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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó la HB 905, conocida como Foreign Interference Restriction and Enforcement Act (FIRE Act), una legislación que establece restricciones concretas sobre negocios, contratos familiares y acuerdos institucionales vinculados con siete países clasificados como “de preocupación” —entre ellos Cuba y Venezuela—, con vigencia a partir del 1 de julio de 2026. La firma se realizó en el Museo y Biblioteca de Bahía de Cochinos, en La Pequeña Habana de Miami, un escenario elegido por su peso histórico para el exilio cubano.
Vínculos familiares o de negocios con Cuba o Venezuela
La ley afecta áreas que van mucho más allá de lo político. A partir de julio, los gobiernos locales y recaudadores de impuestos de Florida quedarán autorizados a revocar o rechazar la renovación de licencias comerciales cuando una empresa mantenga operaciones con Cuba en violación de la legislación federal estadounidense.
Esa autorización implica que negocios con cualquier vínculo con la isla —desde remesas canalizadas como servicios hasta acuerdos de distribución— podrán quedar bajo revisión activa por parte de autoridades locales.
La ley también prohíbe contratos de gestación subrogada y adopciones preplanificadas cuando alguna de las partes sea ciudadana o residente de un país incluido en la lista. El texto establece que cualquier contrato firmado en violación de esas disposiciones será “nulo e inaplicable” bajo la política pública del Estado. Esa restricción alcanza tanto a padres intencionales como a madres gestantes.
Qué implica la FIRE Act para venezolanos y cubanos que trabajan en el sector público de Florida
Los funcionarios públicos, empleados estatales, abogados de gobiernos locales y candidatos a cargos electivos tendrán prohibido aceptar regalos, préstamos, beneficios o promesas laborales provenientes de representantes de las siete naciones incluidas en la lista: Cuba, Venezuela, China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Siria.
La Comisión de Ética de Florida deberá actualizar antes del 1 de noviembre de 2026 los programas obligatorios de capacitación para incorporar contenidos sobre estrategias de influencia extranjera, incluidas tácticas atribuidas al Partido Comunista Chino.
Florida alberga la mayor concentración de cubanos y venezolanos con residencia permanente del país. Según estadísticas del USCIS actualizadas a 2024, unos 429.000 cubanos con green card residen en el estado —de los cuales casi 398.000 serían elegibles para solicitar ciudadanía—, mientras que los venezolanos con residencia permanente en Florida superan los 82.000. Esos números no incluyen a quienes tienen estatus de protección temporal u otras formas de alivio migratorio.
Cómo afecta la FIRE Act a universidades y acuerdos educativos en Florida
En el plano académico, la norma ordena la disolución del Instituto Florida-China y prohíbe nuevos acuerdos de cooperación con entidades de los países incluidos en la lista.
Las agencias estatales y subdivisiones políticas no podrán participar en programas que permitan influencia extranjera sobre contenidos educativos, contrataciones o políticas institucionales.
Los acuerdos existentes que limiten la libertad contractual de entidades públicas o promuevan agendas consideradas contrarias a la seguridad nacional deberán terminarse también el 1 de julio, según el texto aprobado por la Legislatura estatal.
Las sanciones previstas combinan multas civiles, pérdida de licencias y agravantes penales para delitos cometidos en beneficio de gobiernos extranjeros u organizaciones terroristas. Quienes presenten declaraciones juradas falsas sobre vínculos con Cuba podrían enfrentar cargos por perjurio, considerado delito grave de tercer grado bajo la legislación floridana.
La promulgación de la FIRE Act se enmarca en una semana de presión coordinada contra el régimen cubano: el 1 de mayo, el gobierno de Donald Trump firmó una orden ejecutiva bloqueando activos de individuos vinculados a sectores estratégicos de Cuba, y días después el secretario de Estado Marco Rubio anunció sanciones específicas contra GAESA, el conglomerado militar que controla cerca del 40% de la economía de la isla. La nueva legislación de Florida quedará vigente en paralelo a esas medidas federales desde el primer día de julio.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
