobispado se advirtió sobre el riesgo de “criminalizar la pobreza”.
El proyecto de la UTN contempla formación en mantenimiento de espacios verdes y jardinería, organizada en distintas etapas: nivelación, recuperación de hábitos laborales, capacitación técnica y prácticas en entornos reales de trabajo. El eje de fondo, sin embargo, es la reconstrucción de condiciones básicas de empleabilidad.
Puntualidad, trabajo en equipo, comunicación, presentación personal y seguridad laboral forman parte de un esquema pedagógico diseñado específicamente para personas que, en muchos casos, llevan años fuera de cualquier estructura de empleo formal.
“El gran valor de esta propuesta no radica únicamente en enseñar jardinería, sino en construir hábitos básicos de empleabilidad que muchas veces la exclusión y la calle terminan deteriorando”, señala el documento técnico del programa.
La participación de la empresa Kazaró responde a que asumirá un rol activo en la incorporación de personas formadas dentro del programa, con el objetivo de transformar la capacitación en un puente concreto hacia empleos registrados.
Nueva normativa
La Legislatura unicameral de Córdoba aprobó a comienzos de abril la ley 11.117, que modifica el Código de Convivencia Ciudadana y endurece las sanciones vinculadas al cobro ilegal de estacionamiento y a la limpieza de vidrios en la vía pública. La norma establece multas, trabajo comunitario y arresto para quienes exijan pagos sin autorización por el cuidado de vehículos. También incorpora agravantes cuando estas conductas se desarrollan en grupo, en eventos masivos o en zonas sensibles como hospitales y escuelas.
Además, sanciona de manera específica la actividad de limpiavidrios en semáforos e incorpora nuevas figuras contravencionales vinculadas a reuniones vehiculares no autorizadas. La reforma ratifica que las disposiciones del Código de Convivencia serán aplicables tanto a infracciones previstas en leyes provinciales como en ordenanzas municipales, ampliando el alcance del sistema de control.
La misma ley incorpora un aspecto que aparece como complemento del endurecimiento normativo: el Ejecutivo provincial anunció que acompañará estas medidas con programas de capacitación e inclusión laboral para personas en situación de vulnerabilidad. Es, precisamente, en ese punto donde encaja la experiencia impulsada por la UTN.
En paralelo, el Concejo Deliberante de Córdoba sancionó una nueva ordenanza para reorganizar el sistema de cuidacoches en la capital. La norma transforma a los “naranjitas” en “constatadores”, integrados a cooperativas habilitadas por el municipio. Los trabajadores pasan a utilizar uniforme e identificación visible y el cobro deja de ser informal para realizarse mediante un sistema electrónico y códigos QR vinculados al estacionamiento medido. También se establecen requisitos como no poseer antecedentes penales y acreditar domicilio en la ciudad.
El intendente Daniel Passerini defendió la iniciativa y señaló que el objetivo no es perseguir a quienes trabajan en la calle, sino reorganizar la actividad bajo reglas formales. “Lejos de criminalizar a una persona que quiere trabajar, le estamos adecuando el rol para que tenga una función de control del estacionamiento medido”, afirmó.
Desde la oposición, la concejala Graciela Villata acompañó la regulación, aunque reclamó mayores controles municipales para evitar la continuidad de cuidacoches no registrados y situaciones de cobros compulsivos. El debate trascendió la dimensión estrictamente normativa y derivó en una discusión más amplia sobre pobreza, exclusión y economía popular.
En ese contexto, el cardenal Ángel Rossi recibió en la Catedral de Córdoba a grupos de cuidacoches. Durante el encuentro, el religioso retomó el mensaje del papa Francisco sobre la necesidad de no criminalizar la pobreza y advirtió sobre los riesgos de responder únicamente desde la sanción frente a problemáticas atravesadas por la exclusión, las adicciones y la falta de oportunidades laborales.
“Si retrocede la economía popular, avanza la economía criminal”, sostuvo el arzobispo, en línea con la postura que la Iglesia viene expresando desde hace años sobre los sectores más vulnerables. En medio de ese debate, la experiencia impulsada por la UTN intenta construir una tercera vía: combinar regulación estatal, control y alternativas concretas de inclusión laboral.
