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La Cámara de Diputados acaba de aprobar el proyecto de “ley hojarasca” enviado por el Poder Ejecutivo, destinado a eliminar normas obsoletas, inútiles, redundantes o absurdas acumuladas a lo largo de décadas. Como se señaló desde estas páginas, la iniciativa es saludable. La Argentina efectivamente produce legislación con una generosidad tropical y rara vez revisa seriamente lo que ha producido. Cada gobierno agrega nuevas normas; casi ninguno elimina las viejas. El resultado suele parecerse a una arqueología jurídica de capas superpuestas donde sobreviven regulaciones inútiles, organismos fantasmas y disposiciones que nadie recuerda ya para qué fueron creadas.
Pero en la Cámara de Diputados ocurrió algo profundamente argentino. Entre las normas que se pretendía derogar apareció una ley particularmente reveladora. Una pequeña joya del privilegio antirrepublicano. Un fósil jurídico que cualquier persona sensata habría supuesto destinado inmediatamente al museo de las extravagancias institucionales. No obstante, la Cámara baja decidió conservarla cuidadosamente. Toca ahora al Senado acompañar esa lamentable decisión o, en un rapto de sano, oportuno y conveniente republicanismo, dar de baja una norma aberrante.
Esta ley, sancionada en junio de 1975, había dispuesto textualmente que “los senadores y diputados de la Nación y los secretarios y prosecretarios de ambas cámaras del Congreso de la Nación, tendrán derecho al uso de una credencial personal e intransferible que los habilitará para la libre circulación y el libre estacionamiento de los automotores que utilicen en todo el territorio de la República”. La frase posee una obscenidad antirrepublicana casi perfecta.
No estamos hablando aquí de inmunidades parlamentarias destinadas a proteger la libertad de expresión legislativa, ni de garantías institucionales vinculadas a la división de poderes o de mecanismos para evitar persecuciones políticas. Estamos hablando de estacionamiento, de libre circulación automovilística, de evitar multas y restricciones que sí rigen para el resto de los ciudadanos. Y, además, “en todo el territorio de la República”.
La ley parece redactada por una monarquía menor del siglo XVIII que otorga una especie de salvoconducto nobiliario a la aristocracia vial argentina.
Lo verdaderamente notable no es siquiera la existencia original del privilegio. La Argentina ha producido durante décadas incontables anomalías corporativas. Lo verdaderamente revelador es otra cosa: cuando llegó el momento de eliminar normas inútiles, los legisladores decidieron que justamente esta sobreviva. La “hojarasca” siempre parece ser la del otro. Nunca la propia. Y aquí aparece un fenómeno mucho más profundo que una simple cuestión de tránsito.
Las repúblicas no se degradan únicamente mediante grandes escándalos de corrupción como los que tenemos, golpes institucionales como los que supimos tener o catástrofes económicas monumentales en las que nos hemos especializado. También se erosionan lentamente cuando sus élites comienzan a considerarse exentas de las pequeñas incomodidades ordinarias de la vida común.
Compartir embotellamientos, multas, restricciones, estacionamiento, grúas y molestias urbanas forma parte de la igualdad democrática. Ningún diputado necesita estacionar gratis para legislar correctamente.
Los grandes privilegios suelen esconderse detrás de sofisticadas teorías jurídicas o constitucionales. Los pequeños privilegios, en cambio, sinceran crudamente la mentalidad de casta.
El razonamiento implícito parece ser el siguiente: “las leyes deben simplificarles la vida a los ciudadanos; pero a nosotros un poco más”. Y eso confirma inevitablemente otra insoportable distancia moral entre dirigentes y sociedad. Mientras cualquier ciudadano argentino paga estacionamiento, recibe multas, pierde tiempo buscando dónde dejar el auto, soporta restricciones o discute con una grúa, los representantes del pueblo poseen una credencial cuasi aristocrática que los libera de esas incomodidades. Simplemente porque pertenecen a una categoría superior.
La escena resulta todavía más incómoda cuando se recuerda el clima general de austeridad discursiva que domina actualmente la política argentina. Se nos habla constantemente de sacrificios, esfuerzo, eficiencia, modernización, racionalización del gasto y de igualdad ante la ley. Todo muy razonable, Excepto, aparentemente, para el estacionamiento parlamentario.
Hay algo involuntariamente cómico en todo esto: la Cámara de Diputados elimina solemnemente normas inútiles mientras preserva cuidadosamente el derecho corporativo de sus miembros, supuestos servidores públicos, a estacionar gratis en cualquier lugar del país.
Discépolo probablemente habría considerado el episodio demasiado exagerado para resultar verosímil.
Pero quizá lo más preocupante sea otra cosa. Las democracias modernas no suelen morir solo por grandes tragedias institucionales. A veces comienzan a deteriorarse cuando sus dirigentes dejan gradualmente de sentirse ciudadanos comunes. Y una dirigencia patética que no es capaz de renunciar ni siquiera a sus privilegios de estacionamiento difícilmente logrará convencer a la sociedad de la necesidad de sacrificios colectivos.
Sería saludable que el Senado decidiera demostrar al pueblo de la Nación que la llamada “ley hojarasca” no fue concebida simplemente para eliminar privilegios ajenos preservando los propios.
La Cámara alta tiene ahora la oportunidad de evitar que la “ley hojarasca” termine convertida en una extraordinaria metáfora de la cultura política argentina: reformar todo, salvo a uno mismo. Esperemos que se ponga a la altura de las circunstancias y deje de lado la triste mezquindad acomodaticia de la mayoría de los diputados.
